Alfredo Rubén Zepeda Reyes

Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
470/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Rubén Zepeda Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad.

  2. Principal

    REGISTRO DE DEMANDA Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA Con el oficio de la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y un anexo, consistente en el original del juicio de amparo 646/2021 de su índice y cinco copias del escrito de demanda promovida por Alfredo Rubén Zepeda Reyes, fórmese el expediente y regístrese con el número 470/2021. De la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 646/2021, se observa que declaró carecer de competencia por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfredo Rubén Zepeda Reyes, por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en turno, para que manifieste si se avoca a su conocimiento. Por tanto, tomando en consideración que del contenido de la demanda de amparo se observa que el acto reclamado deriva de una carpeta de investigación, se estima que corresponde a la materia penal, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado SE DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer de la demanda propuesta; acúsese el recibo correspondiente y, por tanto, se acuerda: DESECHAMIENTO Del análisis del escrito de demanda se advierten diversas irregularidades; empero, resulta innecesario prevenir al inconforme para que subsane las deficiencias advertidas, dado que se considera que se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia, por lo cual procede desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el numeral citado se establece la obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. El promovente refiere que reclama a los Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de los Estados de Puebla y Veracruz la omisión de continuar con el trámite de trasladar a su menor hija con identidad resguarda 138-A-2020, del DIF Estatal de Veracruz al DIF Estatal de Puebla. Sin embargo, al exponer los hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado, refiere que por oficio 540/2021 de diez de marzo de dos mil veintiuno, la Fiscal Octava Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de Xalapa, Veracruz, en la carpeta de investigación UIPJ-1/FE8/2162/2021, solicitó a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal del Estado de Veracruz, se coordinara con el DIF del Estado de Puebla, para realizar el traslado de la adolescente con clave numérica 138-A-2020, a fin de ser resguardada en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla. De lo cual se observa que la menor se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público dentro de la carpeta UIPJ-1/FE8/2162/2021 y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz; además de que la orden para trasladar a la menor de la procuraduría del Estado de Veracruz a la similar del Estado de Puebla fue emitida por la autoridad ministerial en la indagatoria referida, con la finalidad de que la procuraduría del Estado de Puebla continúe con su resguardo. Esto es, los Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de los Estados de Puebla y Veracruz, no actúan con autonomía en el resguardo y traslado de la menor, sino bajo el mandato de la autoridad ministerial a disposición de quien se encuentra la menor y, por tanto, es la fiscal que ordenó su traslado a quien corresponde verificar su cumplimiento. Ante ello, la omisión atribuida a los procuradores no se actualiza de forma autónoma, sino dentro de la carpeta de investigación UIPJ-1/FE8/2162/2021, al ser la autoridad ministerial a quien corresponde verificar el cumplimiento de la orden de traslado de la menor en los términos y condiciones en que lo determinó. No obstante lo anterior, en el caso, es innecesario requerir al promovente para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la Fiscal Octava Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de Xalapa, Veracruz, en la carpeta de investigación UIPJ-1/FE8/2162/2021, ya que contra las omisiones y dilaciones que surgen dentro de una carpeta de investigación el juicio de amparo es improcedente, ya que la ley que rige el acto establece un medio ordinario de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, Alfredo Rubén Zepeda Reyes reclama a los Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Puebla y Veracruz, la omisión de continuar con el trámite de trasladar a la menor de identidad resguardada 138-A-2020, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Sin embargo, como se precisó, esa omisión se actualiza dentro de la carpeta de investigación UIPJ-1/FE8/2162/2021, en la que la menor tiene el carácter de víctima del delito y quien promueve dice tener la calidad de padre; por tanto, pese a que el promovente omitió exhibir el acta de nacimiento con la que justifique su entroncamiento con la menor, se desprende que su intención es hacerlo en su representación. Por ende, el promovente antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Efectivamente, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). En tal sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las aclaraciones y omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica -la sala indicó- que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en el precepto citado no se limite a las taxativamente previstas en el propio numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia del medio de defensa aludido, ya que implican una paralización de su función investigadora donde se incluye recibir las querellas presentadas ante él. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la omisión de la autoridad investigadora que aquí controvierte, aun y cuando la omisión del Ministerio Público de verificar el cumplimiento de la orden de traslado de la menor no tenga por objeto paralizar la investigación. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZACIÓN EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Respecto a la solicitud relativa a que se autorice la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo a través del usuario EuseReZe, con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así mismo, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que los autos que deban notificarse a la parte quejosa de manera personal únicamente se realicen por vía electrónica, para lo cual, se remiten los autos a la Analista Jurídico sise adscrita, para que proceda a realizar el alta respectiva. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a Eusebio Bernardino Reyes Zepeda. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a la reproducción de constancias mediante medios electrónicos de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMAS DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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