Alfredo Turrubiates Villanueva

Expediente 1771/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1771/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Turrubiates Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, rindiendo su informe justificado; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de la constancia que la autoridad responsable adjunta al informe justificado de cuenta, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Lo que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...].". La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual solicita la apertura del incidente de liquidación del juicio laboral ******************** Ahora, de la constancia que se adjuntó la autoridad responsable a su informe, se advierte que el ocho de agosto del presente año, la citada autoridad responsable dictó el acuerdo relativo al ocurso de mérito; documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de la facultad que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo (trece de julio de dos mil veintitrés), la autoridad responsable había sido omisa en acordar el escrito de trato, también es verdad, como quedó asentado en el párrafo precedente, que el ocho de agosto de dos mil veintitrés, quedó superada la omisión de trato; por lo que es procedente determinar que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado. Por tanto, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber conseguido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la autoridad responsable que en cumplimiento a la misma, emitiera el acuerdo correspondiente al escrito de mérito; razón por la cual, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Asimismo, apoya la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En esas condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. FIRMEZA DEL PRESENTE PROVEÍDO En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. ARCHIVO En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Por lo que, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargado del despacho durante vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario de Juzgado José Concepción Juárez Fajardo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado de Distrito, el que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; tuvo con el carácter de tercero interesado a Jaime Martín Martínez Mendoza, quien fue emplazado a juicio; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con base en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 primer párrafo y 107, fracción IV, párrafo primero de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la parte quejosa reclama un acto autónomo después de concluido el juicio -interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación- contra el cual no cabe recurso ordinario que agotar; emitida por una autoridad jurisdiccional en materia de trabajo con residencia en esta ciudad, lugar donde este juzgado de conocimiento mixto ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda para determinar la verdadera intención del accionante, prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sobre esa base, se tiene que el acto reclamado consiste en: La resolución incidental de liquidación de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 1304/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que por esta vía se le reclama, lo que además se corrobora con las constancias que anexó a dicho informe, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de esta última ley, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia, por lo que se tiene como cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se desprende causa de improcedencia alguna, ya sea que se haga valer a petición de parte o bien de oficio, por lo que lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En principio, se hace la acotación de que en el acto que se reclama no se actualiza alguna hipótesis que permita suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que el análisis de su legalidad se hará únicamente atendiendo a los conceptos de violación vertidos por el accionante de amparo. Sentado lo anterior, de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, uno deviene INFUNDADO y otro sustancialmente FUNDADO Y SUFICIENTE PARA CONCEDERLE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada. Para arribar a tal conclusión, resulta conveniente precisar algunos antecedentes del acto reclamado: En 05 de agosto de 2019, se dictó el laudo dentro del juicio laboral 1304/2019 (en cumplimiento a una sentencia de amparo directo), y en sus puntos resolutivos dice: "CONSIDERANDO . .La ejecutoria que se cumple (A.D. 114/2019), de manera sustancial determinó: "En efecto, la pretensión del actor es que se le aplique a su favor el Acuerdo CMC/031/2015 y como consecuencia, se le paguen los viáticos a que se refiere la cláusula 87 contractual, de manera retroactiva a partir de la catorcena 6/2016. Dicho acuerdo, transcrito con antelación, se refiere a las condiciones especiales de trabajo para el personal de equipos de perforación de pozos en zonas terrestres y lacustres, en el cual, se prevén las jornadas especiales de 7x7 y de 14x14, explicadas anteriormente. En el punto numero quinto del mencionado Acuerdo, se establece que, durante la etapa de trabajo, el patrón liquidará en efectivo a los trabajadores la cuota de viáticos que establece la cláusula 87. Importa destacar, que en el diverso punto noveno del mencionado acuerdo, se prevé que cuando el patrón establezca jornadas especiales de trabajo para el personal de operación y mantenimiento en equipos terrestres y lacustres de pozos, denominadas 7x7 o 14x14, regirán las condiciones especiales de trabajo que se establecen en dicho acuerdo. Es importante señalar expresamente, que en la cláusula 87 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ofrecido como prueba en el juicio laboral de origen (ver fojas 55 a 63 del expediente natural), se prevé la figura de los viáticos a que se refiere el punto Quinto del Acuerdo CMC/031/15, transcrito en párrafos precedentes. Ahora bien, el trabajador refirió en su demanda que la empresa le estuvo cubriendo los viáticos hasta la catorcena 5/2016 y que a partir de la sexta catorcena la demandada dejó de cubrírselos, sin que haya justificación para faltar al convenio. Lo señalado por el actor se encuentra acreditado en autos, pues este ofreció diversos recibos de pago expedidos a su nombre, en que le liquidaron los periodos 5/2016 de los que se advierte que se le cubrió el concepto de viáticos cuota (ver foja 6 del expediente de origen). Por otro lado, en las fojas 7 a 17 de autos, aparecen los recibos de pago inherentes a los periodos del 06/2016 al 19/2016, a nombre del propio actor, en que se dejaron de pagar las cuotas de viáticos correspondientes, salvo el último periodo identificado como 12/2016.- De todo lo anterior, se desprende que al actor le cubrían el concepto de viáticos cuota, al menos hasta el periodo 5/2016, sin que se advierta de los recibos de pago exhibidos por el actor que se le hubiera cubierto algún otro periodo -salvo el señalado con antelación-y la parte demandada tampoco ofreció prueba alguna de la que se pudiera desprender que sí fueron pagados, o bien, la razón por la cual se le dejaron de cubrir, o bien que ya no tuviera derecho a tal pago. En efecto, se encuentra acreditado en autos, que a partir del periodo 6/2016 la empresa demandada dejó de cubrirle esa prestación reclamada al trabajador, y no se desprende de tales constancias que a partir de ese periodo, con excepción del 12/2016, se le hubiera cubierto el pago de los viáticos, tal como se le venía cubriendo. Además, es dable precisar que del análisis integral del escrito de contestación de la demanda, no se advierte pronunciamiento alguno en relación a los motivos por los cuales se le dejó de cubrir al trabajador el pago de los viáticos en los términos que se le venian cubriendo de acuerdo con los recibos de que se ha dado noticia en párrafos anteriores. Es decir, la patronal no expone razón alguna que justifique su proceder en relación a la falta de pago de concepto reclamado... Como se ve, el actor fue preciso al señalar que la patronal dejó de cubrirle el pago correspondiente al concepto reclamado, sin razón alguna para ello; y sin embargo, la empresa demandada omitió referirse de manera frontal a esa afirmación en su escrito de contestación. De tal manera, en opinión de este Organo Colagiado, la patronal tenía la carga de procesal de acreditar los motivos por los cualas se dejó de cubrir el pago de viáticos al trabajador en los términos que señaló y acreditó con los recibos de pago descritos con antelación, sin que lo hubiere hecho dentro del juicio laboral de que se trata. Luego, como ya se dijo, se estima incorrecto el proceder de la Junta, en virtud de que si la empresa demandada no cumplió con la carga procesal que le correspondía, por ende, debió estimar procedente lo reclamado por el trabajador." En virtud de lo anterior, y para el efecto de dar cumplimiento a los lineamientos anteriores, esta junta determina que el actor tiene derecho a la aplicación del acuerdo CMC/031/2015, así como al pago retroactivo a partir del periodo 6/2016, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación correspondiente. Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos 837, 838, 840 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, es de resolverse y se: RESUELVE. PRIMERO: En cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Amparo Directo Numero 114/2019 que se cumple, se deja insubsistente el laudo de fecha 08 de febrero de 2019.- La parte actora JAIME MARTIN MARTINEZ MENDOZA si justifico su acción y la parte demandada PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION no justifico sus excepciones y defensas que hizo valer.- PETROLES MEXICANOS resulta ajeno al presente conflicto. SEGUNDO: Se condena a la demandada PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION a que pague al actor las reclamaciones hechas por el mismo en los incisos a) y b) del capítulo de reclamaciones de su demanda, en los términos de la parte considerativa de la presente resolución, para lo que se ordena la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación correspondiente. TERCERO: Remitase copia certificada de la presente resolución al H. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, para su conocimiento respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el Amparo Directo Numero 114/2019. CUARTO: Notifíquese personalmente." En auto de 20 de abril de 2022, se tuvo a la apoderada de la parte actora exhibiendo la planilla de liquidación de laudo, y se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia incidental de liquidación. El 8 de junio de 2022, se celebró la audiencia correspondiente al incidente de liquidación. En 23 de noviembre de 2023, se dictó la resolución interlocutoria correspondiente a dicha liquidación, misma que ahora se combate y a continuación, en lo que ahora interesa, se transcribe: "CONSIDERANDO . II. El presente incidente se realiza a efecto de cuantificar las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION en el considerando TERCERO del laudo dictado por esta Autoridad en fecha 5 de agosto del año 2019, por lo que en este procedimiento y del análisis de las constancias que existen en autos, en especial el laudo antes señalado, en el cual se determinó condenar a dicha demandada a pagar los viáticos reclamados por el actor, en los términos de la parte considerativa de dicho laudo. Ahora bien, en la audiencia incidental antes señalada, las partes ofrecieron sus planillas de liquidación, de acuerdo a sus intereses, en primer termino se analizan las ofrecidas por la parte actora, analizadas que son estas, no se encuentran apegadas a los lineamientos establecidos en el laudo que se cuantifica, en virtud de que en dicha resolución se condenó a la demandada de acuerdo al considerando III de dicho laudo a: "En virtud de lo anterior y para el efecto de dar cumplimiento a lineamientos anteriores, esta junta determina que el actor tiene derecho a la aplicación del acuerdo CMC/031/2015, así como el pago retroactivo a partir del periodo 6/2016, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación correspondiente." y en dichas planillas realizan la cuantificación correspondientes en las que contemplan incrementos a partir del 1 de agosto de 2016 (foja 250 y 253) lo cual no fue reclamado en su demanda, ni tampoco resulto condena en el laudo que se cuantifica y la de la parte demandada, tampoco se ajusta a dicha condena, toda vez que realiza un serie de deducciones por supuestas ausencias del actor, circunstancia esta que tampoco fue contemplado en el referido laudo, razones por las cuales esta junta procede a realizar la cuantificación correspondiente y al respecto tenemos que de la catorcena 6, correspondiente del 08/03/2016, según el recibo de pago que obra a foja 7 de autos, tenemos que del 8 de marzo de 2016 al 23 de noviembre de 2022, fecha en que se emite la presente resolución, han transcurrido 2,065 días, los que multiplicados por $975.65, nos arroja la cantidad de $2,014,717.25 pesos, (DOS MILLONES CATORCE MIL SETENCIENTOS DIECISIETE PESOS 25/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, más lo que se siga generando hasta la fecha en que se regularice dicho pago. Se dejan a salvo los derechos para que realice la retención de impuestos que corresponda. Ahora bien, apreciándose que las constancias que obran en autos, específicamente los recibos de pago que obran en autos, de los cuales se advierte que el actor cuenta con diversos embargos judiciales, es por lo que se dejan a salvo los derechos de la demandada para que realice la retención que corresponda. Por todo lo anteriormente expuesto y tundado, es de resolverse. PRIMERO: Se ha tramitado legalmente el presente indecente de liquidación. SEGUNDO: La presente resolución incidental de liquidación se cuantifica en la cantidad de $2,014,717.25 Pesos, (DOS MILLONES CATORCE MIL SETENCIENTOS DIECISIETE PESOS 25/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, más lo que se siga generando hasta la fecha en que se regularice dicho pago. Se dejan a salvo los derechos para que realice la retención de impuestos que corresponda. Así mismo, se dejan a salvo los derechos de la retenandada para que realice la retencion que coresponda de los embargos judiciales. TERCERO: Notifiquese Personalmente a las partes. ." Ahora, en sus conceptos de violación, la parte quejosa manifiesta que la interlocutoria reclamada es infundada, inmotivada y conclutoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que debe prevalecer en cualquier procedimiento, por los siguientes motivos: Porque en la audiencia de liquidación de ocho de junio de dos mil veintidós, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, ofreció la prueba de inspección en términos del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de acreditar el pago de viáticos realizado a la parte trabajadora del 1 de febrero de 2017, a la fecha del desahogo de la prueba, y las ausencias al servicio por parte del trabajador, por los días económicos, faltas injustificadas, vacaciones e incapacidades médicas (a fin de cuantificar la condena y que no se genere un doble pago por concepto de viáticos, en las fechas que ya se cubrieron); y la junta responsable determinó desecharlas por no ser idóneas, en virtud de que el pago de viáticos no es un hecho controvertido, ya que fue la condena establecida en el laudo firme de 5 de agosto de 2019. Porque en la demanda del juicio laboral la parte actora reclamó el pago de viáticos que aparece en el recibo de pago, señalando que tiene una jornada de 14 días de trabajo por 14 días de descanso, y que los viáticos en la fase laboral se los dan en efectivo; sin embargo, en la resolución reclamada la junta responsable cuantificó los viáticos a partir del periodo 6/2016, hasta la fecha en la que emitió la liquidación, es decir, consideró 365 días de cada año, otorgando viáticos hasta por días que el trabajador no laboraba. Anotados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, con base en el análisis de las constancias allegadas por la autoridad responsable y particularmente el acto reclamado, se advierte que el concepto de violación destacado en primer término ES INFUNDADO por los motivos que a continuación se exponen. En principio, debe decirse que el incidente de liquidación en modo alguno puede desconocer un derecho ya reconocido en el laudo definitivo. En efecto, el incidente de liquidación, aun cuando tiene objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar el laudo en aspectos que no se pudieron dilucidar al emitirlo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo determinado en sus consideraciones, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en el fallo definitivo dictado en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente de liquidación no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la resolución definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. Entonces, si en la parte considerativa del laudo de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se determinó que el actor tiene derecho a la aplicación del acuerdo CMC/031/2015, así como al pago retroactivo a partir del periodo 6/2016, ordenándo la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación correspondiente; es claro que dicha condena ya no puede variarse en la resolución incidental, pues lo que pretende el ahora quejoso con su concepto de violación, es lograr que se admita la inspección ofrecida dentro del incidente de liquidación, con el fin de justificar pagos por viáticos que según ya recibió el trabajador, sin embargo, tal y como la autoridad responsable lo refiere en la resolución reclamada, eso debió acreditarse como excepción dentro del juicio laboral. Dicho en otras palabras, en el incidente de liquidación tramitado dentro del juicio de origen, ya no puede modificarse la condena establecida en el laudo, como la parte quejosa lo pretende, pues de considerar en la resolución interlocutoria que ya fueron pagados algunos viáticos al trabajador, de los correspondientes a partir del periodo 6/2016, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el laudo, y en el incidente de liquidación no se puede modificar, anular o rebasar lo determinado en las consideraciones del laudo, porque como ya se dijo, ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en el fallo definitivo dictado en el juicio natural se decidió sobre las prestaciones deducidas por las partes. Entonces, correcto o no lo determinado en el laudo, en la resolución correspondiente a la liquidación no debe analizarse nuevamente si ya se habían pagado viáticos al trabajador, de los correspondientes a partir del periodo 6/2016, a la fecha de la emisión de la resolución de liquidación, porque la obligación de pago, constituye cosa juzgada. Por todo lo anterior, si desde la emisión del laudo definitivo la Junta laboral determinó que el actor tiene derecho a la aplicación del acuerdo CMC/031/2015, y al pago retroactivo a partir del periodo 6/2016, ordenándo la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación correspondiente; es evidente que ahora no puede ser ello desconocido, bajo los argumentos que expone la parte quejosa, en los que pretende que, al realizar la liquidación de laudo, se analice si ya se pagaron al trabajador algunos viáticos relativos a dicho periodo. Por identidad jurídica, es aplicable jurisprudencia la I.2o.T. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital 195983, del siguiente contenido. "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL. El objeto de este incidente es tan sólo cuantificar la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio laboral, por lo que si en éste se fijó el salario base de la misma, no es procedente que en la resolución incidental se tome en cuenta un salario diferente, aunque el que se precisó en dicho laudo no haya sido el correcto, si no se promovió amparo directo en contra del propio laudo." Por otra parte, ES FUNDADO Y SUFICIENTE PARA CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, el concepto de violación marcado con el inciso 2), en el que básicamente la quejosa expone que la autoridad responsable, de manera ilegal, cuantificó los viáticos considerando los 365 días de cada año, siendo que el demandado tenía una jornada de 14 días de trabajo por 14 día de descanso, es decir, que consideró para la cuantificación de viáticos, todos los días desde el ocho de marzo de dos mil dieciséis al veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, sumando un total de 2,065 días. Veamós, en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Una adecuada interpretación a la porción fundamental acabada de transcribir, permite decir que es obligación de las autoridades cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se encuentra el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por otra parte, las autoridades también deben observar y respetar la diversa garantía de legalidad y seguridad jurídica, establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente, establece: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Conforme a este numeral, todo acto de autoridad debe reunir los requisitos que indica el precepto de nuestra constitución federal, que por ser claro establece: 1. Ser emitido por autoridad competente; 2. Adoptar la forma escrita; 3. Citar el fundamento legal en que se sustenta el acto; y, 4. Encontrarse motivado. El primer requisito no es otra cosa que una expresión del principio de distribución de competencias que constituye uno de los pilares del constitucionalismo moderno y cuyo objetivo es la limitación del poder político. Dicho principio consiste en que a cada órgano que integra al Estado se le asignan atribuciones específicas que sólo él puede desarrollar y exclusivamente bajo esas atribuciones consigue actuar en forma válida, o sea, que tan sólo puede desarrollar las funciones que en forma expresa le fueron dadas al ser creado, ni una más, ni una menos, lo que se traduce en que la autoridad se encuentra en la necesidad de disponer de una norma jurídica que justifique su actuación, pues de no hacerlo así, esto es, de realizar un acto sin fundamento en una disposición, tal proceder carece de validez normativa. El segundo de los requisitos mencionados entraña un formalismo que encuentra su justificación en la tradición jurídica que se sigue en el sistema jurídico mexicano, donde la mayoría de los actos sancionados por el derecho, requieren una determinada forma para que tengan validez jurídica. En concreto, el objetivo de la exigencia de que consten por escrito los actos de autoridad, consiste en lograr certeza jurídica en las relaciones entre los órganos del Estado y los gobernados, tanto en la existencia de esos actos, como en la de su contenido y consecuencias. El tercer requisito implica que la autoridad debe citar la norma jurídica que considera aplicable al caso, esto es, la disposición normativa en que se ubica el caso concreto sometido a consideración de la autoridad y que sirve de sustento para resolverlo. Por último, la exigencia de motivación implica que la autoridad debe exponer por qué considera que las circunstancias y modalidades del caso particular se adecuan a la hipótesis normativa que se pretende aplicar, esto es, para aplicar una norma jurídica al caso concreto donde vaya a operar el acto de autoridad, ésta debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que correspondan a los supuestos abstractos previstos normativamente. La exigencia de tales requisitos tiene como trasfondo salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, es decir, que todo acto de autoridad debe provenir de quien sea competente y cumpliendo con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna, so pena que de no ser así, el actuar de las autoridades emisoras del acto, se torne ilegal y, por ende, violatorio de las garantías constitucionales explicadas en los términos expuestos en párrafos que anteceden. En la misma línea de pensamiento y dada su estrecha vinculación al tema abordado, es de invocarse el segundo párrafo, del artículo 17 Constitucional, que establece: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En la porción normativa transcrita se consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte, declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, lo que se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos. Sobre ese tema (exhaustividad), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 140/2008-SS, sostuvo que el principio de congruencia, posee dos aspectos fundamentales que debe contemplar todo juzgador al momento de emitir la sentencia. El primer aspecto es denominado congruencia externa consistente en que la resolución deberá dictarse en concordancia con las prestaciones deducidas en la demanda y con las excepciones esgrimidas en la contestación a la misma, formuladas por las partes respectivamente, es decir, que deberá sujetarse a la litis que en el caso particular se fije. Mientras que el segundo denominado congruencia interna se refiere a que la sentencia no puede contener decisiones o afirmaciones contradictorias entre sí, es decir, que las consideraciones deben ser coherentes en su desarrollo y su resolución. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la foja 193, Volumen XI, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la federación, que dice: SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, del laudo dictado dentro del juicio laboral de origen, se desprende que se resolvió que el actor tiene derecho a la aplicación del acuerdo CMC/031/2015, así como el pago retroactivo a partir del periodo 6/2016, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación correspondiente, según lo establecido en su parte considerativa. Por su parte, de la resolución reclamada se advierte que la Junta responsable cuantificó el pago de viáticos como si el trabajador laborara todos los días, desde el ocho de marzo de dos mil dieciséis al veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, sumando un total de 2,065 días, que multiplicados por $975.65 (novecientos setenta y cinco pesos 65/100 moneda nacional) le resultó un total de $2,014,717.25 pesos (dos millones catorce mil setecientos diecisiete pesos 25/100); es decir, contempló los víaticos hasta por los días que el trabajador no labora, como a continuación se transcribe: ".al respecto tenemos que de la catorcena 6, correspondiente del 08/03/2016, según el recibo de pago que obra a foja 7 de autos, tenemos que del 8 de marzo de 2016 al 23 de noviembre de 2022, fecha en que se emite la presente resolución, han transcurrido 2,065 días, los que multiplicados por $975.65, nos arroja la cantidad de $2,014,717.25 pesos, (DOS MILLONES CATORCE MIL SETENCIENTOS DIECISIETE PESOS 25/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, más lo que se siga generando hasta la fecha en que se regularice dicho pago. Se dejan a salvo los derechos para que realice la retención de impuestos que corresponda. Ahora bien, apreciándose que las constancias que obran en autos, específicamente los recibos de pago que obran en autos, de los cuales se advierte que el actor cuenta con diversos embargos judiciales, es por lo que se dejan a salvo los derechos de la demandada para que realice la retención que corresponda. ." Lo que se considera no se ajusta a lo establecido en el laudo, ya que en el mismo se ordenó que se aplicara, a favor del actor, el Acuerdo CMC/031/2015, y como consecuencia, que se le pagaran los viáticos de manera retroactiva a partir de la catorcena 6/2016; pero dicho acuerdo se refiere a las condiciones especiales de trabajo para el personal de equipos de perforación de pozos en zonas terrestres y lacustres, en el cual, se prevén las jornadas especiales de 7x7 y de 14 x14, que significa catorce días de trabajo al mes, por otros tantos de descanso. Luego, es ilegal que al resolver la cuantificación del laudo, específicamente lo conducente al pago de viáticos, la junta responsable considere todos los días desde el ocho de marzo de dos mil dieciséis al veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, sumando un total de 2,065 días, pues atendiendo a lo dispuesto en el citado Acuerdo CMC/031/2015, las jornadas especiales de 7x7 y de 14 x14, significa catorce días de trabajo al mes, por otros tantos de descanso, y siendo así, es lógico que no se le deben de cubrir los viáticos de días de descanso, por lo que deben descontarse estos días al realizar la liquidación de laudo. Por tanto, es evidente que se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa, ya que la resolución de liquidación que hoy se reclama, se aleja de lo resuelto en el laudo, al pasar por alto lo dispuesto en el Acuerdo CMC/031/2015, referente a las jornadas especiales de 7x7 y de 14 x14, que significa catorce días de trabajo al mes, por otros tantos de descanso; no obstante que el artículo 844 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse; y, siendo ello así, es obvio que al momento de liquidar el laudo se deben acatar las bases ya establecidas en el fallo laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.T. J/67, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultada en la red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 416, Núm. 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 209859, materia laboral, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACION. DEBE CONCRETARSE A LOS TERMINOS DEL LAUDO. De la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene claramente que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos." En consecuencia, al quedar evidenciadas las violaciones constitucionales en que incurrió la autoridad responsable, y acorde con lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley Reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder a la directa quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral 1304/2016. Y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva interlocutoria de liquidación tomando en cuenta los aspectos acotados en esta sentencia y apegándose a las bases establecidas en el laudo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la quejosa PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, dentro del juicio de amparo 3409/2022-I, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, hoy diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario de Juzgado Jaime Izaguirre Revilla, que autoriza y da fe. Doy fe.

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