Alfredo Villanueva De la Cruz

Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
255/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Villanueva De la Cruz
  • Alfredo Villanueva De la Cruz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 7-A.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda promovida por Martha de la Cruz Morales y Lourdes Hernández López, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. 14/03/22 11:12:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.d8 Carlos Andrés Clemente FigueroaSe ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por los artículos 91 , y 21 inciso d) del referido documento normativo: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 212 , del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el artículo 22, del Acuerdo normativo. 3. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento.

  2. Principal

    MESA 7-A.- Vista la demanda de amparo que promueve Martha de la Cruz Morales y Lourdes Hernández López, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y del Director del Centro de Readaptación Social número Catorce "El Amate", en Cintalapa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 255/2021. DESECHAMIENTO Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece:...De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 1, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Analizada la demanda de amparo, esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que a la letra versan:..En esos preceptos legales, se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1º de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho (de conformidad con el artículo 108, fracción II de la citada ley), tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de internamiento y la solicitud de traslado de un familiar por consanguinidad (hijo) y por afinidad (cónyuge) de las quejosas, quien se encuentra en reclusión, les resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los arábigos 116 a 119 concernientes a las controversias ante el Juez de Ejecución; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta esa omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, las personas legitimadas para promover las peticiones administrativas, así como las controversias ante el juez de ejecución, también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, en el caso, cuestiones de hostigamiento por parte de otros internos, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad, o como en el caso, sus familiares, podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso concreto, la parte quejosa reclama sustancialmente de la autoridad penitenciaria la falta de protección, condiciones de vida digna y segura en el lugar en que se encuentra recluido el procesado Alfredo Villanueva de la Cruz, hijo y cónyuge respectivamente de las quejosas, por lo cual aducen haber solicitado al juzgado señalado como responsable su traslado voluntario a un diverso centro de reclusión más cercano a sus familiares. Por lo anterior, es inconcuso, que respecto a los primeros (falta de protección, condiciones de vida digna y segura en el lugar de reclusión) existe un procedimiento administrativo y respecto del otro acto en mención (traslado voluntario) un procedimiento de controversia ante el juez de ejecución, ambos previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos así como a sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, de conformidad con el artículo 108, fracción II del ordenamiento legal en cita, que establece:..Ello, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. De igual manera, la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se deduce que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento y traslados...Es decir, las personas privadas de su libertad, por sí o por conducto de sus familiares consanguíneos o por filiación, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran la falta de protección, condiciones de vida digna y segura en el lugar en que se encuentra recluido, así como al traslado voluntario, ya sea urgente o no urgente; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para inconformarse con tal determinación, o en el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, al resolver que respecto de las peticiones por casos urgentes, relacionadas con las condiciones de internamiento, el gobernado previamente a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante el juez correspondiente para solventar la afectación a su esfera jurídica de derechos...En ese orden, en la especie no se aprecia que la parte quejosa, haya agotado la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria, ni agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su pretensión. En esas condiciones, al no agotarse los medios de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se trata, actualizándose las causas de improcedencia transcritas; por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Martha de la Cruz Morales y Lourdes Hernández López, en su carácter de madre y cónyuge, respectivamente, de Alfredo Villanueva de la Cruz. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita...De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9511216248. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503 DOMICILIO Y AUTORIZADO. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto se indica en esta ciudad, y como autorizado únicamente para imponerse de los autos a Kevin Omar Mejía Martínez, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como correo electrónico y número telefónico para contacto y localización, los que señala para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente.

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 7-A.- Vista la demanda de amparo que promueve Martha de la Cruz Morales y Lourdes Hernández López, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y del Director del Centro de Readaptación Social número Catorce "El Amate", en Cintalapa, Chiapas. ANOTACIONES.- Se ordena formar el expediente correspondiente, Capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 255/2021. DESECHAMIENTO.- Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece:...De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Analizada la demanda de amparo, esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que a la letra versan:.. En esos preceptos legales, se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados.En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1º de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho (de conformidad con el artículo 108, fracción II de la citada ley), tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de internamiento y la solicitud de traslado de un familiar por consanguinidad (hijo) y por afinidad (cónyuge) de las quejosas, quien se encuentra en reclusión, les resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los arábigos 116 a 119 concernientes a las controversias ante el Juez de Ejecución; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta esa omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, las personas legitimadas para promover las peticiones administrativas, así como las controversias ante el juez de ejecución, también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, en el caso, cuestiones de hostigamiento por parte de otros internos, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad, o como en el caso, sus familiares, podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso concreto, la parte quejosa reclama sustancialmente de la autoridad penitenciaria la falta de protección, condiciones de vida digna y segura en el lugar en que se encuentra recluido el procesado Alfredo Villanueva de la Cruz, hijo y cónyuge respectivamente de las quejosas, por lo cual aducen haber solicitado al juzgado señalado como responsable su traslado voluntario a un diverso centro de reclusión más cercano a sus familiares. Por lo anterior, es inconcuso, que respecto a los primeros (falta de protección, condiciones de vida digna y segura en el lugar de reclusión) existe un procedimiento administrativo y respecto del otro acto en mención (traslado voluntario) un procedimiento de controversia ante el juez de ejecución, ambos previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos así como a sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, de conformidad con el artículo 108, fracción II del ordenamiento legal en cita, que establece:. .Ello, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. De igual manera, la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se deduce que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento y traslados...Es decir, las personas privadas de su libertad, por sí o por conducto de sus familiares consanguíneos o por filiación, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran la falta de protección, condiciones de vida digna y segura en el lugar en que se encuentra recluido, así como al traslado voluntario, ya sea urgente o no urgente; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para inconformarse con tal determinación, o en el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. En ese orden, en la especie no se aprecia que la parte quejosa, haya agotado la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria, ni agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su pretensión. En esas condiciones, al no agotarse los medios de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se trata, actualizándose las causas de improcedencia transcritas; por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Martha de la Cruz Morales y Lourdes Hernández López, en su carácter de madre y cónyuge, respectivamente, de Alfredo Villanueva de la Cruz. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita...De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente."""

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