Alfredo Toledo García
Expediente 1228/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Toledo García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, este juzgador determina que el este expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se tiene por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes en los términos a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII del aludido acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Toledo García, contra el acto de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 1228/2022, regístrese en el libro de gobierno. Análisis de la demanda: Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte el quejoso Alfredo Toledo García, por derecho propio, reclama de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México: El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio contencioso administrativo 2706/19-PC3-5 de su índice, que desecha el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia administrativa, bajo el argumento de que mediante acuerdo de uno de septiembre del año en curso, de oficio, verificó el cumplimiento de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es parte actora en ese juicio, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en el que en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, se inició el procedimiento de requerimiento de cumplimiento, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva, emitida en el juicio contencioso administrativo 2706/19-PC3-5. Y en diverso auto de veinte de septiembre del año en curso, el Magistrado Instructor desechó por improcedente la queja interpuesta por el quejoso, bajo el argumento que se encontraba transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada a fin de que cumpliera con la sentencia. Conforme a lo anterior, en el caso concreto, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en sentido contrario, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." Es así, derivado que el acuerdo que reclama, que desecha por improcedente la queja interpuesta, constituye un acto dictado después de concluido el juicio administrativo, en etapa de ejecución de sentencia; acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que por sí solo no tiene autonomía propia, sino que su finalidad directa e inmediata es ejecutar la sentencia definitiva, el cual no obstaculiza dicho cumplimiento, por el contrario en él se le informa que la Sala responsable inició el uno de septiembre de dos mil veintidós, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de cumplimentar la sentencia. Dicho acuerdo que reclama, tampoco afecta de manera inmediata o inminente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ajenos a la cosa juzgada. De ahí, que al no actualizarse tales supuestos de excepción, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado dictado después de concluido el juicio administrativo de origen, al no tratarse tampoco de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la misma, o bien que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y ordena el archivo definitivo del expediente. Es aplicable la jurisprudencia I.11º.C.J/7K (11ª), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 2764, Libro 9, Enero 2022, Tomo IV, Undécima Época, registro digital 2024100, de Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLIUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inobserva que previamente admitió los juicios de amparo 903/2022, 1021/2022 y 1176/2022 del índice de este juzgado federal; sin embargo, en una nueva reflexión y en atención a que la sentencia a cumplimentar es cosa juzgada, es inconcuso que se está en fase de ejecución de sentencia, por lo cual es necesario esperar a que se emita la última resolución o que alguna durante esta fase afecte derechos sustantivos para que sea procedente el juicio constitucional. Lo que conlleva a este nuevo criterio. Aunado a que, es innecesario esperar a desarrollar el trámite del juicio de amparo para finalizar con un sobreseimiento en el presente asunto, dada la manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Finalmente se puntualiza que los criterios considerados por los juzgados Cuarto y Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, no resultan obligatorios en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la quejosa autorizando con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alfredo Benítez Toledo, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y a las restantes personas que señala, se les tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcionen el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Por otra parte, respecto a la autorización que solicita para la realización de las notificaciones por la vía electrónica, y toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "jatoledo"; por consiguiente, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se le faculta para presentar promociones y recursos por ese medio; con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, 55 a 67 y 96 a 105 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza que las notificaciones relativas a este expediente se le practiquen al quejoso únicamente por vía electrónica, con el nombre del usuario de la persona citada, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Datos de contacto. Asimismo, téngase a la quejosa proporcionando los correos electrónicos atoledo99@hotmail.com, pensionesoaxaca2021@hotmail.com, juiciospensiones2021@hotmail.com, y pensionesmerida2021@gmail.com, para establecer comunicación con este Juzgado en casos necesarios. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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