Alfredo Yovani Contreras Parra

Expediente 1206/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1206/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Yovani Contreras Parra
  • Director del Departamento de Funcionamiento de Negocios del Municipio de Tepic, Nayarit.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 21, inciso c), se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada; debiéndose conservar en las instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 trascurrido seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zaraí Canché Chan, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa con usuario "claudiadespacho" y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con trece minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 1206/2020-XIII, promovido por Alfredo Yovani Contreras Parra, por derecho propio. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Ángel Daniel Ávila Saldaña, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda (fojas 03 a 15); auto admisorio de once de diciembre de dos mil veinte (fojas 16 a 20); constancias de notificación de las partes, informes justificados y razones actuariales. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, el cual será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Se declara abierta la etapa probatoria. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda copias simples de, al parecer, recibos expedidos por la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Tepic, que amparan, 401916, 469814, 469813, 469954, 469953, 402486, 461833; y las autoridades responsables, al momento de rendir su informe justificado, acompañaron copia de constancia de nombramiento que consideraron necesarias acompañar a su informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales de mérito y por perdido ese derecho a las demás partes. Sin que haya diligencia pendiente por desahogar. Se cierra el período de pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra el periodo de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente interlocutoria. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 1206/2020-XIII, promovido por Alfredo Yovani Contreras Parra, por derecho propio; y, A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de clausura del establecimiento mercantil denominado ?????? "Tacos Normis", ubicado en calle Avenida Castilla entre esquina Avenida Alicate en el Fraccionamiento Castilla de Tepic, Nayarit, lo cual aconteció el siete de diciembre de dos mil veinte. Lo que constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Nueve de diciembre de dos mil veinte (fojas 03 a 15). Admisión sin incidente de suspensión: Once de diciembre de dos mil veinte (fojas 16 a 20). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Quince de diciembre de dos mil veinte (foja 26), quien no formuló pedimento. CONSIDERANDO. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos Generales 3/20131 y 3/20202, ambos del Pleno del Consejo de 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Referente a la transformación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado es de naturaleza civil y se atribuye a una autoridad que tiene su sede dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia de este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por los dispositivos legales y acuerdos de previa mención. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La orden de clausura del establecimiento mercantil denominado "Tacos Normis", ubicado en calle Avenida Castilla entre esquina Avenida Alicate en el Fraccionamiento Castilla de Tepic, Nayarit. Número de orden Autoridad Responsable Acto Reclamad o Certeza Foja 1DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. EL CITADO ACEPTA 34 a 38 2INSPECTORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. EL CITADO ACEPTA 34 a 38 En el entendido que la fijación del acto destacado no significa modificación alguna de la litis constitucional, ya que sólo se clarifica lo que efectivamente impugna la parte quejosa, para lo cual se atiende a la demanda de amparo en su integridad y a residencia en el Rincón, municipio de Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, municipio de Tepic y Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa y sede. las constancias de autos.3 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director del Departamento de Funcionamiento de Negocios del Municipio de Tepic, así como a los Inspectores Adscritos al Departamento de Funcionamiento de Negocios del Municipio de Tepic, ambos residentes en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación aceptaron su existencia. CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que prevé en la parte conducente, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del recurrente, en los términos de la fracción I del artículo 5o., de la ley de la materia, disposición legal que establece literalmente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: 3 Por su contenido, se cita la jurisprudencia siguiente de la Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32, de rubro y texto "DEMANDA DE Juicio de Amparo Indirecto 1206/2020-XIII [6] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, la fracción I, del artículo 5o., de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales dispone: "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De este último texto legal, se advierte uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, esto es, el de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual también se encuentra contenido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, permite concluir que el juicio de control constitucional sólo puede iniciarse por aquella persona que resiente un menoscabo en sus derechos subjetivos, es decir, a quien directamente le está afectando el acto de autoridad que se reclama. Ello, concatenado con lo dispuesto en el primero de los numerales transcritos, evidencia que, a efecto de que resulte procedente el juicio de protección de derechos humanos, se ?????? requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo. Ahora bien, el interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. 4 Es importante mencionar que al acudir al juicio de amparo el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 4 Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J.168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la diversa VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte-1, julio- diciembre de 1990, página 364, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Sin embargo, al tratarse de un procedimiento relativo a una licencia de funcionamiento en el que el quejoso aduce ser titular de un derecho jurídicamente protegido, únicamente se puede alegar un interés jurídico. Así, de lo señalado hasta aquí, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: a) La titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo y ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Entonces, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de la materia toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia número 1ª/J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, que a la letra señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera ? ??????????????? concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número I 1°.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 60, diciembre de 1992, que al respecto señala: "INTERES JURIDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Atento a lo que antecede, se advierte lo siguiente: 1. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; 2. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; 3. No es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Luego, a fin sustentar la actualización de la causal de improcedencia, es preciso hacer mención que de las constancias que adjuntó la parte quejosa, consistentes en copias simples de, al parecer, recibos expedidos por la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Tepic, que amparan, cada uno, el pago??? ??????????????? Departamento de Funcionamientos de Negocios, con sede en esta ciudad, quien al momento de rendir su informe justificado refirió que era cierto el acto reclamado, consistente en la orden de clausura del establecimiento mercantil denominado "Tacos Normis". En ese sentido las documentales anteriores adquieren eficacia probatoria al ser adminiculadas entre sí, las cuales son valoradas conforme a lo dispuesto en el artículo 217, relacionado con los diversos numerales 129, 133, 136, 197, 202, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o.. En efecto, si bien el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador de conformidad con los numerales 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles,5 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., es decir, las copias de esa naturaleza -simples- que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio y sólo generan la simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen; sin embargo, en el caso las documentales que la parte quejosa exhibió a su escrito inicial de demanda al ser adminiculadas con el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Funcionamientos de 5 "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Negocios, con sede en esta ciudad, adquieren eficacia probatoria y son suficientes para justificar el hecho que se pretende demostrar; es decir, el acto que se tilda de inconstitucional (orden de clausura)6; adminiculación que se realizó con las copias simples que adjuntó la quejosa, en virtud de que la responsable no acompañó constancia alguna del acto reclamado. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en exhibir la licencia de funcionamiento municipal vigente, a que hace referencia el Reglamento para el ejercicio del comercio, funcionamiento de giros de prestación de servicios y exhibición de espectáculos públicos en el municipio de Tepic, en su artículo 4o., el cual dispone: "Para el funcionamiento de cualquier giro comercial o de prestación de servicios y para presentar cualquier espectáculo público dentro de esta municipalidad, se requiere tener licencia o permiso que expedirá el Ayuntamiento en los términos que indica este Reglamento". En ese tenor, las documentales aportadas en el juicio no son suficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, pues de las mismas no se advierte que el promovente tenga un derecho subjetivo sobre el establecimiento que fue clausurado denominado "Tacos Normis", ubicado en calle Avenida Castilla entre esquina Avenida Alicate en el Fraccionamiento Castilla de Tepic, Nayarit. Por tanto, a pesar de la existencia del acto reclamado en la especie, ello no lo torna inconstitucional de forma inmediata, sino que la parte quejosa debió satisfacer en principio los presupuestos procesales necesarios para que la acción de 6 Es aplicable al caso la jurisprudencia I.3o.C. J/37 sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1759, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil siete, Novena Época, del rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ? amparo resultara procedente, como es precisamente el interés jurídico que le asiste para instar esta vía; lo cual en su caso, hubiera demostrado con la licencia o permiso necesario por parte del ayuntamiento. Apoya lo anterior, lo anterior la jurisprudencia visible en el Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, página 45, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Administrativa, con registro digital 264896, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido." Por tanto, al no haberse acreditado el interés jurídico del quejoso Alfredo Yovani Contreras Parra, al promover la demanda de amparo por su propio derecho, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, y el precepto 5o., fracción I, todos de la ley de la materia. Por las razones asentadas, en la presente sentencia no se analizan los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la esta resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. 7 QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se emite la siguiente; RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Alfredo Yovani Contreras Parra, contra el acto y las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7 Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Séptima Época, con número de registro 394465 de rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."????????? ??????? Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Alfredo Yovani Contreras Parra, por medio del cual, nombra como su representada a Claudia Janeth Vargas Solano, sin revocar, nombramientos anteriores; asimismo, solicita se autorice la consulta del expediente electrónico adicional a la citada inicialmente, de igual manera, solicita sea revocada la facultad conferida al usuario cuenta "alicia1975". Atinente a lo anterior, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Claudia Janeth Vargas Solano, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada, ante los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se faculta su utilización, y toda vez que proporciona el nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico "claudiadespacho", por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico de ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f 07/08/21 15:33:50 SISE, para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Finalmente, se le tiene por revocando al usuario con cuenta "alicia1975". Notifíquese; y personalmente a la Analista Jurídico SISE. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

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