Alfredo Salvador Calderón Vázquez
Expediente 134/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Alfredo Salvador Calderón Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el lapso de seis meses que concede el artículo 156 de la Ley de Amparo vigente a la parte tercera perjudicada, para que pueda hacerse efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorgan con motivo de la suspensión. Asimismo, se aprecia que lo propio ocurrió con el plazo de dos años que prevé el arábigo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para exigir la devolución de los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su caso generen. Sin que durante dicho período se haya presentado promoción alguna por la parte tercera interesada, con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que otorgó el peticionario del amparo, así como tampoco del agraviado ni del depositante, para exigir la devolución del certificado de depósito número N 716161, que ampara la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional, consignada para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida; por consiguiente, se declara prescrito en favor del Fisco Federal, el certificado de depósito de que se trata. En esa virtud, una vez que cause estado esta determinación, mediante atento oficio que al efecto se gire, deberá remitirse debidamente endosado para su cobro a la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 126 a 128), la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de dieciocho de mayo del año actual (folio 129), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 68 a 83), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de ********************por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, así como el pago por la cantidad de ******************** por concepto de inscripción de préstamo hipotecario, ambas cantidades erogadas en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. 3. De igual modo, deberá considerarse que las cantidades remanentes a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, consistente en el pago de derechos por inscripción de contrato de transmisión de la propiedad de bien inmueble con garantía hipotecaria, así como inscripción de préstamo hipotecario que está acreditado en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Ante ello, a través del oficio recibido por este Juzgado Federal el diecisiete de mayo del año en curso (fojas 126 a 128), la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia efectuada a la cuenta de la parte quejosa por la cantidad de ********************, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó las cantidades totales de ********************y ********************, sin embargo el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de ******************** (********************), que resultó de restar al aludido monto la diversa cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos) que corresponde al cobro de la cuota fija mínima sin las contribuciones adicionales previstas en la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos de que se trata, así como la diversa de ******************** que dan como resultado total ********************, sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el diez de enero de dos mil dieciocho y en el mes de mayo de dos mil dieciocho, se efectúo la devolución mediante transferencia a la cuenta de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del actual año entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813; y para el mes de abril del año actual de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ********************. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver ********************, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver ********************, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad ******************** por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de ********************; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de ********************, es decir, le devolvió de más la cantidad de $76.81 (setenta y seis pesos con ochenta y un centavos moneda nacional), pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la parte quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector, al efectuar la transferencia por la cantidad que indica a la cuenta del agraviado; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, a través del cual, en vías de cumplimiento al fallo protector concedido informa que el quejoso ya le proporcionó los datos requeridos, por lo que una vez que la Dirección General de Tesorería lleve a cabo la transferencia bancaria informará lo propio; por consiguiente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes.
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