Alfredo Vergara Toledo

Expediente 98/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
98/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
17/03/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Vergara Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso (fojas 47 a 52), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. (. . .) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo señalada, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, el oficio signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, y anexo; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló por auto de diecinueve de febrero del año en curso (foja 34), y al efecto remite copia certificada del oficio de libertad del aquí quejoso Alfredo Toledo Vergara, girado al Encargado de la guardia de la Policía Investigadora del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado ente la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado de Distrito, el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (fojas 1 a 3), María Asención González González, en representación de Alfredo Toledo Vergara, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Encargado, Jefe y/o Comandante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales "G.A.T.E". Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal, ciudad. Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La DESAPARICION FORZADA de ALFREDO TOLEDO VERGARA, aunado a su ilegal detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de su vida, así como amenazas, actos que en tracto sucesivo han realizado las diversas autoridades señaladas en la presente como responsables bajo las consideraciones y antecedentes de hecho que se narran en el apartado correspondiente." En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables (fojas 6 a 8). En esa tesitura, de la razón actuarial de diecisiete de febrero del año en curso (foja 12), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que el quejoso directo Alfredo Toledo Vergara, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de esa misma fecha (fojas 14 y 15), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, con sede en esta ciudad (foja 24), se desprende que el aquí quejoso, mediante parte informativo folio 0749, de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, fue puesto a disposición de la citada autoridad, por el delito de resistencia a particulares, y el diecisiete de febrero del presente año, fue puesto en libertad, tal como se advierte del oficio 365/2016, que remitió como anexo a su diverso oficio 375/2015 (foja 46). Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo en vigor, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de la copia certificada que adjuntó el Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, ordenó la libertad del aquí quejoso. En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la ilegal detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de su vida, así como amenazas, por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, la suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios a los quejosos, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye a los quejosos en la esfera jurídica de sus garantías, como si se les hubiera concedido el amparo. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, artículo 61, de dicha ley, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que obran en autos, destaca la siguiente (foja 46): OFICIO 365/2016 "ASUNTO: EL QUE SE INDICA C. ENCARGADO DE LA GUARDIA DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL ESTADO. EDIFICIO. Por medio del presente me permito solicitar a usted, la inmediata LIBERTAD de ALFREDO TOLEDO VERGARA, quien ha resuelto su situación jurídica por lo que hace al delito de RESISTENCIA DE PARTICULARES. Sin más por el momento le reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA; A 17 DE FEBRERO DE 2016 EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SGUNDO TURNO. LIC. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CARRANCO." Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En efecto, el quejoso reclamó la ilegal detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de su vida, así como amenazas, por parte de las autoridades responsables. Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que el quejoso obtuvo su libertad desde el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, el Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, restituyó al promovente en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis (fojas 14 y 15).

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Comandante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales "G.A.T.E.", con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, glósese a los autos, el pedimento de amparo número 61/2016, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparos adscrito a este Juzgado, a través del cual formula alegatos de su intención con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, sin perjuicio de hacer referencia de ellos en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia citada, expídase a su costa la copia simple que refiere en su pedimento, y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Región Norte I, con residencia en esta ciudad; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

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