Alfredo Torres Flores
Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alfredo Torres Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Acusa recibo. Se recibe el oficio de la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 40259/2022, con el que se le notificó el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, donde causó estado el auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. Solicita devolución de constancias. Asimismo, solicita la devolución del expediente 303/2019 remitido como justificación a su informe; en tal virtud, como lo solicita la autoridad oficiante, mediante oficio que al efecto se libre, remítasele la documental de referencia, la cual obra en un tomo de pruebas por separado, para los efectos legales procedentes...
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Destino ..., este expediente es destruible. Instrucciones al secretario. ...
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Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinticuatro minutos del dos de diciembre dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Adscrita.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Delegados y domicilio. Con apoyo en el numeral 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica, para recibir notificaciones. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la referida autoridad, las que anexa a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de autos se advierte que mediante proveído de veinticinco de octubre de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 1034/2022 y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. De los informes justificados rendidos, se advierte que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, con sede en esta ciudad, aceptó el acto reclamado y que el Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, lo negó, pues indicó que la sentencia de veintiuno de febrero del año en curso, dictada por Tribunal Agrario del Distrito XXXI dentro del expediente 303/2019 de su índice, quedó inscrita bajo el folio .. y en cumplimiento a la misma se expidió el certificado parcelario correspondiente, mismo que está a disposición del quejoso en las instalaciones de la propia autoridad. Ahora, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Alfredo Torres Flores, en su escrito de demanda de amparo reclamó la falta de ejecución de la sentencia dictada en el expediente agrario 303/2019 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI. Sin embargo de los antecedentes de la demanda se advierte que la pretensión fundamental del quejoso es la expedición del certificado parcelario de derechos agrarios sobre tierras de uso común, a su favor, toda vez que ese es el efecto final de la sentencia cuyo cumplimiento se pretende. En razón de ello, el quejoso sostiene que la autoridad responsable con su actuar omiso vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional1, el cual prevé el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados, el cual se sustenta en los siguientes principios: De justicia pronta, se traduce en que las autoridades encargadas de su impartición, tienen la obligación de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; De justicia imparcial, el cual significa que el juzgador debe emitir una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, De justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese tenor, el artículo 17 constitucional que se analiza está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, cuyo rubro y texto dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. . Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta de entregar el certificado parcelario sobre tierras de uso común del municipio de las Vigas, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo3. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, que implica que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse se traduce no sólo en la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Alfredo Torres Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de las autoridades responsables la falta de ejecución de la sentencia dictada de veintiuno de febrero del año en curso en el expediente . del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI, con sede en esta ciudad, misma que tenía como finalidad la cancelación del certificado de derechos agrarios 2753777 a nombre de Aurelia Flores Sánchez y la expedición de uno nuevo a nombre del aquí quejoso, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y del informe justificado rendido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, se desprende que ya le fue expedido el certificado de derechos sobre tierras de uso común, mismo que quedó registrado con el número 000001010304, por lo que está a su disposición en las instalaciones de la citada dependencia. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito5, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. . En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinticuatro minutos del dos de diciembre dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar notificaciones en este juicio
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