Alfredo Valle Obeso
Expediente 724/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alfredo Valle Obeso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, se procede a determinar con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la autoridad deba adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Así, se impone otorgar al quejoso Alfredo Valle Obeso, el amparo que solicita, a fin de que, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, deberá proceder a: Llamar al juicio agrario 353/2017 al hoy quejoso y/o darle intervención en el mismo, para el efecto de que haga valer los derechos que le correspondan.". Ahora bien, de autos se advierte que el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Número 27, con sede en Guasave, Sinaloa, mediante oficio número UAJ-342/2021 presentado ante este juzgado, allegó copia certificada del acta de audiencia celebrada el quince de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente 353/2017 del índice de ese tribunal, en la que se hace constar la comparecencia del quejoso Alfredo Valle Obeso; que es en lo que se traduce la concesión y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite documental para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y documental de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.
- Principal
Vista la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Por otra parte, atendiendo el estado de los autos, se observa que en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se reservó proveer lo conducente respecto al oficio suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, con el que acusa recibo del oficio 1599, e informa los trámites que está realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; así también se da cuenta con un escrito firmado por el quejoso Alfredo Valle Obeso, con el que solicita la devolución de los documentos originales que acompaño a su demanda de amparo; agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. Con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo del código en consulta, de aplicación supletoria a la ley de la materia, teniendo en consideración que se trata de un asunto concluido, hágase devolución de los documentos que refiere el promovente y entréguense a la persona que autoriza, previo recibo y copia fotostática certificada que de los mismos se deje en autos. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: "Llamar al juicio agrario 353/2017 al hoy quejoso y/o darle intervención en el mismo, para el efecto de que haga valer los derechos que le correspondan.". Por último, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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