Alfredo Sandoval Musi

Expediente 495/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
495/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Sandoval Musi

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual remite el testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 5/2018, cuyo resolutivo es: "ÚNICO.- El Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ALFREDO SANDOVAL MUSI.". Acúsese recibo del testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 5/2018. Atento a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, previa las anotaciones respectivas. Finalmente, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un asunto que carece de relevancia documental en el que éste juzgado declaró no tener competencia legal para conocer del juicio de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Intégrense las constancias del exhorto 101/2018, número de orden 147/2018, del índice de este Juzgado, que remite la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, enviado para notificar el proveído de diez de abril del año en curso a la parte quejosa; acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. En ese tenor, téngase por notificada a dicha parte del acuerdo referido. Por otra parte, aagréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio con los autos originales del presente asunto, a efecto de que dirima el conflicto competencial planteado por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; asimismo, que lo registró bajo el número de conflicto competencial 5/2018.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remite el juicio de amparo indirecto 957/2017 y constancias que lo acompañan; lo anterior, en virtud que en sentencia de cinco de abril anterior, ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, únicamente en lo que respecta a las autoridades responsables Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Procurador General de la República y Titular de la Policía Federal Ministerial. Acúsese el recibo de estilo del expediente referido y de las constancias consistentes en: Treinta y un tomos de la causa penal ... ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 459/2018-VI-A. INCOMPETENCIA En ese tenor, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; .. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora, si bien es cierto que el juez declinante argumenta carecer de competencia en virtud de que las autoridades ejecutoras Procurador General de la República y Titular de la Policía Federal Ministerial, negaron la existencia del acto reclamado; por lo que, el solo señalamiento por parte del quejoso respecto a que la ejecución del acto reclamado trató de llevarse a cabo en su domicilio ubicado en ... no es suficiente para determinar la competencia en su favor; también lo es, que al haber aceptado la autoridad ordenadora el acto del que se duele el quejoso - orden de aprehensión -, este mandamiento deberá ejecutarse, por lo que, la negativa de las ejecutoras se desvirtúa y se tiene por cierto su informe justificado. De la misma forma, se advierte que las autoridades ejecutoras referidas tienen el carácter de federales, dependientes de la Procuraduría General de la República, las cuales, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo tanto, cualquiera de sus agentes adscritos tendrá facultades para ejecutar el mandamiento de captura que nos ocupa en cualquier lugar en el que se localice al quejoso, su domicilio, por ejemplo; caso contrario, sería cuando se señalaran solamente autoridades ejecutoras locales y éstas negaran el acto de ejecución reclamado. Asimismo, contrario a lo establecido por el juez declinante, en el caso, no solamente el domicilio de la parte quejosa determina la competencia, sino también, el hecho consistente en que existen autoridades ejecutoras, que tienen facultades para llevar a cabo la ejecución del el acto reclamado dentro de su jurisdicción y, que no obstante que hayan negado el acto reclamado, dada su naturaleza, se debió desvirtuar ésta; aunado a que desde el escrito inicial de demanda se señalaron autoridades responsables con residencia en el lugar donde el homólogo federal referido ejerce competencia. Lo anterior, en apego a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que, para determinar la competencia cuando se trate de una orden de aprehensión, es indispensable la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de distrito, para que aquella se finque en su favor. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y , que son de los rubros y textos siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Conforme a tales preceptos, este órgano federal no acepta la competencia planteada por el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado trató de ejecutarse en el domicilio del impetrante, lugar donde tienen jurisdicción las autoridades ejecutoras que el quejoso señaló como responsables, tal como lo manifiesta en su libelo de amparo bajo protesta de decir verdad; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se trate de ejecutar el acto reclamado y, en el caso específico, será competente el juez ante el que se previno la demanda por tratarse de un acto que puede tener ejecución en diferentes circunscripciones, no obstante, como ya se estableció, que en su momento, las autoridades ejecutoras hubieran negado el acto reclamado, pero al haber sido admitido por la ejecutora, esa negativa se desvirtúa. Tal presunción de certeza no solo es aplicable en el territorio de la ordenadora que emitió el acto, sino, también, en la Ciudad de México, al tener, la Procuraduría General de la República, competencia sobre todo el territorio nacional; asimismo, al haberse señalado desde el escrito inicial de demanda autoridades con residencia dentro de ese territorio; por lo que, la competencia para resolver el presente juicio, recae sobre el juez de distrito que previno. Luego, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Al respecto, el aquí quejoso reclama la orden de aprehensión y, de sus antecedentes se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad que el 17 de noviembre de 2017 se apersonaron en el domicilio ubicado en ... unas personas que se ostentaban como agentes federales ... lo que permite evidenciar que la orden privativa de libertad habrá de ejecutarse en la Ciudad de México, o en cualquier lugar en donde se localice al quejoso, en virtud de tratarse de un mandamiento a ejecutarse por agentes federales dependientes de la Procuraduría General de la República, quienes tienen competencia en toda la República Mexicana. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dado que el acto que combate el quejoso, se habrá de ejecutar por autoridades que tienen su residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de distrito, sin que se soslaye que haya señalado a diversa autoridad con residencia en esta ciudad, pues esto no implica que la orden de privación de la libertad sea ejecutada en dicha circunscripción territorial, aunado a lo anterior, el juez declinante al ordenar la separación de autos, sobreseyó con respecto a diversas autoridades, que al igual que el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, tienen residencia en la misma ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.31 P (10a.), visible en la página 2758, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que es del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA. Cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla, sitio el cual, ordinariamente, deberá ser aquel en que se encuentre dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Por ende, si no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en determinado circuito judicial (por ejemplo, cuando no se advierten datos a partir de los cuales pueda inferirse que el destinatario de esa orden ya se encontraba localizado) y, frente a ello, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó o, incluso, como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden, que se hubiera designado para su reclusión preventiva un centro carcelario localizado en diversa demarcación, por cuestión territorial, salvo excepción expresa, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica el Juez penal que ordenó la aprehensión. De igual forma, en virtud de que la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso conlleva ejecución material, ésta puede llevarse a cabo en cualquier lugar en el que pueda localizarse la parte quejosa, no necesariamente en el domicilio que señale o en el que tenga su jurisdicción la autoridad responsable; esto es, podrá tener ejecución en más de un Distrito; por lo que, como se insiste, la competencia se surte a favor del órgano jurisdiccional en donde se haya prevenido la demanda. Sustenta lo dicho la tesis con número de registro 237105, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Volumen 217-228, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación que es del epígrafe y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. En este tenor, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada por el homólogo oficiante, en mérito de los razonamientos expuestos. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, devuélvase el juicio de amparo y sus anexos, al Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional el pronunciamiento que recaiga al presente, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Ahora, en virtud de que el quejoso señaló domicilio para recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado, el ubicado en calle ... con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio referido y notifique el presente proveído a ... o a quien lo represente. Asimismo, deberá requerirlo, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec), con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, deberá remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez Federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de ese sistema de expedientes. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para la revisión de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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