Ali Burak Aliskan
Expediente 882/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- Ali Burak Aliskan
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 882/2023-B El ocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el once de agosto de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida en favor Ali Burak Aliskan, Yunus Duran, Selda Akbas, Bercan Kaya y Abdulatif Sharopov, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio de los agraviados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 21, 22 y 33 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 882/2023-B. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: ( Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice son objeto los directamente agraviados Ali Burak Aliskan, Yunus Duran, Selda Akbas, Bercan Kaya y Abdulatif Sharopov, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con el acto consistente en la privación de la libertad o detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Ali Burak Aliskan, Yunus Duran, Selda Akbas, Bercan Kaya y Abdulatif Sharopov, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. Si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, los quejosos quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fue presentado, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si las autoridades migratorias determinan sujetarlos a un procedimiento administrativo migratorio deberán ponerlos en libertad para su continuación, para lo cual deben otorgarles los permisos de estancia correspondientes; asimismo, tienen la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación, retorno asistido a su país de origen o traslado a otra estación migratoria, se toman las medidas siguientes: ( Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentran los quejosos. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables locales, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de demanda Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a los directamente quejosos para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de los referidos agraviados en el domicilio de las autoridades responsables.
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