Alfredo Ventura Cruz
Expediente 689/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alfredo Ventura Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, acusando recibo del oficio con el que se remitió el original del juicio de amparo en que se actúa, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos, mismo que admitió y registró como 324/2023. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente del Consejo de Honor del 96/o Batallón de Infantería, mediante el cual hace del conocimiento que de conformidad a la orden contenida mediante oficio número SA-A-0961 de cinco de septiembre del dos mil veintitrés, girado por la Dirección General de Sanidad, con fecha uno de septiembre del dos mil veintitrés la teniente cirujano dentista ********************, causa baja de esa Unidad y Alta en el 45/o Batallón de infantería (Campo Militar número 29-A "Gral. Div. Heriberto Jara Corona", Minatitlán Veracruz). Asimismo, se le tiene informando el correo electrónico y número telefónico de la teniente ********************. Circunstancia de la cual se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos******************** se advierte que con esta fecha se encuentra debidamente integrado recurso de revisión interpuesto en autos******************** como se ordenó en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia******************** remítase el original del juicio de amparo indirecto ******************** al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en esta ciudad******************** en turno******************** así como el original del escrito de revisión y copia del mismo para el traslado al Fiscal Federal de su adscripción******************** para la tramitación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de once de agosto del dos mil veintitrés******************** dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales siguientes el escrito de cuenta; en atención a su contenido, téngase al quejoso******************** interponiendo recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el once de agosto del dos mil veintitrés. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de once de agosto del dos mil veintitrés; por lo que con copia simple del escrito de interposición de revisión y expresión de agravios, córrase traslado a las partes. Oportunamente, una vez que el presente expediente se encuentre integrado y sean agregadas las constancias con las cuales se acredite la notificación a las partes de la interposición del recurso que se hace valer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Es aplicable al particular, la tesis 2ª./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XX, septiembre de 2004, página 306, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Notifíquese
- Principal
once de agosto de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 689/2023-6; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido vía electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, Alfredo Ventura Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES "1. EL CORONEL DE INFANTERIA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR GIBRAN JALIL DIAZ DEL CASTILLO MÉNDEZ en su carácter comandante del 96/0. Batallón de Infantería y presidente del Honorable Consejo de Honor de esa unidad a su mando, (.). 2. LA TENIENTE CIRUJANO DENTISTA CAROLINA NERI ANTAÑO, en su carácter de oficial de Cuartel (.). 3. CUERPO COLEGIADO DEL H. CONSEJO DE HONOR, del 96/o Batallón de Infantería (.). 4. GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL (.)." ACTOS RECLAMADOS "1. Al CORONEL DE INFANTERIA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR GIBRAN JALIL DIAZ DEL CASTILLO MÉNDEZ su contestación, arbitraria violatoria de derechos humanos, carente de fundamentación legal realizada en su oficio S.P.A.A./693 del 21 de abril, respecto de mi inconformidad de los dos correctivos disciplinarios impuestos en fecha 06 de marzo, con la cual pretende justificar la ~ ilegal calificación de 12 y 15 días, respectivamente de arresto, retenido de mil libertad. 2. La infundada, ilegal y violatoria de mis derechos humanos, determinación de solicitud baja de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizada en audiencia de Consejo de Honor de fecha 26 de abril, impuesta en mi contra con motivo de los dos correctivos calificados con 12 y 15 días de arresto de fecha 6 de marzo 2023 y ratificados en fecha 21 de abril, por esa autoridad. 3. LA TENIENTE CIRUJANO DENTISTA CAROLINA NERI ANTAÑO. La ilegal, infundada y carente de motivación, imposición de dos correctivos disciplinarios de fecha 06 de marzo, cuyas consecuencias jurídicas y administrativas siguen generando un perjuicio directo a mis derechos, al ser estos correctivos el conducto ilegal por el que se pretende Solicitar mi baja de ese Instituto armado. 4. CUERPO COLEGIADO DEL H. CONSEJO DE HONOR. La ilegal, arbitraria e infundada votación y determinación de mala conducta y solicitud de baja del Ejército Mexicano del suscrito, sustentada en dos correctivos impuestos y calificados arbitrariamente. 5. GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. La posible aprobación de solicitud realizada por el Consejo de Honor del 96/0 Batallón de \Infantería, mediante la cual decreto mi baja de la Secretaria de la Defensa Nacional. SEGUNDO. Derecho fundamental violado. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 689/2023-6, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es legalmente competente para conocer del presente juicio de derechos, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, de la Constitución Federal, 33 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". En atención a lo anterior, los actos reclamados se hacen consistir en: El oficio S.P.A.A./6933 de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se ratificó el contenido del diverso S.P.A.A./5689 de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se impusieron como correctivos disciplinarios quince días de arresto y doce días de arresto; así como la solicitud de comparecer a la audiencia pública de Consejo de Honor; La solicitud de baja del quejoso como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, emitida el veintiséis de abril de dos mil veintitrés en el Acta de Consejo de Honor. Litis que será objeto de pronunciamiento en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto que se atribuye al General Secretario de la Defensa Nacional, toda vez que al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia de los mismos. En esa virtud, la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba tendente a desvirtuar dicha negativa ni objetó la autenticidad del informe justificado; por lo que al no haberse ofrecido prueba en contrario que desvirtúe de manera fehaciente la negativa manifestada por la autoridad que señaló como responsable respecto de los actos de los que se duele, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia por reiteración de criterios con número de identificación VI. 2o. J/20, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Máxime que ante la negativa expresada por la autoridad señalada como responsable, correspondía la parte quejosa la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados y no colmó tal extremo con pruebas certeras y eficientes. Ilustra lo anterior, el criterio VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que aparece difundida en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, de título: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio en los términos que han sido señalados. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Teniente Cirujano Dentista perteneciente al 96/o. Batallón de Infantería y al Cuerpo Colegiado del Honorable Consejo de Honor del 96/o. Batallón de Infantería, ya que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Certeza que se acredita con las copias certificadas que remitieron en apoyo a sus informes con justificación, a las que por tratarse de documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. Por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen o no las partes o que este órgano de Control Constitucional advierta de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia número 814, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, respecto del acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del diverso 107, de dicho ordenamiento legal, aplicada en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". Del análisis integral de dichos numerales, se infieren tres supuestos de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que son: De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo este contexto, en el inciso a) del numeral y fracción que se analizan, el legislador sigue, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en el cual instituyó que dicho juicio solo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. En ese sentido, el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una finalidad, por lo que, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo solo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente. De ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva y, si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y en caso de ser contraria a sus intereses, podrá impugnarla por esta vía constitucional junto con las violaciones al procedimiento. Entonces, si la regla general es que cualquier violación procesal se aplace para hacerla valer en el juicio de amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta evidente que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los procedimientos administrativos, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no solo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque únicamente sea para cumplir con el derecho de audiencia, como acontece con el oficio S.P.A.A./6933 de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se ratificó el contenido del diverso S.P.A.A./5689 de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se impusieron como correctivos disciplinarios quince días de arresto y doce días de arresto; así como la solicitud al quejoso de comparecer a la audiencia pública de Consejo de Honor. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR." Ahora bien, acerca del procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, al resolver la contradicción de tesis 317/2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que dicho procedimiento administrativo, se integra de cuatro etapas, a saber: 1) Declaración de procedencia de retiro; 2) Otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) Sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, culmina con la 4) Orden de baja en el activo y alta en situación de retiro emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 154/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO." En tal virtud, dicho criterio es aplicable de manera analógica para determinar que el procedimiento administrativo de separación definitiva de un miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, consta de etapas que culminan con la orden de baja emitida por el Secretario de la Defensa Nacional. En ese sentido, se señala que el Reglamento General de Deberes Militares, tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran las fuerzas armadas, de tal manera que es la base fundamental para defender los intereses de la Patria. Por lo que el elemento castrense que incumpla con las disposiciones que al respecto se emitan, será sujeto de sanción por medio del Consejo de Honor que se establecerá en cada unidad militar, razón por la cual, el citado Consejo tendrá facultades para dictaminar sobre los castigos que deban imponerse de acuerdo a la infracción atribuida, incluso solicitar la baja del elemento por medio del Secretario de la Defensa Nacional, como se advierte de los numerales 34, 35 y 36 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a continuación se transcriben: "Artículo 34.- El Consejo de Honor se establecerá en las unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea; se constituirá con un presidente y cuatro vocales en las unidades y con un presidente y dos vocales en las dependencias, conforme al Reglamento respectivo." "Artículo 35.- Corresponde conocer al Consejo de Honor: I.- De todo lo relativo a la reputación de la Unidad, Dependencia o Instalación; II.- De la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley; III.- De la disolución escandalosa IV.- De la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito; V.- De la negligencia en el servicio, que no constituya un delito. VI.- De todo lo que concierne a la dignidad militar." "Artículo 36.- El Consejo de Honor tiene facultades para: I.- Acordar las notas que hayan de ponerse en las Hojas de Servicios de los Oficiales, y en el Memorial de Servicios de los individuos de tropa. II.- Dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse desde Capitán 1o. hasta el Soldado, por faltas, cuyo conocimiento sea de la competencia de este Consejo. III.- Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar, y IV.- Turnar al Ministerio Público, las constancias respectivas en los casos en que determine que es competencia de los tribunales correspondientes. En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga." Asimismo, el artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 170. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos: I. Procede por ministerio de Ley: II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: (.) D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado; [.]." De lo anterior, se advierte que procede la baja o separación definitiva del cargo por ministerio de ley o por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional, entre otras causas, por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad a la que pertenezcan, caso en el que el afectado será oído en defensa. Asimismo, los artículos 1, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del mencionado Consejo, disponen: "Artículo 1. El Consejo de Honor tiene por objeto juzgar a los oficiales y tropa que cometan faltas a la moral, a la dignidad y al prestigio del Ejército; dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse consignar a la superioridad los casos que correspondan; asimismo, acordar las notas de conceptos que hayan de ponerse en las Hojas de Servicio de los Oficiales y Memorial de Servicios de los individuos de Tropa. [.] Artículo 6. El Consejo de Honor tiene facultades para: I. Acordar las notas que hayan de ponerse en las Hojas de Servicios de los Oficiales, y en el Memorial de Servicios de los individuos de Tropa; II. Dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse, desde Capitán 1o. hasta el Soldado, por faltas cuyo conocimiento sea de la competencia de este Consejo, y III. Consignar a la Superioridad los casos en que un Oficial deba ser suspendido temporalmente para ejercer en el activo; o destituido de su empleo en el Ejército, de conformidad con la Ley Penal Militar. [.] Artículo 16. Cuando el Consejo se reúna para juzgar a algún acusado, se procederá en la forma siguiente: Nombramiento de defensor Reunido el Consejo y estando presente el acusado, el Presidente le tomará sus generales, lo exhortará a producirse con verdad y le manifestará que tiene derecho a nombrar defensor a algunos de los Jefes u Oficiales de la Corporación, Dependencia, Guarnición o Unidad a que pertenezca y que se encuentre presente en la audiencia, con exclusión de los miembros del Consejo. Si el acusado no nombrare defensor, el Presidente lo designará Exposición de cargos al acusado Artículo 17. A continuación le hará conocer los cargos que se le imputan y si el Consejo se ha reunido por orden superior o por disposición del propio Presidente, haciendo comparecer y declarar a los peritos y testigos que fuere necesario. Acusación Artículo 18. La voz de la acusación la llevará un Jefe u oficial nombrado por el Presidente del Consejo Defensa Artículo 19. Después hará uso de la palabra la defensa, para que exponga cuanto crea favorable al acusado. Una vez que hubiere terminado de hablar el defensor, el Presidente manifestará al acusado que puede usar de la palabra para hacer su descargo, sin más limitación que el respeto a la ley y a las autoridades. Votación de la culpabilidad Artículo 20. Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad. Castigos disciplinarios Artículo 21. Si el resultado de la votación fuere condenatorio, se procederá a deliberar sobre el correctivo disciplinario que deba imponerse, con los límites prevenidos en el Capítulo III. Consignación Artículo 22. Si la falta no fuere de la competencia del Consejo, el Presidente remitirá el acta y demás constancias comprobatorias a la autoridad que corresponda, para que ésta, a su vez, haga la consignación del acusado al Tribunal competente." Del contenido de dichos numerales, se desprende que el Consejo de Honor tendrá por objeto juzgar a oficiales y tropa que cometan faltas a la disciplina, así como dictaminar sobre los castigos que deban imponerse y, en su caso, consignar a la superioridad los asuntos que no le competan; de tal manera que cuando haya que juzgar al acusado por una conducta, se reunirá y le nombrará un defensor, le expondrá los cargos que se le imputan, le dará el uso de la voz al implicado para que ofrezca pruebas de descargo y se tomará votación para deliberar el caso, salvo cuando deba solicitar la baja al Secretario de la Defensa Nacional, lo que en la especie acontece. En esa tesitura, el oficio S.P.A.A./6933 que se reclama únicamente constituye el medio mediante el cual se ratificaron la imposición de correctivos disciplinarios -arrestos- y fue citado al quejoso a efecto de que se constituyera para la celebración de un Consejo de Honor del Nonagésimo Sexto Batallón de Infantería, a la cual compareció el quejoso e incluso se llevó a cabo, determinándose solicitar su baja respecto de sus funciones dentro de la milicia. De ahí que los actos que se reclaman, constituyen resoluciones emitidas dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, que por sí mismas no producen efectos jurídicos irreparables, ni afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Carta Federal. En ese sentido, dada la característica de procedimiento seguido en forma de juicio en el que la autoridad prepara su decisión final y da intervención al gobernado, las violaciones que pudieran estimarse cometidas en cada una de las fases que lo conforman, pueden impugnarse a través del juicio de amparo indirecto hasta que se dicte la resolución definitiva con que este culminará y que será el acuerdo emitido por el Secretario de la Defensa Nacional por el cual, en su caso, determine si es procedente o no la baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del promovente del amparo. Además, lo resuelto por el Consejo de Honor no constituye una resolución definitiva sino, por el contrario, es un acto emitido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que se emita una resolución definitiva; esto es, hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo correspondiente. Aunado a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dichos actos no constituyen actuaciones que violen algún derecho sustantivo y tampoco privan a la parte quejosa del derecho de defensa, pues únicamente constituyen actos procesales, por lo que no se relacionan de forma alguna con derechos sustantivos ni ocasionan un daño de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan de modo directo algunos de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, cuyos efectos quedan destruidos al obtener un fallo favorable que resuelva el procedimiento o juicio de que se trate, como se observa de la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Asimismo, es menester precisar que el quejoso no se ubica en el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B de la norma 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la restricción prevista en ese numeral, consistente en que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, únicamente aplica para los agentes del Ministerio Públicos, peritos y miembros de las instituciones policiales, no para los elementos del Ejército Mexicano. De ahí que, lo reclamado por el quejoso no es de imposible reparación. Por las consideraciones vertidas en esta sentencia, se considera que la parte quejosa deberá esperar hasta el dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento, para hacer valer las violaciones que considera que se han cometido en su contra, pues de lo contrario, el acto reclamado no revestirá el carácter de definitivo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del diverso 107, de dicho ordenamiento legal, aplicada en sentido contrario; procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del cuerpo de leyes invocado. SEXTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que los quejosos durante el procedimiento no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que esa sentencia quedará a disposición del público para su consulta. Asimismo y en términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo. SEGUNDO. Se tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada esta determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Juez Fredy Francisco Aguilar Pérez, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe, el once de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Alfredo Romero Zuñiga384/2017
- Alfredo Saucedo Muñoz357/2021
- Alfredo Soto Luna148/2022
- Alfredo Soto Luna1126/2023
- Alfredo Valdes Rivero1543/2022
- Alfredo Vázquez Monroy1002/2023
- Alfredo Yasendth Islas Vera66/2016
- Alicia Anaya Palomino520/2017
- Alicia Denice Yañez Galindo324/2019
- Alicia García Escobar1304/2021
- Alicia González Camargo1518/2021
- Alicia Hernandez Escamilla1382/2016