Alfredo Rodríguez Sánchez

Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
201/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Rodríguez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 201/2022. Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintidós. Juez reasumió competencia Se agrega al presente cuaderno de antecedentes el oficio con evidencia criptográfica del actuario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, por el cual informa que el titular de ese órgano reasumió la competencia legal declinada por este juzgado, por lo cual no insistió en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por , quien se ostentó como defensor particular del quejoso y acusa recibo del expediente original del expediente 201/2022. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró la incompetencia legal. Resguardo del expediente (ARCHIVO) Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente, y éste continuará la sustanciación del asunto. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declinó la competencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 201/2022. Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe el oficio de cuenta con anexo, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, por el cual remite la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y otras autoridades. No se acepta la competencia declinada. Esta juzgadora considera no acepta la competencia planteada por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, por dos razones: la primera consiste en que el acto reclamado no tendrá ejecución en el Estado de Puebla; y la segunda estriba en el hecho de que el momento procesal en que se declinó la competencia no encuentra respaldo legal. Se explica: El artículo 37 de la Ley de Amparo, citado como fundamento de la determinación adoptada por el secretario en funciones de Juez de Distrito, como bien lo reconoce, establece los parámetros que regulan la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo, cuando el acto reclamado tenga o pueda tener ejecución en determinada circunscripción territorial y cuando el acto reclamado carezca de ejecución. El artículo 37 de la Ley Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. ." Luego, en el caso se reclama una orden de aprehensión, librada para privar de la libertad al aquí quejoso a fin de someterlo a un proceso penal; por lo cual, esa orden de aprehensión, necesariamente, busca materializarse a través de la detención del quejoso para someterlo a un proceso penal; de ahí que, nos encontramos ante el primero de los supuestos antes aludidos, esto es, un acto positivo. Sin embargo, como la competencia constituye un presupuesto procesal indispensable para la validez de lo resuelto en el juicio de amparo, por lo que debe realizarse un análisis de todas los elementos objetivos, como son el grado, la materia y el territorio; por ende, en opinión de esta Juzgadora, esa circunstancia obliga a que se identifique con exactitud al órgano que asiste la competencia legal; lo contrario implicaría soslayar diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y se provocaría un estado de incertidumbre, pues los destinatarios de esa función desconocería qué órgano jurisdiccional debe conocer y resolver el conflicto que presenta. Respalda lo anterior, la tesis "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. ." En otras palabras, la declinación de competencia del juicio de amparo indirecto, debe tener el respaldo de un análisis que esclarezca sin resquicio de duda cuál es el órgano de amparo competente para resolver la controversia. Sobre todo porque el numeral 48 de la Ley de Amparo (que más adelante se citará), no contiene previsiones legislativas que permitan declinar la competencia legal durante el trámite del juicio de amparo una vez admitido, como en el caso ocurre, ya que no se cuenta con toda la información necesaria para declinar la competencia, pues deben examinarse todas las circunstancias que derivan de las constancias, pues ello implicaría que el Juez de Distrito a quien se turnara el juicio de amparo indirecto, se viera enfrentado a analizar las demás cuestiones de competencia que surgieran de las constancias, aun incompletas, para determinar el órgano al cual, efectivamente, asistiera la competencia legal para resolver la controversia. Establecido lo anterior, debe indicarse que la revisión efectuada al juicio de amparo indirecto 345/2021 del Juzgado Sexto de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia el Puente Grande, se advirtió un primer aspecto que impide a esta Juzgadora aceptar la competencia legal para conocer de ese juicio de amparo. Lo que se detectó consiste en el hecho de que el quejoso se encuentra privado de su libertad, recluido en el Centro Penitenciario Federal de 18, ubicado en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. Eso significa que no goza del derecho a deambular libremente por el territorio nacional; por ende, al tener restringido ese derecho, por encontrarse interno en el Centro Penitenciario Federal de 18, ubicado en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, diluye por completo la posibilidad de que la orden de aprehensión reclamada pueda ejecutarse en el territorio del Estado de Puebla, pues no deambula libremente por la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Por tanto, no basta con que el juez el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y el Fiscal del Estado, aceptaran el acto que de manera respectiva se les atribuye (foja 99, 138 y 139), y que el resto de las autoridades responsables lo negaran, pues la condición objetiva relativa a que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario Federal de 18, ubicado en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, es suficiente para desvirtuar la negativa expuesta por el Fiscal General del Estado de Coahuila (foja 82), porque si el quejoso se encuentra interno en el centro penitenciario de marras, es evidente que se tiene un alto grado de certeza que será en ese lugar donde se ejecute la orden de aprehensión reclamada. Lo que se corrobora con el oficio que envió por interconexión el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en la ciudad de Torreón, del que se desprende que al quejoso se le sigue la causa penal , en la que se decretó su legal detención, se le vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como delito de sustracción de hidrocarburo y se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva justificada por el tempo que dure el proceso, sin exceder de dos años. Aunado a ello, desde la demanda el quejoso reclamó la ejecución de la orden de aprehensión a ".las dependencias o instituciones encargadas de cumplimentar la los mandamientos judiciales." entre ellas, las que dependan de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, sin que en el acuerdo de admisión se proveyera lo correspondiente a esa solicitud. De modo que, en opinión de esta Juzgadora, la competencia se debió declinar a favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con competencia territorial en Ramos Arizpe, Coahuila, acorde a lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, esta Juzgadora rechaza la competencia legal declinada, pues las constancias del juicio de amparo indirecto , contienen suficientes datos para visualizar que el territorio situaría la aptitud legal en un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Coahuila. Sólo que esta Jueza de Distrito no puede examinar ese presupuesto procesal, concomitante a la competencia, porque se carece de una norma habilitante para realizar ese análisis, dado que el artículo 48 de la Ley de Amparo, sólo permite al Juez de Distrito que recibe un juicio de amparo por declinación de competencia, decidir de plano si la acepta o no y de inmediato comunicarlo al órgano declinante. En otras palabras, la regulación prevista en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no permite realizar un segundo análisis de competencia para identificar al órgano que deba resolver la controversia. Más aún, de realizar ese segundo análisis, se desatendería el contenido del invocado numeral 48, porque en lugar de decidir si se acepta o no la competencia declinada, se examinarían las constancias del juicio de amparo indirecto * para decidir si el elemento consistente en el territorio sitúa la aptitud legal en un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Coahuila. Lo cual, se insiste, no está previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, dado que este carece de previsiones legislativas para realizar un segundo análisis de competencia, con el cual pudiera un Juez de Distrito remitir a otro, el juicio de amparo que hubiera recibido por declinación de competencia. Así, esta juzgadora considera que la falta de estudio del lugar en el que se ejecutará la orden de aprehensión reclamada, en el juicio de amparo indirecto , impide aceptar la competencia declinada. Apoya lo considerado con antelación, : "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. ". Por otra parte, el segundo motivo que impide a esta jugadora aceptar la competencia, consiste en el momento en que el secretario en funciones de Juez de Distrito decidió declinarla. Para justificar lo anterior, es oportuno citar el artículo 48, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De la disposición transcrita, se desprende la facultad del Juez de Distrito para declarar que carece de competencia legal respecto de una demanda, sin decidir sobre la admisión ni la suspensión de los actos reclamados, salvo que correspondan a los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, los previstos en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Esa facultad también puede ejercerse en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto, porque si las constancias recabadas para integrar la controversia, revelan datos relacionados con la incompetencia legal, el Juez de Distrito estará en condiciones de declinar la competencia al dictar la sentencia de la audiencia constitucional, y ordenar la remisión del expediente de amparo al órgano correspondiente por territorio, materia, vía, grado, entre otras condiciones. Por ende, se insiste, la posibilidad de declinar la competencia de un juicio de amparo durante a través de un acuerdo, durante la substanciación del juicio, no está previsto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, razón por la cual es válido afirmar lo siguiente: el Juez de Distrito que decline la competencia al pronunciarse sobre la radicación de la demanda o al dictar la sentencia de la audiencia constitucional, en un juicio de amparo indirecto. De no hacerlo al recibir la demanda, entonces, ha se pronunciarse sobre ese aspecto en la audiencia constitucional pero no durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, pues debe examinar todas los elementos que integran el presupuesto procesal de competencia que surjan de las constancias recabadas en el trámite, para identificar con exactitud al órgano en el cual se actualice el presupuesto procesal de competencia, a fin de que éste continúe el dictado de la sentencia y resuelva la controversia. Así, el Juez de Distrito que reciba el juicio de amparo indirecto con la audiencia constitucional desahogada hasta la fase de sentencia, podrá decidir de plano si acepta o no el conocimiento del asunto, como lo regula el mencionado artículo 48. De lo contrario, se devolverá el juicio de amparo indirecto al órgano que declinó la competencia, en la sentencia de la audiencia constitucional, para que éste resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su competencia legal, como también se desprende del artículo 48 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena girar inmediatamente atento y respetuoso oficio vía interconexión y a través del servicio de mensajería acelerada (estafeta) al juez declinante, a fin de hacer de su conocimiento que este operador jurídico no acepta la competencia legal planteada, en atención a los razonamientos expuestos con antelación. Por ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvansele por el referido servicio de mensajería acelerada (estafeta) también los autos remitidos, solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo (vía interconexión). De igual modo, se solicita de manera atenta y respetuosa al juez oficiante se sirva comunicar a este juzgado federal si insiste en declinar su competencia y, en su caso, si remitió el asunto al conflicto competencial que corresponda. Notifíquese y cúmplase.

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