Alfredo Romero Martínez

Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
954/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Romero Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio por una parte y negado la protección constitucional por otra, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfredo Romero Martínez, en términos de los considerandos tercero y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfredo Romero Martínez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin que a la fecha haya fenecido el plazo de quince días otorgado para tal efecto. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa reclamó, esencialmente lo siguiente: La omisión de dar respuesta a los escritos de: Diecisiete de septiembre, quince de octubre y diez de noviembre, todos de dos mil veinte; Cinco de enero y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; y, Dieciocho de febrero y nueve de agosto de dos mil veintidós. La omisión de dar respuesta al escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (fojas 80 a 98) y al efecto remitió diversas documentales consistentes en: Copia certificada del oficio CAPAM/DG/166/2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós, a través del cual da respuesta al escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Copia certificada del oficio CAPAM/DG/378/2022 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a través del cual dice dar respuesta a los diversos escritos. Copia certificada de la impresión de pantalla de la notificación de seis de abril de dos mil veintidós del oficio CAPAM/DG/166/2022; y, copia certificada del estado de cuenta de los pagos realizados en el contrato 105548, a nombre de Alfredo Romero Martínez. Ahora, mediante auto de trece de octubre de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa para que dentro de un plazo de quince días manifestara si era su manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda de amparo inicialmente planteada respecto a: "Los oficios de cuatro y seis de abril, este último remitido vía correo electrónico al quejoso y nueve de agosto, todos de la presente anualidad. (.)" Al respecto, debe indicarse que de las constancias remitidas por la autoridad, se advierte que el oficio de seis de abril de dos mil veintidós, resulta inexistente, pues lo que se efectuó en dicha data fue la notificación vía electrónica del de cuatro de abril de dos mil veintidós. Asimismo, el oficio de nueve de agosto de dos mil veintidós, también resulta inexistente, pues, lo remitido por la autoridad responsable fue el oficio CAPAM/DG/378/2022 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Se regulariza el procedimiento y se da vista para ampliación. En consecuencia, a fin de no violar las reglas del procedimiento, se regulariza el procedimiento y se previene a la parte quejosa para que dentro del término de quince días legamente computados, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de: El oficio CAPAM/DG/378/2022 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se da respuesta a los escritos de cuya omisión se dolía; Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se seguirá el juicio como inicialmente se promovió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Así como la tesis XVII.1o.C.T.41 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1878 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia Común, Décima Época, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO EL QUEJOSO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, AFIRMA QUE NO TUVO POSIBILIDAD MATERIAL DE CONOCER EL CONTENIDO DEL O LOS ACTOS RECLAMADOS, Y DE ÁQUEL SE ADVIERTAN DATOS NO CONOCIDOS POR ÉSTE, PROCEDE NOTIFICAR SU RECEPCIÓN PERSONALMENTE Y APLICAR EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99-PL, evidenció, entre otras cosas, que si en el momento en que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, aparecían datos no conocidos por el quejoso, procedía la ampliación de la demanda, la cual podía recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Por otra parte, el numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo señala el arbitrio que el legislador otorgó al Juez para el efecto de ordenar que una notificación se realice personalmente, cuyo objeto es que las resoluciones de trascendencia sean del conocimiento directo de las partes, con el fin de brindar oportunidad para que hagan valer las defensas que procedan o, en su caso, actúen acorde con lo ordenado en la determinación judicial; esto, se concatena con el objetivo primordial del diverso 117, en cuanto a dar vista a los interesados con el contenido del informe justificado, para que se impongan de las razones y fundamentos que la autoridad responsable estima pertinentes invocar para sostener, ya sea la improcedencia del juicio respectivo, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora bien, cuando en la demanda de amparo el quejoso, ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación, afirma su imposibilidad material para conocer el contenido del o los actos reclamados; expresa su intención de ampliar sus motivos de disenso cuando, a través del informe mencionado, sea sabedor de tales aspectos; en el asunto rija el principio de estricto derecho; y del informe justificado se adviertan datos no conocidos por aquél, dadas las circunstancias específicas imperantes, en la especie, siguiendo como pauta fundamental las directrices jurídicas brindadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se justifica mandar notificar la recepción del informe personalmente y dar igual tratamiento al supuesto en comento -datos no conocidos-, que a aquel que en cuanto a actos nuevos (que guarden estrecha relación con los reclamados) dispone el numeral 111 de la ley de la materia, con la finalidad de no dejar inaudita a la discordante ante el especial panorama planteado; propósito que en cierta medida subyace también en lo prescrito en el numeral citado. Sin que sea obstáculo que la parte agraviada debe estar al pendiente de la sustanciación del juicio, pues debe privilegiarse que aquélla no quede en estado de indefensión; también porque deviene preponderante que el resolutor se encuentre en aptitud de dilucidar la litis en su integridad, en aras de una completa impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la ampliación de la demanda tiene como finalidad incluir debidamente las pretensiones del quejoso". Además, se hace del conocimiento de la peticionaria de amparo que, de considerar favorable a sus intereses cumplir con la prevención que se le efectúa, el cumplimiento respectivo deberá ser por escrito colmando los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, con las copias suficientes del escrito de ampliación para correr traslado a las partes de este juicio. Sin que sea necesario dar vista respecto al oficio CAPAM/DG/166/2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós, a través del cual da respuesta al escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, toda vez que el mismo ya fue señalado como acto reclamado. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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