Alfredo Solorzano de Haene

Expediente 173/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
173/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Alfredo Solorzano de Haene
  • Legislatura del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V I S T O el estado de autos y advirtiéndose que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en proveído de quince de junio de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de quince de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Alfredo Solórzano de Haene, en contra del acto que reclamó a la Legislatura del Estado de Querétaro y otra autoridad en los términos siguientes: "I. El primero de ellos es para que se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en el artículo Noveno Transitorio de Ley de Ingresos para el Municipio de El Marqués para el ejercicio fiscal 2016, en la porción que no soportó el test de razonabilidad, esto es, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia, en cuando hace a la sobretasa del 8.4 al millar para predios baldíos. (.) II. Como consecuencia de lo anterior se debe devolver a la parte quejosa la cantidad erogada al aplicarle la sobretasa para predios baldíos, esto es, el 8.4 al millar, en relación al período comprendido del primer al sexto bimestres de dos mil dieciséis, respecto de los predios consignados en los recibos de pago C58-4594 y C58-4595, de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, sin que con ello quede liberada de la obligación de pagar el importe del tributo en su totalidad, pues la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la prerrogativa vulnerada consiste en pagar el importe en términos de la tasa aplicada a la generalidad de los contribuyentes, es decir, deben entonces las autoridades responsables, en cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, aplicarle al solicitante del amparo, la tasa para predios baldíos a saber, 1.6 al millar y la sobretasa general del 0.4 al millar establecida en la primera parte del artículo noveno transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2016. (.)" Por auto de cinco de abril del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a las autoridades responsables, dieran cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. (fojas 157 y 158) Mediante oficios número SAY/DJ/AMP/V/094/2017, y SAY/DJ/AMP/V/M.158/2017, recibidos en este juzgado el dieciocho de abril, y cuatro de mayo último, respectivamente, el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, informó: con el primero de ellos, que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, en la porción que no soportó el test de razonabilidad, por lo que no le aplicará la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia, en cuanto hace a la sobretasa del 8.4 al millar para predios baldíos; y con el segundo, que en las oficinas de dicha dependencia se encontraba a disposición de la parte quejosa los cheques con folio 0057935 y 0057936, por las cantidades de $15,668.25 (quince mil seiscientos sesenta y ocho pesos 25/100 m.n.) y 16,045.87 (dieciséis mil cuarenta y cinco pesos 87/100 m.n.), respectivamente, por concepto del reintegro del monto materia de la concesión del amparo. (fojas 165, 177, 178, 179) En consecuencia, el ocho de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios y anexos relativos al cumplimiento, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. (foja 180) Por escrito recibido el once del mismo mes y año, el autorizado del quejoso manifestó que la responsable no le había restituido de manera completa la cantidad que le fue cobrada en los recibos de pago con folios C-58-4594 y C58-4595 por concepto de impuesto predial, pues a su juicio le habían cobrado $20,564.58 (veinte mil quinientos sesenta y cuatro pesos 58/100 m.n.) y $21,060.20 (veintiún mil sesenta pesos 20/100 m.n.), respectivamente, mientras que en los cheques remitidos por la autoridad sólo le habían devuelto de $15,668.25 (quince mil seiscientos sesenta y ocho pesos 25/100 m.n.) y $16,045.87 (dieciséis mil cuarenta y cinco pesos 87/100 m.n.). En virtud de lo anterior, y a fin de que el suscrito juzgador estuviera en condiciones de analizar, en su oportunidad, las manifestaciones de la parte quejosa, el doce de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de el Marqués, Querétaro, y a su superior jerárquico Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, para que informaran las operaciones aritméticas realizadas para determinar las cantidades que se le debía devolver al quejoso por concepto del reintegro en el pago del impuesto predial respecto de los predios con clave catastral 110100104032014 y 110100104032031, esto es, para que explicaran cómo habían arribado a la obtención de dichas cantidades ($15,668.25 y $16,045.87) al aplicar la tasa para predios baldíos de 1.6 al millar y la sobretasa general del 0.4 al millar establecida en la primera parte del artículo noveno transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2016. En respuesta a lo anterior, por oficio recibido el diecisiete de mayo último, la autoridad responsable informó el procedimiento de cálculo realizado para la obtención de las cantidades a devolver, en la forma siguiente: 1. Estableció que el predio con clave 110100104032014, reportaba un valor catastral de $2,448,164.85 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 85/100 m.n.), por lo que tomó ese valor como base y lo multiplicó por la sobretasa general del .0004, arrojando la cantidad de $979.27 (novecientos setenta y nueve pesos 27/100 m.n.); por otra parte, multiplicó la base de referencia por la tasa para predios baldíos de .0016, obteniendo la cifra de $3,917.06 (tres mil novecientos diecisiete pesos 06/100 m.n.); asimismo, estableció que al quejoso le aplicó un descuento del 20% sobre las cantidades anteriores, por haber realizado el pago del impuesto predial en el mes de enero, arrojándose las cifras de $783.42 (setecientos ochenta y tres pesos 42/100 m.n.) y $3,133.65 (tres mil ciento treinta y tres pesos 65/100 m.n.); seguidamente, realizó la suma de las referidas cantidades, obteniendo el total de $3,917.07 (tres mil novecientos diecisiete pesos 07/100 m.n.), que es la cantidad que correspondía pagar al quejoso por concepto de impuesto predial. Posteriormente, a la cantidad pagada por el quejoso en el recibo de ingresos con serie y folio C58-4594, a saber, $19,585.32 (diecinueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 32/100 m.n.), le restó la cifra de $3,917.07 (tres mil novecientos diecisiete pesos 07/100 m.n.) y concluyó que el importe que se le debía devolver era $15,668.25 (quince mil seiscientos sesenta y ocho pesos 25/100 m.n.), importe que efectivamente corresponde al consignado en el cheque 0057935. 2. Asimismo, indicó que el predio con clave 110100104032031, reportaba un valor catastral de $2,507,166.75 (dos millones quinientos siete mil ciento sesenta y seis pesos 75/100 m.n.), por lo que tomó ese valor como base y lo multiplicó por la sobretasa general del .0004, arrojando la cantidad de $1,002.87 (mil dos pesos 87/100 moneda nacional); por otra parte, multiplicó la base de referencia por la tasa para predios baldíos de .0016, obteniendo la cifra de $4,011.47 (cuatro mil once pesos 47/100 m.n.); asimismo, estableció que al quejoso le aplicó un descuento del 20% sobre las cantidades anteriores, por haber realizado el pago del impuesto predial en el mes de enero, arrojándose las cifras de $802.30 (ochocientos dos pesos 30/100 m.n.) y $3,209.17 (tres mil doscientos nueve pesos 17/100 m.n.); seguidamente, realizó la suma de las referidas cantidades, obteniendo el total de $4,011.47 (cuatro mil once pesos 47/100 m.n.), que es la cantidad que correspondía pagar al quejoso por concepto de impuesto predial. Posteriormente, a la cantidad pagada por el quejoso en el recibo de ingresos con serie y folio C58-4595, a saber, $20,057.34 (veinte mil cincuenta y siete pesos 34/100 m.n.), le restó la cifra de $4,011.47 (cuatro mil once pesos 47/100 m.n.) y concluyó que el importe que se le debía devolver era $16,045.87 (dieciséis mil cuarenta y cinco pesos 87/100 m.n.), importe que efectivamente corresponde al consignado en el cheque 0057936. Por lo que se estima que las cantidades devueltas con base en las operaciones realizadas son correctas. Sin que obste a lo anterior, que en los recibos de ingresos que anexó la parte quejosa a su demanda obren diversos valores catastrales ($2,519,126.15 y $2,579,838.25) a los informados por la autoridad responsable el diecisiete de mayo del año en curso ($2,448,164.58 y $2,507,166.75), toda vez que si se toma como base el valor consignado en el recibo con serie y folio C58-4594, esto es $2,519,126.15 (dos millones quinientos diecinueve mil ciento veintiséis pesos 15/100 m.n.) y se multiplica por la tasa declarada inconstitucional de 8.4 al millar, se obtiene el total de $21,160.65 (veintiún mil ciento sesenta pesos 65/100 m.n.), cantidad superior a la cobrada en el aludido recibo ($20,564.58); pero si se toma como base gravable la cantidad informada por la responsable, esto es, $2,448,164.58 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 58/100 m.n.) y se multiplica por la tasa declarada inconstitucional (8.4 al millar), se obtiene la cifra de $20,564.58 (veinte mil quinientos sesenta y cuatro pesos 58/100 m.n.), que es la misma cantidad que la que se encuentra plasmada en el aludido recibo de ingresos. Lo que igualmente sucede respecto del recibo con serie y folio C58-4595, del que se advierte un valor catastral de $2,579,838.25 (dos millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 25/100 m.n.), que al multiplicarlo por la tasa declarada inconstitucional de 8.4 al millar arroja la suma de $21,671.06 (veintiún mil seiscientos setenta y un pesos 06/100 m.n.), cantidad superior a la consignada en el aludido recibo ($21,060.20); sin embargo, si se toma como base gravable la cantidad reportada por la autoridad responsable en las operaciones aritméticas informadas, a saber, $2,507,166.75 (dos millones quinientos siete mil ciento sesenta y seis pesos 75/100 m.n.) y se multiplica por la precitada tasa declarada inconstitucional (8.4 al millar), se obtiene el total de $21,060.20 (veintiún mil sesenta pesos 20/100 m.n.), que es la misma cantidad que se encuentra establecida en el recibo de mérito. En consecuencia, los valores catastrales consignados en los recibos de ingresos con serie y folio C58-4594 y C58-4595, en realidad no fueron la base gravable que utilizó la responsable para realizar el cálculo del impuesto predial que pagó la parte quejosa, sino los plasmados en las operaciones aritméticas remitidas por la responsable, a saber, $2, 448,164.85 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 85/100 m.n.) y $2,507,166.75 (dos millones quinientos siete mil ciento sesenta y seis pesos 75/100 m.n.), respectivamente, con base en las cuales se realizaron las operaciones aritméticas indicadas en los aludidos recibos. Por lo que es evidente que la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector sí aplicó al solicitante del amparo la tasa para predios baldíos de 1.6 al millar y la sobretasa general del 0.4 al millar establecida en la primera parte del artículo noveno transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2016 y, por ende, le devolvió la cantidad erogada al aplicarle la sobretasa para predios baldíos de 8.4 al millar, en relación a los periodos comprendidos del primer al sexto bimestre de dos mil dieciséis, respecto de los predios consignados en los recibos de pago C58-4594 y C58-4595, de diecinueve de enero de dos mil diecisiete. De ahí lo infundado de las manifestaciones vertidas por la quejosa al desahogar la vista otorgada en auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete. Aunado a lo anterior, se tiene que mediante oficio SAY/DJ/AMP/V/J.473/2017, recibido catorce junio último, la autoridad responsable informó haber puesto a disposición de la parte quejosa los cheques con folio 0058410 y 0058409, por $955.77 (novecientos cincuenta y cinco pesos 77/100 m.n.) y $978.79 (novecientos setenta y ocho pesos 79/100 m.n) respectivamente, por concepto de devolución de las cantidades actualizadas derivadas del pago de lo indebido. (fojas 228, 229 y 230) En consecuencia, mediante proveído de quince de junio del mismo año, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo hubiera hecho (foja 231). En virtud de lo anterior, al confrontar los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad exactora, dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger los títulos de crédito expedidos con motivo de la devolución de las cantidades actualizadas, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a su disposición de la parte quejosa el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....iv

  2. Principal

    Visto, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso Alfredo Solórzano de Haene, por el que solicita la devolución de todos los documentos originales aportados por la parte quejosa; en atención a ello, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que solicita, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, previa toma de razón que de su recibo quede en autos. Asimismo, téngase por autorizadas a las personas que refiere en su escrito para recibir los documentos solicitados, lo anterior con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al auto de diecisiete de mayo último, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de la autoridad los cheques con folio 0058410 y 0058409, respectivamente por las cantidades de $955.77 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.) y $978.79 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N); en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, con el presente auto y el diverso de ocho de mayo último, así como con los oficios recibidos en esas datas, para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que está conforme, y este Tribunal procederá a analizar de oficio lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que de inmediato deberá acudir ante la autoridad exactora a recoger el cheque respectivo, acompañando identificación oficial y copia.....IVNotifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    V I S T O el oficio de cuenta signado por el Delegado del Director de Ingresos y del Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, por el que solicita una prórroga de tres días para dar cumplimiento al fallo protector. En esa virtud, toda vez que la aludida autoridad justifica la razón de su petición (trámites administrativos y auditoría interna), otórguesele prórroga por única ocasión, de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído; por lo que dígasele a la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de el Marqués, Querétaro, al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, y a su superior jerárquico Presidente Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, que deberán cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, dentro del plazo concedido; apercibidos que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa respectiva de CIENTO CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. Lo anterior, en razón a que conforme a lo estatuido en el párrafo tercero del artículo 193 del ordenamiento jurídico invocado, el plazo para cumplir con la ejecutoria de amparo se puede AMPLIAR POR UNA SOLA VEZ. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritará la imposición de los apercibimientos decretados....IVde Ulises Alejandro López Téllez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada del Director de Ingresos y del Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, por el que manifiesta que es improcedente devolver las cantidades actualizadas requeridas, dado que en los efectos de la ejecutoria de amparo no se estableció expresamente que estuviera vinculada para ello. Ahora, del estado de autos se advierte que por sentencia de quince de marzo último, en el segundo punto resolutivo se concedió el amparo al quejoso Alfredo Solórzano de Haene, esencialmente para que se desincorporara de su esfera jurídica la obligación tributaria prevista en el artículo noveno transitorio de la Ley de Ingresos para el Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2016, en la porción que refiere a la sobretasa del 8.4 al millar para predios baldíos, y para que se le devolviera la cantidad erogada al aplicarle la sobretasa en comento, y únicamente se le aplicara la tasa para predios baldíos de 1.6 al millar y la sobretasa general del 0.4 al millar establecida en la primera parte del artículo noveno transitorio de la aludida Ley de Ingresos. Asimismo, se advierte que mediante oficio SAY/DJ/AMP/V/094/2017, recibido en este juzgado el dieciocho de abril último, la Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, en la porción que no soportó el test de razonabilidad, esto es, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia, en cuanto hace a la sobretasa del 8.4 al millar para predios baldíos; asimismo, por proveído de ocho de mayo del año en curso, se tuvo a la aludida autoridad informando que se encontraba a disposición de la parte quejosa los cheques con número de folio 0057935 y 0057936, por las cantidades respectivamente, de $15,668.25 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) y 16,045.87 (DIECISÉIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N), por concepto de devolución de las cantidades erogadas por la parte quejosa en forma indebida. En el caso, si bien en los efectos de la sentencia de amparo no se estableció en forma expresa que la autoridad exactora debía devolver las cantidades enteradas por el quejoso con su actualización correspondiente, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que aun cuando la actualización del monto respectivo no esté expresamente prevista en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, esto es, desde que éste se efectúo hasta que la devolución se recibe, por tanto, la autoridad responsable al devolver el monto debidamente actualizado, restituirá al gobernado en el pleno goce de la prerrogativa constitucional transgredida, por lo que su devolución no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 871, Libro VII, Tomo 1, correspondiente al mes de abril de dos mil doce, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Este alto tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se manifiesta de manera positiva, sino también de forma negativa, al prohibir a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas, obligándola a reintegrar al particular las obtenidas injustificadamente; asimismo, que en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, no es válido justificar la omisión de actualizar las cantidades enteradas indebidamente con la afirmación de que el contribuyente "no solicitó la actualización", ya que, por una parte, los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solicitarla, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, pero además, éste tampoco puede solicitar el monto de la devolución actualizado, pues al presentar la solicitud no puede saber cuándo recibirá por parte de la autoridad la cantidad solicitada, y dado que la actualización del pago indebido debe realizarse desde que éste se efectuó hasta que la devolución se recibe, aquél no cuenta con los elementos necesarios para hacer el cálculo al presentar la solicitud de devolución. Por otra parte, la falta de una solicitud expresa no exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, ya que la actualización de las cantidades a su cargo no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido actualizados." Igualmente, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la Jurisprudencia número 66/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el doce de junio del dos mil diez, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, que a la letra establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 46/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, es la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución de mérito, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." Criterios que al ser emitidos por el más alto tribunal del país son de observancia obligatoria para este juzgador en términos de lo dispuesto por el artículo 217, en relación con el 197 de la Ley de Amparo, y por ende para las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En mérito de lo anterior, requiérase a la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de el Marqués, Querétaro, al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería del Municipio de El Marqués, Querétaro, y a su superior jerárquico Presidente Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación, remitan el cheque que ampare las cantidades actualizadas respecto del impuesto enterado en forma indebida, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá en forma individual una multa de CIENTO CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita....IV

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