Alfredo Torres Abrahad
Expediente 648/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/02/2021
Partes del expediente
- Alfredo Torres Abrahad
- Gobernador del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. En diverso aspecto, visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de trece de octubre de dos mil veinte, se concedió al quejoso Alfredo Torres Abraham, la protección constitucional solicitada, contra actos del Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades, para el efecto de que ".para que el Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, le devuelva la cantidad que por concepto de derecho de alumbrado público pagó por lo que hace al ejercicio fiscal de dos mil veinte, por el mismo concepto en cumplimiento a la norma reclamada; sólo por lo que respecta a los servicios de energía eléctrica que tenga celebrados por los inmuebles que el quejoso tenga en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, acorde con los avisos recibo valorados en esta sentencia." En cumplimiento a lo anterior, el Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, a través de los oficios recibidos el once de diciembre de dos mil veinte y veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el primero informó que el nueve de diciembre de la anualidad pasada, se realizó la transferencia electrónica a la clave interbancaria 012180015692592803 de la institución bancaria BBVA BANCOMER a favor del quejoso Alfredo Torres Abraham, por la cantidad de $2,530.00 por concepto de devolución del pago de Derecho de Alumbrado Público respecto del número de servicio 257 180 708 597, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, remitiendo copia certificada del comprobante de la citada transferencia y; en el segundo, refirió que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, devolvió a la parte quejosa mediante transferencia electrónica la cantidad de $1,205.24 (mil doscientos cinco pesos, veinticuatro centavos), por concepto de derecho de alumbrado público. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18 fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De igual modo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se considera que el presente incidente de suspensión carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual informa que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, devolvió a la parte quejosa mediante transferencia electrónica la cantidad de $1,205.24 (mil doscientos cinco pesos, veinticuatro centavos), por concepto de derecho de alumbrado público. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual informa que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, devolvió a la parte quejosa mediante transferencia electrónica la cantidad de $1,205.24 (mil doscientos cinco pesos, veinticuatro centavos), por concepto de derecho de alumbrado público. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el escrito del quejoso Alfredo Torres Abraham, por el que manifiesta que si bien es cierto el Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, ya le devolvió la cantidad correspondiente al pago de derecho de alumbrado público del servicio de energía 257 180 708 597 mediante transferencia bancaria; sin embargo, dicha autoridad responsable no ha realizado la devolución de la cantidad de $1,205.24 correspondiente al diverso servicio de energía eléctrica 257 200 304 668. En tal sentido, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento total que dio a la ejecutoria de ampara, esto es, la devolución de la cantidad correspondiente por concepto de derecho de alumbrado público, referente al servicio de energía eléctrica 257 200 304 668, haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos, esto es, se le impondrá una multa; asimismo, SE REMITIRÁ EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Cynthia Bello López, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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