Alfredo Rodríguez Vega
Expediente 730/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alfredo Rodríguez Vega
- Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y la resolución en la que se otorgó la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno; de la misma forma, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece el artículo Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, antes referido. Hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de queja penal 143/2017, interpuesto en contra de la suspensión provisional; agréguense al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo dice: "PRIMERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de queja. (.)".
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, por el cual informa que el dieciocho agosto del presente año, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Alfredo Rodríguez Vega, en autos de la causa penal 24/2017-III, instruida en su contra por el delito de despojo en agravio de Servicio Acapulco Diamante, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Ezequiel Villavicencio Altamirano, y al efecto anexa copia certificada de dicha resolución, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de la emisión de la citada determinación. En relación con dicho acto, sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impide resolver el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión atribuida al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en contra del promovente del amparo, y de acuerdo con la copia certificada remitida por la aludida autoridad responsable dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el nueve de agosto del año en curso, por el delito de despojo en agravio de Servicio Acapulco Diamante, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Ezequiel Villavicencio Altamirano, y el dieciocho del mismo mes y año, le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el diez de agosto de la presente anualidad, mientras que el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado a favor de la parte promovente del amparo data del dieciocho de este mes. En ese tenor, es claro que durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó a la parte quejosa auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, tomando en consideración que los efectos de dicha resolución es que se libere al inculpado en virtud de que los datos reunidos en la averiguación previa no bastaron para acreditar el cuerpo del delito, misma que no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal del Estado, se pueden allegar datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de ahí que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de aprehensión, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que la parte quejosa aduce. En ese orden de ideas, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de libertad por falta de elementos para procesar implica que la libertad del peticionario de amparo se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional, sin afectar la nueva situación derivada del citado auto de libertad, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Bajo ese contexto, al sobrevenir la causa de improcedencia en comento; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con las constancias que obran en autos, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado a los Coordinadores Regionales de los Sectores Central, Barrios Históricos, Jardín, Coloso, Renacimiento, Mozimba y Zapata, todos de la Policía Investigadora Ministerial, dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, al no haber sido reclamado por vicios propios. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese sin proveer sobre su contenido el diverso comunicado oficial signado por la citada autoridad, en razón de lo manifestado en líneas anteriores. Notifíquese personalmente.
- Principal
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