Alfredo Sandoval Musi

Expediente 386/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
386/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Sandoval Musi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Previamente, es necesario establecer, que por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho se concedió el amparo a Alfredo Sandoval Musi, para el efecto de que el entonces Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra en que, con plena libertad de jurisdicción, analizara en su integridad el pliego de consignación, a fin de que dilucidara si la autoridad ministerial investigadora refirió algún hecho o hechos a partir de los cuales pudiera establecerse que el quejoso realizó actos de administración respecto del inmueble que precisó y resolviera lo que estimara procedente. Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras. Posteriormente, el quejoso, así como los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a este órgano jurisdiccional y al juzgado de origen interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden R.P. 287/2018 y, en sesión de veintinueve de agosto del año en curso confirmó la sentencia impugnada, aunque precisó que la concesión del amparo es para los efectos siguientes: ".a) Deje insubsistente el acto reclamado; b) Dicte otra resolución debidamente motivada, en la que con plenitud de jurisdicción y de acuerdo a lo razonado en esta ejecutoria, en cuanto a la comprobación del elemento subjetivo específico relativo al conocimiento y propósito del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya probable comisión se imputó a Alfredo Sandoval Musi, subsane la deficiente motivación aportada.". Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución. Se precisa que en la ejecutoria pronunciada por el órgano revisor se destacaron, en lo que interesa, los aspectos siguientes: 1. Que en la orden de aprehensión reclamada se tuvo por comprobada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque a partir del veintinueve de julio de dos mil nueve, por sí y a través de la sociedad mercantil "El Mirador de Colmenares, S.A. de C.V.", administró dentro del territorio nacional, el rancho "El Colmenar", ubicado en el poblado de San José de las Rucias, municipio de Soto de la Marina, Estado de Tamaulipas. 2. Que acorde con los agravios expuestos por los agentes del Ministerio Público de la Federación recurrentes, el quejoso, al haber asumido el cargo de administrador único de la moral en cita, a partir de la fecha señalada, puede presumirse que ejercía actos de administración sobre dicho inmueble. 3. Que para la comprobación de la conducta ilícita atribuida al justiciable es necesario que se demuestre, de manera probable, que tal administración la realizó con conocimiento de que los recursos con los que se adquirió ese predio proceden del producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar su origen o propiedad; que ese aspecto se tuvo por acreditado en la resolución reclamada con la copia certificada de la declaración del testigo "Ángeles", de cinco de junio de dos mil doce, quien refirió que conocía al quejoso, de quien proporcionó media filiación, asimismo, indicó que Tomás Yarrintong Ruvalcaba designó al justiciable como nuevo encargado para que Eduardo Rodríguez Berlanga, "La Conga", le rindiera cuenta de los ranchos, porque era quien conocía su funcionamiento, lo que el juez responsable estimó se corroboraba con las copias certificadas de las declaraciones ministeriales de Eliud Ulises Revilla y Cecilia Castañeda Bernal, de diecisiete de julio de dos mil trece; sin embargo, en la resolución reclamada no explicó porqué se demuestra que el quejoso tuviera conocimiento de la simulación de la constitución de la moral de que se trata, es decir, "la responsable no estableció cómo se acredita que la sociedad se constituyó con el ánimo de que, después de cuatro años, fuera administrada por el ahora quejoso"; y 4. A fin de tener por demostrado que el quejoso administró el bien de referencia "con conocimiento previo de que los recursos provienen del producto de una actividad ilícita (elemento subjetivo) y con el propósito de impedir conocer el origen o propiedad de los mismos (elemento subjetivo específico distinto al dolo)", es necesario demostrar el conocimiento, que en el caso tenía el justiciable, de que ese bien no era producto de actividades lícitas y que la operación de compra-venta ocurrida cuatro años antes, tuvo como propósito impedir que se conociera ese origen. Así, después de que se recibió copia certificada de dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables, que en el plazo de tres días, dieran cumplimiento a la misma; no obstante, a solicitud de la autoridad judicial responsable, por auto de veintitrés de septiembre pasado, se otorgó prórroga de treinta días hábiles. Por oficio recibido en este juzgado el dieciséis de octubre del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada dos días antes, con que refirió haber cumplido el fallo protector; sin embargo, por auto de catorce del mes anterior se tuvo por no cumplido, por lo que se requirió a la autoridad sustituta emitiera la resolución correspondiente en un plazo de veinte días hábiles. Así, mediante oficio que se recibió el diecisiete del mes actual, la autoridad judicial responsable sustituta remitió copia certificada de la resolución pronunciada el trece anterior, con que refirió haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por lo que la parte quejosa presentó un escrito en que manifestó que la ejecutoria no estaba cumplida. De lo expuesto, se concluye que la sentencia de amparo no está cumplida. Así se considera, porque del contenido de la resolución pronunciada por el juez responsable sustituto si bien es cierto que dejó insubsistente la determinación controvertida y, reiteró que el agraviado, a partir del veintinueve de julio de dos mil nueve, por sí y a través de la sociedad mercantil "El Mirador de Colmenares, S.A. de C.V.", administró, dentro del territorio nacional, el rancho "El Colmenar", aspecto que no fue motivo de la concesión de amparo, también es que se advierte defecto en cuanto a la forma en que estimó acreditado que el quejoso tenía "conocimiento previo de que los recursos [para su adquisición] provienen del producto de una actividad ilícita (elemento subjetivo) y con el propósito de impedir conocer el origen o propiedad de los mismos (elemento subjetivo específico distinto al dolo)", al no ajustarse a los términos que precisó el Tribunal Colegiado revisor. Lo anterior es así, pues la autoridad judicial responsable sustituta después de justipreciar las pruebas que estimó conducentes estableció: "En efecto los medios de prueba antes indicados permiten demostrar que Alfredo Sandoval Musi, conocía que el Rancho denominado 'El Colmenar'. fue adquirido con recursos que procedían de una actividad ilícita, pues de los medios de prueba anteriormente citados se obtienen como hechos ciertos firmes y acreditados los siguientes: a) Que Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, presuntamente recibía dinero en efectivo por parte de Osiel Cárdenas Guillén y su organización Cartel del Golfo, con motivo de fomentar y dar protección para que operara libremente la organización citada, esto a través de dejar pasar la droga por todo el Estado, no molestar a los vendedores de droga, avisarle de los operativos que se iban a practicar a fin de que Cárdenas Guillén no estuviera en ese momento; así como omitir cumplir sus funciones permitiendo el trasiego de la droga como es marihuana y cocaína sin que nadie los molestara, brindando apoyo por parte de las autoridades, dado el cargo público que desempeñaba en ese momento. b) Que con ese dinero que recibía y a través de prestanombres (Miguel Alberto Treviño Guevara, Fernando Alejandro Cano Martínez y Eduardo Rodríguez Berlanga, entre otros), Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, adquirió bienes inmuebles, entre los que se encuentran los ranchos 'El Colmenar' (el cual ahora nos ocupa) y 'El Mirador', los cuales posteriormente eran administrados por sus empleados Eduardo Rodríguez Berlanga y Alfredo Sandoval Musi. c) Que Eduardo Rodríguez Berlanga fungió como prestanombres para adquirir diversos Ranchos. d) Que el Rancho denominado 'El Colmenar', está a nombre de Eduardo Rodríguez Berlanga, pero es propiedad de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba. e) Y que le rendía cuentas a Miguel Treviño alias 'El Jabalí', quien fue el administrador de la casa de Gobierno durante la administración de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba. f) Que el seis de julio de dos mil seis se escrituró la Sociedad mercantil denominada 'Mirador de Colmenares', la cual conformaron los socios originarios Eduardo Rodríguez Berlanga, Cecilia Castañeda Bernal, Héctor Cristóbal Pedraza Anaya y Eluid Ulises Revilla Saldivar. El capital social que correspondía a Eliud Ulises Revilla Saldivar, Eduardo Rodríguez Berlanga lo aportó directamente de las utilidades que le tocaban de las empresas Janambres y Roquel. g) Que Cecilia Castañeda Bernal participó en la constitución de la referida sociedad en la que solo aportó $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de los $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) que le correspondían dar estatutariamente, ya que lo demás los puso Eduardo Rodríguez Berlanga. h) Que después de un plazo breve, esto es, el dieciséis de enero de dos mil siete, Eduardo Rodríguez Berlanga aportó al capital de la sociedad el 'MIRADOR DE COLMENARES, S.A. DE C.V.', los ranchos conocidos como el 'Mirador I' y 'El Colmenar', reconociéndole la sociedad por ello un valor de aportación por la cantidad de 10'500,000.00 (diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en favor de del citado Rodríguez Berlanga. i) Que después de incorporar algunos inmuebles, ante algunas diferencias entre Eduardo Rodríguez Berlanga con Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, este último decidió realizar una operación corporativa en que se aumentó el capital de la sociedad mercantil 'MIRADOR DE COLMENARES, S.A. DE C.V.' para que de ésta forma ingresara Alfredo Sandoval Musi. j) Que el ingreso de Alfredo Sandoval Musi, como accionista de la sociedad 'MIRADOR DE COLMENARES, S.A. DE C.V.', se materializó mediante asamblea extraordinaria de accionistas protocolizada ante la fe de Francisco Javier Zolezzi Lavin, Notario Público 308 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, en que se aprecia la suscripción de acciones por la cantidad de $10'000,000.00 (diez millones de pesos, moneda nacional) del nuevo accionista Alfredo Sandoval Musi, las cuales supuestamente pagó en especie con ochocientas cincuenta y tres cabezas de ganado. k) Que posteriormente mediante asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil 'MIRADOR DE COLMENARES, S.A. DE C.V.', de veintinueve de julio de dos mil nueve, acordaron la reducción de capital social con la cual no sólo salió Rodríguez Berlanga, sino también el resto de los accionistas fundadores; por lo que a Eduardo Rodríguez Berlanga, le entregaron trescientas cincuenta y seis animales de ganado con un valor aproximado de doce millones trescientos mil pesos, a Héctor Cristóbal Pedraza Anaya veinte animales, con un valor de quinientos mil pesos, a Eliud Ulises Revilla Zaldivar veinte animales con un costo de quinientos mil pesos y a Cecilia Castañeda Bernal, se autorizó la venta de sus acciones a favor de la empresa 'Sabinas Industrial Sociedad Anónima de Capital Variable', por conducto de su representante legal Jesús Abdo Sandoval Musi, por un monto total de doscientos mil pesos todo ello como pago del retiro de sus acciones, asimismo, en esa misma asamblea se revocó el cargo como administrador único al citado Rodríguez Berlanga u se nombró en su lugar a Alfredo Sandoval Musi". Con base en lo anterior, el juez responsable sustituto determinó que el quejoso sabía que los recursos con los que se adquirió el rancho "El Colmenar" provenían del producto de una actividad ilícita, porque: ".formaba parte del grupo cercano de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, así como que era la persona de más confianza de este último, puesto que así lo señaló el testigo colaborador 'Ángeles', además que como lo refirió el testigo colaborador 'Dorper', que compró el rancho 'El Colmenar' con dinero que le daba Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba a través de su encargado de la casa de gobierno que era Miguel Treviño Guevara, en tanto que el testigo colaborador 'Ángeles' señaló que conoció a Eduardo Rodríguez Berlanga en el año dos mil tres, en casa de gobierno de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, donde se lo presentó éste, y que Berlanga aparece como dueño del rancho 'El colmenar', rancho que se dedica a la crianza de ganado, y que los pagos de dicho inmueble se hicieron a través de Eduardo Rodríguez Berlanga, con dinero que le entregó Miguel Alberto Treviño Guevara, quien era el empleado de Tomás Yarrington, encargado de administrar los ranchos y sus propiedades, ya que se conocen desde la infancia y durante el gobierno de Yarrington, era el encargado de la casa de gobierno, rancho, además que el testigo colaborador 'Ángeles' señaló que debido a que Berlanga empezó a tener diferencias con Tomás Jesús Yarrington, éste designó como nuevo encargado para que le rindiera cuentas a Eduardo Rodríguez Berlanga, alias 'La Conga' de los ranchos a Alfredo Sandoval Musi, por ser quien conocía su funcionamiento, asimismo se advierte que para que este último ingresara a la sociedad como administrador único simularon una operación con ganado, ya que se advierte que éste ingreso con acciones en especie consistentes en ochocientas cincuenta y tres cabezas de ganado con valor supuestamente de diez millones de pesos moneda nacional, de los cuales no se tenía registro y posteriormente en el acta de asamblea extraordinaria se estableció que Berlanga recibió trescientas cincuenta y seis cabezas de ganado con valor de doce millones trecientos mil pesos, es decir, menos cabezas de ganado con mayor valor. Lo anterior, cobra especial relevancia con la copia certificada de la declaración ministerial del testigo colaborador 'Dorper' de veintiuno de junio de dos mil doce, quien en lo que interesa, refirió que en el rancho 'el Colmenar', sólo existían seiscientas cabezas de ganado". Otro indicio que destacó fue el dictamen contable de veinticuatro de junio de dos mil catorce, elaborado por los peritos Miguel Ángel Zaragoza Cuervo y Ángel Pedro Ramírez Rodríguez, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República, quienes concluyeron que de las declaraciones de impuestos del quejoso, correspondientes a los ejercicios 2005 al 2011 resultó un excedente de treinta y ocho millones setecientos sesenta y dos mil trecientos diecinueve pesos con cincuenta y cinco pesos; probanza que estimó apta y suficiente para determinar que ese excedente, le generaba convicción ".en cuanto a que la conducta que desplegó fue con el conocimiento de que los recursos con los que se adquirió el Rancho 'El Colmenar', proceden del producto de una actividad ilícita, con el evidente propósito de ocultar el origen de los mismos, pues evidentemente al realizar actos relacionados con el ganado en ese rancho se podía ocultar el origen ilícito de los recursos, en tanto, con las negociaciones realizadas con el mismo se podía considerar que el dinero era ilícito". Por otro lado, la autoridad judicial responsable sustituta estableció que el amparista administró el bien de referencia con el propósito de ocultar su origen o propiedad, ya que a través Eduardo Rodríguez Berlanga, Cecilia Castañeda Bernal, Héctor Cristóbal Pedraza y Eliud Ulises Revilla Saldivar, simularon la constitución de la sociedad "MIRADOR DE COLMENARES, S.A. DE C.V.", pues del dicho de los mismos se advertía que Eduardo Rodríguez Berlanga fue quien dio las aportaciones que a ellos les correspondía y, posteriormente, debido a que el antes nombrado tuvo "diferencias" con Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, este último designó al quejoso como nuevo encargado para que Eduardo le rindiera cuenta de los ranchos, por ser quien conocía su funcionamiento, que para que el justiciable ingresara a la sociedad como administrador único, simularon una operación mercantil con ganado, ya que el amparista ingresó con acciones en especie, consistentes en ochocientas cincuenta y tres cabezas de ganado con valor supuestamente de diez millones de pesos, de los cuales no se tenía registro y, posteriormente, en el acta de asamblea extraordinaria se estableció que Eduardo recibió trescientas cincuenta y seis cabezas de ganado, con valor de doce millones trecientos mil pesos, es decir, menos cabezas de ganado con mayor valor (que los que aportó el agraviado). Adicionalmente, la autoridad judicial responsable sustituta precisó: ".Sin que pase inadvertido que en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se precisó que en la resolución constitutiva del acto reclamado, la autoridad responsable no estableció cómo se acredita que la sociedad se constituyó con el ánimo de que, después de cuatro años, fuera administrada por el ahí quejoso, y que ese aspecto fue retomado en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Decimotercero de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo, 386/2018, donde se determinó que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo, sin embargo, en concepto de este órgano jurisdiccional, ese aspecto constituye un enunciado que no tiene relación con los efectos de la concesión de amparo, puesto que para la acreditación del cuerpo del delito resulta irrelevante el acreditar que la sociedad se haya constituido con el ánimo de que después de cuatro años fuera administrada por el imputado Alfredo Sandoval Musi, tan es así que en la propia resolución emitida en el amparo en revisión 287/2018, se señaló que la orden de aprehensión reclamada no estaba motivada en virtud de que no se expusieron las razones por las cuales con las pruebas obrantes en la indagatoria se demostraban los elementos subjetivos relativos a que Alfredo Sandoval Musi, realizó la conducta atribuida con conocimiento previo de que los recursos provienen del producto de una actividad ilícita y con el propósito de impedir conocer el origen o propiedad de los mismos; aspectos que ya fueron abordados -precedentemente en esta resolución, y que respetuosamente se considera ninguna relación tienen con el enunciado antes referido.". Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional determina que la ejecutoria de amparo no está cumplida. Así se estima, porque aun cuando se ha dejado sin efectos la resolución controvertida, asimismo, se emitió otra en que se reiteraron los aspectos que no fueron motivo de la concesión, se destaca que las consideraciones expuestas por la autoridad judicial responsable sustituta, a partir de las cuales concluyó que el quejoso tenía "conocimiento previo de que los recursos [para su adquisición] provienen del producto de una actividad ilícita (elemento subjetivo) y con el propósito de impedir conocer el origen o propiedad de los mismos (elemento subjetivo específico distinto al dolo)", no son eficaces para establecer que existe fundamentación y motivación en los términos que precisó el Tribunal Colegiado revisor. En efecto, se precisa que la naturaleza de la prueba circunstancial o indiciaria, utilizada por la autoridad judicial responsable sustituta, a fin de tener por acreditados tales elementos subjetivos, radica en el análisis de hechos probados (indicios), que relacionados entre sí, mediante un enlace lógico-jurídico y natural, son eficaces para presumir la existencia de otro hecho desconocido, es decir, parte de la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada, que incide en la materialidad del delito, identificación del culpable o de las circunstancias del acto incriminado. Sin embargo, también es conveniente destacar que la prueba circunstancial es muy específica en cuanto a su modo de operar, lo que significa que debe hacerse un uso moderado, aplicándola, en principio, únicamente en los casos en que los hechos a acreditar no sean de aquellos fácilmente demostrables con pruebas directas, que sean idóneas según el delito de que se trate, y ocuparse por excepción sólo cuando existan hechos acreditados que sirvan no para probar, sino para presumir la existencia de otros, o sea, para su integración con rango de prueba plena y suficiente para demostrar un hecho, debe partirse de un minucioso análisis de los elementos aportados a la causa, para lo cual la autoridad judicial debe exponer las razones a partir de las cuales se pueda inferir su enlace lógico-jurídico, sin que le sea dable suplir la insuficiencia de pruebas a través de su aplicación, infiriendo hechos y circunstancias que a la postre pueden resultar carentes de veracidad en perjuicio del justiciable. Bajo ese contexto, se estima que las consideraciones expuestas por la autoridad sustituta no permiten establecer cuál es el enlace lógico-jurídico entre los hechos probados [que precisó en los incisos a) a k)] y las pruebas que justipreció, que le permitieron inferir la acreditación de los elementos subjetivos supracitados, porque, en lo que interesa, sólo precisó que el quejoso "formaba parte del grupo cercano de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, así como que era la persona de más confianza de este último" y conocía el funcionamiento de los ranchos, asimismo, que el excedente obtenido en el dictamen oficial en contabilidad le generaba convicción para evidenciar ".que la conducta que desplegó fue con el conocimiento de que los recursos con los que se adquirió el Rancho 'El Colmenar', proceden del producto de una actividad ilícita, con el evidente propósito de ocultar el origen de los mismos, pues evidentemente al realizar actos relacionados con el ganado en ese rancho se podía ocultar el origen ilícito de los recursos, en tanto, con las negociaciones realizadas con el mismo se podía considerar que el dinero era ilícito"; afirmaciones que, a criterio de este juzgador, constituyen especulaciones al no encontrar apoyo en alguna razón que las justifique, es decir, no existe congruencia o vinculación de que el quejoso, por ser parte de un grupo "cercano" a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, por saber el funcionamiento de los ranchos, por tener excedente en su declaración de impuestos y realizar actos "relacionados" con ganado revelen que, al haber administrado el rancho "El Colmenar", tenía conocimiento de que los recursos con que se adquirió ese bien provenían de recursos ilícitos y, al realizar esa función, pretendió ocultar su origen. Aspecto que es más evidente, porque lo expuesto por la autoridad judicial responsable sustituta no permite saber cuál es el dato o información que obtuvo de la "cercanía" que afirmó tenía el agraviado con Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, así como del conocimiento del "funcionamiento" que el quejoso tenía respecto de los ranchos, para inferir la acreditación de los elementos subjetivos mencionados, circunstancia idéntica ocurre al señalar el exceso de recursos que tenía el justiciable obtenida de sus declaraciones de impuestos y la realización de actos (de comercio) con ganado, pues no indicó porque esos hechos le permitieron concluir en el sentido en que lo hizo. Por lo anterior, se determina que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, al no haberse concretado los efectos de la concesión del amparo, con fundamento en los preceptos 192, 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad judicial responsable sustituta, que en el plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente al que quede notificada de este proveído, cumpla la ejecutoria de amparo; tiempo que se considera suficiente para tal efecto, debido a la voluminosidad de la causa de origen y porque se encuentra impuesta del contenido de los autos. Por último, en cuanto al contenido del ocurso signado por la parte quejosa, recibido en este juzgado el veinticuatro del mes en curso, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de diecisiete del mes en curso (foja 835); por tanto, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales serán materia del pronunciamiento que este juzgado realice respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria en el presente controvertido.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas, teniéndose por autorizadas para recogerla a las personas que indica en el ocurso que se provee.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese en autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual se informa que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo requerida por este órgano de control constitucional, se dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 64/2019-IV (antes 4/2017, del entonces Juzgado Séptimo de Distrito en las citadas materia, fuero y residencia), por lo que en la temporalidad concedida se emitirá una nueva determinación; de lo que se toma conocimiento.

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