Alfredo Velasquez Mendoza

Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
640/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Velasquez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Sobre esa base, se tiene que no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la negativa de que recibiera y diera trámite a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma", que el quejoso adujo haber pretendido presentar en sus oficinas el veintiuno de julio de la anualidad que transcurre. Se afirma tal aserto, toda vez que dicha autoridad, al rendir su informe justificado, negó dicho acto y la propia autoridad negó que tuviera algún antecedente de que el quejoso le hubiera formulado otra petición con posterioridad. Sobre esa base, se concluye que dicho inconforme no demostró que hubiera formulado la respectiva solicitud por escrito, ni menos aún que haya acudido a dichas instalaciones a fin de presentarla para que la respectiva autoridad la recibiera o le diera el trámite correspondiente, por lo siguiente: En el caso, el quejoso aduce que la responsable vulneró el numeral 8o de la Constitución Federal, que prevé: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito impone la obligación a los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. De modo que, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En ese sentido, se colige que el derecho humano consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, establece que cualquier gobernado puede presentar una petición ante una autoridad, respecto de la cual tiene la prerrogativa de recibir una respuesta, para que exista esa obligación, es requisito ineludible la existencia de la petición por escrito, la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, sin mayores formalidades. Ello, pues no obstante que a la petición le falta algún requisito legal, la autoridad de ningún modo puede rehusarse a recibirla, sino que debe no violar ese derecho, debe recibirla y acordar negando o incluso aplazar el pronunciamiento correspondiente para cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la ley, conforme con lo establecido en la tesis de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN". En cambio, en el supuesto de que no se demuestre que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, evidentemente no puede estar vinculada a dar trámite o emitir la resolución correspondiente. Ahora bien, se itera que el acto reclamado se hizo consistir en la negativa de la autoridad responsable de recibir y dar trámite a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma", que el quejoso adujo haber pretendido presentar en sus oficinas. Sobre esa base, para analizar los elementos que integran el derecho de petición, se considera necesario señalar que los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, establecen: "Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad". Los numerales transcritos establecen las cargas probatorias que asisten a las partes para demostrar sus hechos y, por regla general, la carga de la prueba corresponde al que afirma y no al que niega. Sin embargo, quien niega no está obligado a probar, salvo que su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En ese sentido, no obstante que el quejoso se duele de la negativa de la autoridad responsable de recibir y dar trámite a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma", que adujo haber pretendido presentar en sus oficinas; en el caso, de conformidad con los principios reseñados atinentes a las cargas probatorias, se concluye que, para poder analizar la conducta de la responsable, se tiene que constatar la existencia de la solicitud, o bien, que el quejoso acudió a las instalaciones de la responsable para presentarla. Esto, porque el inconforme, al aducir que formuló una solicitud y que acudió a las instalaciones de la responsable para presentarla, se tratan de hechos positivos, los cuales evidentemente preceden a la negativa reclamada. De ahí que, el quejoso debe demostrar la existencia de la solicitud, o bien, que acudió a las instalaciones de la responsable para presentarla. Ello, sin que el propio quejoso se encuentre constreñido a probar que intentó hacer la entrega de la solicitud, en tanto que al reclamarse la inobservancia de la responsable de la obligación impuesta en el artículo 8o de la Constitución Federal, corresponde a un hecho negativo, por lo que es a dicha autoridad a la que asiste la carga de probar que, en el ámbito de sus atribuciones, dio atención a la petición o solicitud que le fue formulada de acuerdo con las disposiciones que regulan su actuación. Tienen sustento a lo anterior, las tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 197269 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLI/97 Página: 366 "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Amparo en revisión 2074/97. José Alcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Registro digital: 2003971 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, página 1386 Tipo: Aislada "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 22/2013. José Santos Díaz Suárez. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Vicente Iván Galeana Juárez. Sobre esa base, se concluye que el quejoso no demostró de manera plena que hubiera formulado la respectiva solicitud por escrito, ni menos aún, que haya acudido a las instalaciones de la Jefatura del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de presentarla, para que la respectiva autoridad la recibiera o procediera a iniciar el trámite correspondiente. Se afirma tal aserto, pues entre las probanzas que el quejoso ofreció para acreditar dicha circunstancia, se encuentran:  Copia de la impresión de dudas atinentes a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma y por cambio de cuenta bancaria";  Copia de la resolución para el otorgamiento de pensión por Cesantía;  Escrito de petición sin fecha;  La presuncional en su doble aspecto, legal y humana; y,  La instrumental de actuaciones. Tocante a la copia de la impresión de dudas atinentes a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma y por cambio de cuenta bancaria"; no es apta para demostrar la existencia del escrito de petición o que acudió a las oficinas de la responsable, porque solo demuestra cuál es el procedimiento que el interesado debe realizar y ante qué instancia, a fin de que se prepare y se admita el trámite que pretende. Por otra parte, en relación con la copia de la resolución para el otorgamiento de pensión por cesantía, tampoco es idónea para acreditar la solicitud del quejoso ni que haya asistido a las instalaciones de la responsable, pues únicamente evidencia a cuánto asciende el monto de dicha prestación a su favor, así como los cálculos que se realizaron para obtener dicho importe. Respecto del escrito de petición, con independencia de su contenido, se aprecia carece de fecha dado que al calce del documento se asentó que se signaba "a su fecha que se presente"; por tanto, resulta insuficiente para demostrar, al menos de manera indiciaria, la existencia de la petición y, menos aún, sirve para probar que acudió a las instalaciones de la responsable. Esto, porque la citada autoridad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados y precisó no tiene algún antecedente de que el quejoso le hubiera formulado dicha petición. Además, por lo que ve a la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, se precisa que no se actualiza alguna en su favor, en tanto que le asiste la carga probatoria de demostrar que elevó la petición en la data que indica, o bien, que haya acudido a sus oficinas para presentarlo; lo que en la especie no acontece. Y, finalmente, en relación con la instrumental de actuaciones, no se advierte alguna actuación que beneficie a las pretensiones del quejoso. Ello, sin que pase inadvertido que la responsable exhibiera el oficio ****, de veintiséis de agosto del año en curso, notificado en esa fecha; sin embargo, a través de su emisión se le comunicó el procedimiento que dicho inconforme debía realizar para presentar su petición, con motivo del presente asunto, por lo que es evidente que no corresponde a la contestación del escrito de petición del quejoso. En consecuencia, aún concatenados los diversos documentos reseñados, el quejoso no acreditó que hubiera formulado alguna solicitud a la responsable en la fecha que indica en la demanda, pues ninguno demuestra en qué momento se suscribió la petición, y menos aún, que hubiera acudido a las instalaciones de la citada autoridad para que realizara su entrega, a efecto de que se iniciara el trámite correspondiente. Siendo insuficiente lo expuesto en la demanda, porque al no encontrarse robustecidas sus manifestaciones con diversos medios de convicción, solo resultan ser meras aseveraciones carentes de sustento. Por lo demás, el quejoso contaba con la disponibilidad de la prueba para evidenciar ese aspecto, a manera de ejemplo, con el ofrecimiento de testimonio de las personas que lo hubiesen acompañado a hacer el trámite que pretendía, o bien, en su caso, con el documento que acreditara que generó cita para el ingreso a las oficinas de la responsable, por mencionar algunos. De ese modo hubiera probado que la autoridad administrativa se negó a recibir el escrito y que, con ello, que quedara vinculada a contestar o dar atención a la respectiva petición. Así, se actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 265314 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXII, Tercera Parte, página 39 Tipo: Aislada "PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Amparo en revisión 1246/66. Manuel Valdés García. 9 de agosto de 1967. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Por otra parte, no obstante que el quejoso aduce que la consecuencia del acto impugnado es la negativa de la modificación del monto de la pensión que el quejoso percibe, se aclara que dicho acto deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano (ente asegurador-trabajador), en tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social está actuando como ente asegurador y en sustitución del que era su patrón, con motivo de un acto jurídico en que dicha institución se obligó a brindar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado, por lo que en este momento aquél se conduce en un plano de igualdad; Por ende, respecto del tal acto también sería improcedente la presente vía de amparo porque actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la contestación no se emitiría en un plano de supra a subordinación, porque la responsable no está revestida de imperio, ni del ropaje estatal, como una entidad pública, ni como un particular actuando como una autoridad estatal, sino en carácter de ente asegurador, en sustitución del patrón. Esto, sin que se desatienda que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) que se considera aplicable por analogía, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinara que el juicio de amparo procedía cuando a una institución pública de salud se le reclamaba la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, que en el tema de estudio de ese criterio era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ello, porque la Sala precisó que, de sobrevenir una eventual respuesta, si el quejoso estimaba que no satisfacía sus intereses, se debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social, de conformidad con el numeral 295 de la Ley del Seguro Social. Así, se considera que dicha circunstancia implica que los actos de un ente asegurador, en caso de ser contrarios a los intereses de la parte quejosa, ocasionan que deba acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. En relatadas circunstancias, ante la inexistencia del acto impugnado, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis ubicada en la página seis mil seiscientos setenta y tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXIX, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." CUARTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido vía correo electrónico signado por el delegado de la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en dicha municipalidad, a través del cual, hace del conocimiento de este Juzgado Federal, que por un error involuntario al momento de rendir su informe justificado, señaló un domicilio diverso para oír y recibir notificaciones de su parte, señalando el correcto. Atento a lo anterior, téngase a dicha autoridad responsable, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que se indica en el oficio de mérito. Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dos de septiembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa quejoso como "Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Salamanca, Guanajuato", mediante el cual rinde su informe justificado; en ese sentido, se tiene por rendido el informe de mérito. PRUEBAS Por otra parte, téngase a la aludida autoridad anunciando como pruebas en apoyo a su informe de ley la documental indicada en la certificación de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado y la documental, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. DELEGADOS Y DOMICILIO PROCESAL Por otra parte, con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tiene a la oficiante designando como delegados de su parte a las personas que menciona, así como señalando el domicilio que refiere para recibir notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En lo referente a su solicitud de autorizarle para que se imponga de los autos mediante el empleo de medios electrónicos, debe estarse a lo acordado en auto de cinco de agosto del año en curso, donde se proveyó lo conducente. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la denominación correcta de la autoridad precisada. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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