Alfredo Tlahuel Gomez
Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alfredo Tlahuel Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. I.FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 583/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Alfredo Tlahuel Gómez, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Alfredo Tlahuel Gómez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla y, otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. En auto de tres de junio de dos mil veintidós (fojas 6 a 13), se registró la demanda promovida por Alfredo Tlahuel Gómez, con el número de juicio de amparo indirecto 583/2022; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "(.) ÚNICO. Precise si señala o no como autoridades responsables al Administrador de todos los Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, FEISE. Toda vez el quejoso que en el capítulo relativo a las autoridades responsables de su demanda de amparo, nada dijo al respecto; sin embargo, en el diverso capítulo relativo a los actos reclamados, asentó lo siguiente: "2.- Administrador de todos los Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con domicilio oficial en Avenida Libertad número 6966, Colonia San Francisco Totimehuacán, Ciudad de Puebla, le reclamo la ORDEN DE COMPARECENCIA Y/0 ORDEN DE APREHENSIÓN Y/0 CITACIÓN y su Pretendida Ejecución, que sus Jueces federales que Administra en el estado de Puebla, haya librado en contra del hoy Quejoso ALFREDO TLAHUEL GOMEZ, desconociendo el suscrito el número de Causa Penal. 3.-De la Autoridad señalada como Ordenadora, Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, FEISE, con Domicilio Oficial el que bien conocido tienen en Tercer Retorno de Osa Menor número 3, Reserva Territoral Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, le reclamo tanto la ORDEN DE COMPARECENCIA Y/0 ORDEN DE DETENCIÓN Y/0 CITACIÓN que haya emitido en contra del hoy Quejoso ALFREDO TLAHUE GOMEZ, desconociendo el número de Carpeta de Investigación." (.)". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, en auto de siete de junio de dos mil veintidós (fojas 15 a 24), se desechó parcialmente la demanda, respecto del acto reclamado consistente en la orden de citación emitida presuntamente por las autoridades responsables, en contra del quejoso, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I y, con el precepto 107, fracción I, Constitucional; y, se admitió a trámite respecto de los actos restantes -órdenes de comparecencia, aprehensión y detención; así como su ejecución-; se formó por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 40). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de siete de junio de dos mil veintidós (fojas 15 a 24), se señalaron las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Alfredo Tlahuel Gómez reclama: 1. Las órdenes de comparecencia, aprehensión y, detención, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López). Niega (foja 34) 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 41) 3 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 35) 4 Administrador de todos los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega (foja 30) 5 Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FEISE), por conducto de su representante. Niega (foja 31) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Alfredo Tlahuel Gómez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. PEDIMENTO MINISTERIAL. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, previo análisis; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la constancia que indica. -Domicilio. Se hace hincapié que no ha lugar a tener por autorizado el correo electrónico que indica como medio para recibir notificaciones al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. Notifíquese por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridades responsables2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla.Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Por otra parte, no ha lugar a tener el correo electrónico y número telefónico proporcionado por la referida autoridad responsable, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomarán en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese por lista a las partes...
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