Alfredo Segura Rodríguez

Expediente 921/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
921/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Segura Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    III.-Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso...expídase a su costa copias simples del auto de diecinueve de octubre del año en curso, y entréguese previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para debida constancia legal. Para tal efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tiene la vía expedita para generar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, atendiendo el esquema de trabajo que prevalece en los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria decretada en el país...no ha lugar acordar de conformidad la solicitud del quejoso relativa a que las referidas copias le sean enviadas al correo electrónico que proporciona ni la diversa referente a que se publique el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno de manera íntegra en las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de Distrito y que se publican en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, pues precisamente el esquema de trabajo que prevalece en los órganos jurisdiccionales con motivo de la situación sanitaria decretada en el país, es el sistema de citas, a través de la generación del código QR correspondiente y así evitar la propagación del virus...

  2. Principal

    III.-...se advierte que ha transcurrido el término de cinco días...sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo...ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes....archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido....

  3. Principal

    III.- Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual pretende ampliar las pruebas ofrecidas en su escrito inicial de demanda y manifiesta que se desiste de llamar a juicio al Consejo de la Judicatura del Estado de México, como autoridad responsable... dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que, por una parte, se ordenó la separación de juicios, puesto que a criterio del suscrito, los actos que reclamó inicialmente tienen distinta naturaleza y se encuentran desvinculados entre sí, y por otra, se desechó la demanda por cuanto hace al acto reclamado al Consejo de la Judicatura del Estado de México... dígasele al quejoso, ********, que una vez que se reciba la boleta de turno para el registro de la nueva demanda de amparo, se enviará copia certificada del escrito de cuenta y el presente proveído al expediente que corresponda, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    III.- Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el dieciocho de octubre de este año el quejoso, se presentó en el local de este juzgado y ratificó el escrito registrado con el folio **** con el que desahoga la prevención formulada en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, este juzgador se encuentra en aptitud de proveer lo que en derecho procede respecto de la demanda de amparo promovida por el ocursante. Ahora bien, previo a proveer lo conducente, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza el supuesto de separación de juicios, puesto que se reclaman actos diversos, mismos que están desvinculados entre sí. La separación de juicios podrá válidamente hacerse en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, este juzgado estima procedente decretar la separación de juicios, al tratarse de actos que tiene un diverso origen, por lo que en la especie se surte la hipótesis prevista en el artículo 49 de la Ley de Amparo, aplicada en sentido contrario; en consecuencia, se ordena separar el presente juicio de amparo. Por tanto, debe estudiarse por separado a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía a la resolución que se dicte por este órgano jurisdiccional. . En ese sentido, se aprecia que los actos reclamados por el accionante del amparo en la presente instancia constitucional son: a) El proveído de dos de septiembre del año en curso dictado en el expediente 918/2018 del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el cual no se dio trámite al recurso de revocación que interpuso el quejoso en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno. b) La falta de supervisión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para vigilar que la administración de justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita y así evitar demoras, excesos, omisiones y posibles faltas administrativas. En ese sentido, atendiendo a los actos reclamados por el quejoso en el escrito de demanda y el diverso aclaratorio, se hace patente la necesidad de decretar la separación de los autos, puesto que, con independencia de lo que exponga la parte quejosa, tienen naturaleza distinta por haberse emitido el primero en un procedimiento jurisdiccional, y por tratarse el segundo de una omisión administrativa; entonces, los actos deberán ser examinados de manera independiente y autónoma. En consecuencia, el presente juicio de amparo 921/2021-III, deberá continuarse únicamente por lo que hace al quejoso, **** y por el acto reclamado consistente en: b) La falta de supervisión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para vigilar que la administración de justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita y así evitar demoras, excesos, omisiones y posibles faltas administrativas. Luego, en un diverso juicio de amparo se conocerá respecto del diverso acto reclamado que hizo consistir en: a) El proveído de dos de septiembre del año en curso dictado en el expediente 918/2018 del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el cual no se dio trámite al recurso de revocación que interpuso el quejoso en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno. . comuníquese mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a través del correo electrónico oficial a la dirección *****, el contenido del presente proveído, para que de no tener inconveniente legal alguno, realice el turno correspondiente a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, como nuevo juicio de amparo, así como la compensación correspondiente de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales federales residentes en esta ciudad; para lo cual, se remite copia del escrito de demanda y del diverso aclaratorio que obran en este sumario constitucional. Solicítese la boleta de turno correspondiente. Una vez que se reciba la boleta de turno, envíese copia certificada del escrito inicial de demanda y del diverso aclaratorio al expediente que corresponda, para los efectos legales procedentes. Lo anterior, en atención a que la situación que impera en el país ha sido decretada como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por el Consejo de Salubridad General, por lo que este caso, es necesario para la eficacia de la substanciación, a fin de cumplir con una tutela judicial efectiva, la cual es una cuestión de orden público. Precisado lo anterior, vista la demanda sobre la que se ocupará este juicio de amparo, que es la promovida por el quejoso, contra la omisión del Consejo de la Judicatura del Estado de México, se acuerda lo siguiente: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. .. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. . En ese contexto, el presente juicio de amparo únicamente se concentrara en relación con el acto reclamado por el accionante del amparo consistente en: - La falta de supervisión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para vigilar que la administración de justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita y así evitar demoras, excesos, omisiones y posibles faltas administrativas. Precisado lo anterior, el suscrito estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XX de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)." De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la propia legislación de la materia. Es importante señalar que en términos del artículo 107, fracción l, constitucional, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por ello, se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. Ahora bien, conforme al precepto constitucional citado, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y, con ello, se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés individual o colectivo, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado, la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven. Por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo, pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea o no titular del respectivo derecho subjetivo. .Lo asentado en la jurisprudencia cobra relevancia, en virtud de que al tenor de los preceptos citados, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o la ley que se reclama; por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto, omisión o la ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Así, resalta como requisito indispensable del interés legítimo, la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico", con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto, a fin de determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que conlleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes del estado estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto u omisión, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Conviene acotar que en el caso sólo se realizará el estudio del interés jurídico, pues el quejoso, al presentar la demanda de amparo, no refirió la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; ni que el acto reclamado transgreda ese interés legítimo, ya sea de manera individual o colectiva. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En el caso, la parte quejosa comparece al juicio constitucional reclamando la falta de supervisión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para vigilar que la administración de justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita y así evitar demoras, excesos, omisiones y posibles faltas o responsabilidades administrativas. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 139/2005, determinó que como el régimen de responsabilidades no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que los particulares carezcan de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que declare improcedente la queja interpuesta para fincar alguna responsabilidad administrativa. .Por lo anterior, se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, lo que actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se analiza, pues de lo que se duele la parte quejosa esencialmente es de la Comisión del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de vigilar al órgano jurisdiccional correspondiente e imponerle una sanción o iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa necesario, pues como quedó precisado, si el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, por mayoría de razón, el quejoso tampoco puede exigir una actuación específica por parte de la autoridad que señala como responsable si ni siquiera ha formulado una querella o denuncia correspondiente, como lo afirmó en el escrito de desahogo que se acuerda. Sin que represente obstáculo a lo anterior el hecho de que por regla general el análisis del interés jurídico deba realizarse hasta el momento de dictar sentencia en el juicio constitucional ya que será durante la substanciación del juicio que la parte quejosa estará en aptitud de ofrecer pruebas para acreditar la afectación a su interés jurídico; sin embargo, al existir criterio expreso y absoluto respecto de que en ese tipo de actos no se podrá acreditar el interés jurídico, dicha causa de improcedencia se actualiza de modo manifiesto e indudable, de ahí que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, proceda desechar de plano la demanda de que se trata.

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