Alfredo Velasco Gomez
Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfredo Velasco Gomez
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se aprecia que con fecha de veintiocho de enero del presente año, se dictó un proveído en el juicio de amparo en que se actúa; no obstante, por un error en el empleo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y la herramienta tecnológica VPN, se advierte que la evidencia criptográfica -firma electrónica- no corresponde a la del titular de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, a fin de evitar futuras nulidades procesales, se precisa que el proveído antes indicado fue dictado por el Licenciado XXXXXXXXXXX, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el secretario correspondiente que autorizó y dio fe; debiendo formar parte de dicho proveído, la presente determinación. Se hace la presente aclaración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes. paola ruiz
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha quedado FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXXXXX, por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de febrero de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE por medio de lista al promovente.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales la fedataria judicial de la adscripción no pudo notificar al quejoso ***************, el proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, en virtud que la persona que la atendió, le informó que no conoce a ninguna persona con el nombre del buscado, cerrándole la puerta de inmediato; en esas condiciones, se ordena notificarle el auto de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista a la parte quejosa ***PROVEIDO DE 24/09/2021.- "En la Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y recibido el veintitrés de los corrientes por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. ...REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 724/2021-IV, y con número de NEUN 28752678. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama: De la Sala responsable, la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 345/2020-04, por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el ahora quejosa contra la notificación que se le practicó de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 398/2017, por el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. Del Juez y Actuario adscritos al juzgado de origen, el auto de once de septiembre de este año, emitido en el juicio ordinario civil 398/2017, en el que se ordenó la entrega y desalojo del inmueble materia de la Litis del juicio de origen, así como la notificación de dicho proveído. Dichos actos son emitidos o derivan de la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional nos lleva a la conclusión que deriva de la ejecución de sentencia, ya que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, de ahí que los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a la sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que los actos reclamados, se produjeron después de concluido el juicio, y además, no constituyen el último acto emitido en dicho procedimiento de ejecución, pues en el caso a estudio, únicamente se reclama la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 345/2020-04, por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como el auto de once de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 398/2017, dictado por el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, donde se condena al quejoso a la entrega y desalojo del inmueble materia de la Litis del juicio de origen, así como su notificación. Además, es menester precisar que el quejoso es demandado en el juicio de origen, y que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio de origen, contra el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de amparo, es indispensable que dicho acto sea el último que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; esto es, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el requerimiento de entrega del bien inmueble deriva directamente de la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia -en el caso en concreto ejecución de sentencia definitiva-, en contra de la cual sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia, puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga contra el último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto que reclama el quejoso no es ajeno a lo resuelto en la ejecución de sentencia que constituye la verdad legal. Por tanto, si los actos que en esta vía se reclama son: De la Sala responsable, la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 345/2020-04, por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el ahora quejosa contra la notificación que se le practicó de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 398/2017, por el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. Del Juez y Actuario adscritos al juzgado de origen, el auto de once de septiembre de este año, emitido en el juicio ordinario civil 398/2017, en el que se ordenó la entrega y desalojo del inmueble materia de la Litis del juicio de origen, así como la notificación de dicho proveído. Dichos actos son emitidos o derivan de la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen. Es inconcuso, que constituyen actos encaminados a ejecutar directamente la sentencia dictada en la citada controversia; esto es, no es ajeno a la cosa juzgada, motivo por el cual, el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." De igual forma, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número I.11o.C.52 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2837, tomo III, Febrero de 2001, Décima Época, que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ****************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del promovente el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, como lo solicita, se tienen por autorizadas a las personas que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente al promovente"
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En la Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al promovente.
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