Ali Guillen Silva
Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ali Guillen Silva
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de garantías promovida por -, previamente registrada bajo el juicio de amparo VII-352/2019-2, del índice de este Juzgado Federal; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
. CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en esta ciudad, señalando como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable antes mencionada, se reclama: A) La resolución que confirmó el auto de formal prisión, dictada el día 4 cuatro de marzo de 2019 dos mil diecinueve, dentro del toca penal número I-4/2019, que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de dicho auto dictado por el juez primero de primera instancia del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del proceso penal número 61/2017, instruido por los delitos de lesiones calificadas, en cuanto coautor, en agravio de -" Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado por el impetrante de garantías, se hace consistir en la resolución de cuatro de marzo del dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en esta ciudad, dentro del toca penal I-4/2019, en la que confirmó el auto de formal prisión, instruida al aquí quejoso dentro del proceso penal 61/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual dicho quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "El Bordonal", con sede en aquel Distrito Judicial, lo que evidentemente lleva implícita una ejecución material, la cual se materializara en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. De tal forma, que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por -, al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Resulta aplicable al caso particular, la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." La diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 en la página 2183, que refiere: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Aunado a lo anterior, se considera que entre los efectos de la misma se encuentra el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia. Es aplicable por las razones que contiene la Jurisprudencia 1a./J. 147/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIII, Enero de 2006 en la página 174, que cita: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Así se considera tomando como base lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en el sentido de que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "El Bordonal", con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán además de que el proceso penal I-61/2017, que se le instruye al aquí quejoso se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde se llevará a cabo esa ejecución material, y no queda duda para el suscrito el lugar que en su caso se pretende o se ejecutará el acto reclamado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal carece de competencia para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en - y para tal efecto a las personas señaladas; sin que haya lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a - virtud a que no se encontró su cédula en el Registro de Cédulas Profesionales que se lleva en este Juzgado. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.";. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en esta ciudad, señalando como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable antes mencionada, se reclama: A) La resolución que confirmó el auto de formal prisión, dictada el día 4 cuatro de marzo de 2019 dos mil diecinueve, dentro del toca penal número I-4/2019, que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de dicho auto dictado por el juez primero de primera instancia del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del proceso penal número 61/2017, instruido por los delitos de lesiones calificadas, en cuanto coautor, en agravio de -" Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado por el impetrante de garantías, se hace consistir en la resolución de cuatro de marzo del dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en esta ciudad, dentro del toca penal I-4/2019, en la que confirmó el auto de formal prisión, instruida al aquí quejoso dentro del proceso penal 61/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual dicho quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "El Bordonal", con sede en aquel Distrito Judicial, lo que evidentemente lleva implícita una ejecución material, la cual se materializara en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. De tal forma, que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por -, al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Resulta aplicable al caso particular, la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." La diversa emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 en la página 2183, que refiere: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Aunado a lo anterior, se considera que entre los efectos de la misma se encuentra el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia. Es aplicable por las razones que contiene la Jurisprudencia 1a./J. 147/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIII, Enero de 2006 en la página 174, que cita: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Así se considera tomando como base lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en el sentido de que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "El Bordonal", con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán además de que el proceso penal I-61/2017, que se le instruye al aquí quejoso se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde se llevará a cabo esa ejecución material, y no queda duda para el suscrito el lugar que en su caso se pretende o se ejecutará el acto reclamado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal carece de competencia para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en - y para tal efecto a las personas señaladas; sin que haya lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a - virtud a que no se encontró su cédula en el Registro de Cédulas Profesionales que se lleva en este Juzgado. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.
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