Alfredo Vázquez Hernández
Expediente 995/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/08/2022
Partes del expediente
- Alfredo Vázquez Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de treinta de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por A**************, por propio derecho; contra actos de la Segunda Sala ordinaria, Ponencia Seis del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 995/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por *************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta Antecedentes relevantes. Del escrito de demanda que se atiende, así como de las constancias anexas al mismo, se desprenden los antecedentes siguientes: 1. El quejoso demandó la nulidad de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Dicho juicio quedo radicado con el expediente **************, del índice de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 2. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda, se ordenó emplazar a las autoridades responsables y al tercero interesado y se otorgó la suspensión solicitada. 3. Ante tal circunstancia, el tercero interesado interpuso recurso de reclamación en contra de la determinación por la cual se le otorgó al aquí quejoso la suspensión provisional solicitada en dicho asunto. 4. En consecuencia, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Sala responsable resolvió el recurso de reclamación interpuesto y resolvió revocar el auto por el cual otorgó la suspensión al aquí promovente. 5. Inconforme con tal determinación, dicho quejoso, promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Acto reclamado. **************** pretende que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: [se transcribe] Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: [se transcribe] Razones de la improcedencia. En el artículo transcrito, se establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones de órganos jurisdiccionales respecto de las cuales, la ley ordinaria prevea un recurso o medio de defensa [dentro del procedimiento] a través del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. El principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la promovente, el amparo resulta improcedente. Por lo que antes de recurrir al amparo, se deben deducir por el gobernado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, situación que resulta contraria cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En ese sentido, el principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, ya que con ello se da oportunidad al gobernado, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se aducen ser agraviados. En el caso, la resolución dictada en el recurso de reclamación interpuesto dentro del juicio **************, es impugnable a través del recurso de apelación. En efecto, en el artículo 113 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se prevé lo siguiente: [se transcribe] Del artículo transcrito se advierte que el recurso de reclamación [como el que promovió el quejoso], es procedente en contra de los acuerdos dictados por los Magistrados de las Salas Ordinarias que nieguen la suspensión; Por su parte, el artículo 115, último párrafo, de la misma Ley se establece lo siguiente: [se transcribe] De esta norma se advierte claramente que en contra de las resoluciones que dicten las Salas Ordinarias Jurisdiccionales en el recurso de reclamación, procederá el recurso de apelación ante el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior. Entonces, si la resolución reclamada en este juicio de amparo es controvertible a través del recurso de Apelación ante el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, entonces el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, pues dicho recurso constituye un medio de defensa dentro del procedimiento, a través del cual se puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la medida adoptada por la Sala Ordinaria que revocó el otorgamiento de la suspensión decretada en el juicio de nulidad **************. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda y del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad en contra de actos de órganos jurisdiccionales, de las contempladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la resolución reclamada (i) no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; (ii) no se trata de un acto que afecten la libertad personal; (iii) el quejoso no es persona extraña al procedimiento; y, (iv) la procedencia del recurso de reclamación no está sujeta a una interpretación adicional de su fundamento. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará.3 En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Conclusión. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados son impugnables a través de un medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por **************. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que indican toda vez que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Acceso a expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no existe registro de nombre de usuario que corresponda al correo electrónico **************, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si desea solicitar la autorización de la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones por esa vía en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá hacer el registro de un usuario para tales efectos. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.5 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: [se transcribe] Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: [se transcribe] Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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