Alfredo Zepeda Medina

Expediente 483/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
483/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Zepeda Medina

Actuaciones

  1. Principal

    En diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintiséis de julio al uno de agosto del dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada electrónicamente el veinticinco de julio pasado, sin que lo haya hecho. Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20 primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En diecinueve de julio de dos mil veintitrés, Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que Gerardo Martínez Camacho, cuenta con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho, no así Viridiana Mercado Gutiérrez, Óscar Reyes Valdés, Tania Jovén Solís y América Marmolejo Estrada. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo y anexos, recibida vía electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada con el número de folio 9161. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Valente Álvarez Reyes, en representación de Alfredo Zepeda Medina, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, y otras autoridades. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número ********************. DESECHAMIENTO. A fin de acordar lo conducente con la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 77, del tomo 68, agosto de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". A partir de lo anterior, este Juez Federal advierte, de oficio, que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó extemporáneamente. En efecto, dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quién teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En relación con lo anterior, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días". En lo que interesa, el dispositivo prevé que cuando se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de treinta días. La porción normativa transcrita ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que el plazo para la impugnación de normas de la naturaleza aludida debe entenderse en días hábiles e inicia desde las cero horas del mismo día en que entra en vigor, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezará a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día. Es de invocarse, la jurisprudencia 26/98, de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, del tomo VII, mayo de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196391, que indica: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación". Establecido lo anterior, se retoma que la parte quejosa reclama, como norma general autoaplicativa, el Decreto publicado, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, por el cual se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, en particular los artículos 20, fracciones XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298. De acuerdo con el artículo Primero transitorio del aludido Decreto, éste entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación; es decir, el tres de junio del año en curso. En ese sentido, el cómputo del plazo de treinta días hábiles para impugnar la norma general autoaplicativa precisada, inició el cinco de junio de este año, al ser el día hábil siguiente al en que entró en vigor dicha norma, y feneció el catorce de julio del presente año, sin computar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, ni los días uno, dos, ocho y nueve de julio, al ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles, de acuerdo al arábigo 19 de la ley de la materia. Lo anterior, se ilustra en la tabla siguiente: Junio 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 Fecha de publicación de la norma reclamada. 3 Inicio de la vigencia de la norma. 4 5 Inicio del plazo para presentar la demanda de amparo. -día 1- 6 -día 2- 7 -día 3- 8 -día 4- 9 -día 5- 10 11 12 -día 6- 13 -día 7- 14 -día 8- 15 -día 9- 16 -día 10- 17 18 19 -día 11- 20 -día 12- 21 -día 13- 22 -día 14- 23 -día 15- 24 25 26 -día 16- 27 -día 17- 28 -día 18- 29 -día 19- 30 -día 20- Julio 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 -día 21- 4 -día 22- 5 -día 23- 6 -día 24- 7 -día 25- 8 9 10 -día 26- 11 -día 27- 12 -día 28- 13 -día 29- 14 -día 30- Último día para presentar la demanda . 15 16 17 Día en que fue presentada la demanda de amparo. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, es inconcuso que se promovió de manera extemporánea. Máxime que el asunto no se encuentra en alguno de los de excepción a los que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los que es posible presentar la demanda en cualquier tiempo. En esa virtud, la actualización de la causal de improcedencia advertida, es manifiesta e indudable, ya que basta con la lectura de la demanda de amparo para identificar el tipo de acto reclamado (norma general autoaplicativa) y, de esta forma advertir, de manera patente y absoluta, que no se promovió dentro del plazo legal para tal efecto, por lo que se tiene la certeza y plena convicción de que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En esas condiciones, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia advertida, procede desechar de plano el libelo constitucional. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte amparista, se le tiene designando como autorizado en términos amplios a Gerardo Martínez Camacho, en virtud de que, como se desprende de la certificación de cuenta, tiene cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciada en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Viridiana Mercado Gutiérrez, Óscar Reyes Valdés, Tania Joven Solís y América Marmolejo Estrada, por no colmar dicho extremo. USUARIO. Asimismo, como lo pide la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario VALENTEALVAREZ, a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con fundamento en los artículos aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

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