Alfredo Rodríguez Rivera

Expediente 442/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
442/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Rodríguez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte . . . se declara que el mismo ha causado estado . . . archívese este expediente como asunto totalmente concluido . . .

  2. Principal

    - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE . . .

  3. Principal

    AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE PROMOVENTE EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 02/04/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 27/03/2018 Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "....Querétaro, Querétaro, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por Alfredo Rodríguez Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo primero de Primera Instancia Familiar del Partido Judicial de Querétaro; luego, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 442/2018-I. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que del contenido íntegro del escrito de demanda, así como del anexo que acompaña a la misma y del diverso ocurso con número de registro 7626, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en:  El auto dictado por el Juez Décimo primero de Primera Instancia Familiar del Partido Judicial de Querétaro, en autos del expediente número 309/2018, relativo al juicio sumario que sobre custodia de menores promueve Rocío Estrada Ruiz en contra de Alfredo Rodríguez Rivera; en el que entre otras cuestiones, el juez familiar impone como medida cautelar, la orden de restricción para que el ahora promovente del amparo no se acerque a una distancia de cien metros de su menor hijo y de la actora de origen. Así las cosas, esta Juzgadora advierte en relación al citado acto reclamado, que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción transcrita con anterioridad, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 361, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Lo anterior es así, pues en contra del acto reclamado consabido, que versa en el auto en el que entre otras cuestiones, el juez familiar impone como medida cautelar, la orden de restricción para que el ahora promovente del amparo no se acerque a una distancia de cien metros de su menor hijo y de la actora de origen, esto, dentro del expediente número 309/2018, relativo al juicio sumario que sobre custodia de menores promueve Rocío Estrada Ruiz en contra de Alfredo Rodríguez Rivera; procede el incidente de inconformidad, previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Luego, como ya se dijo, en contra del auto reclamado procede el incidente de inconformidad, a que se refieren los numerales 199 fracción I, 202 inciso d) y 211 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Querétaro, los cuales establecen: "Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: I. La separación de los cónyuges o concubinarios y las que tiendan a salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados;..." "Artículo 202. Además de las disposiciones señaladas en el artículo que antecede, tratándose de violencia familiar, en los casos en que el juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos, las causales invocadas, las pruebas hasta ese momento exhibidas, los dictámenes, informes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos de esta índole y con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, podrá decretar las siguientes medidas: [.] d) Restringir al cónyuge agresor para que no se acerque o realice cualquier acto de molestia, por cualquier medio, a los agraviados, a la distancia que el propio juez considere pertinente;." "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." De la anterior trascripción, se advierte que el auto dictado en el expediente natural, mediante el cual, entre otras cuestiones, impone como medida cautelar, la orden de restricción para que el ahora promovente del amparo no se acerque a una distancia de cien metros de su menor hijo y de la actora de origen; puede ser combatido a través del incidente de inconformidad previsto en el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, por el cual es jurídicamente posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación de tal acto autoritario y en la misma pieza de autos, pues de resultar desfavorable la resolución que se dicte en la incidencia respectiva, admitiría aún, el recurso de apelación, previsto en el artículo 659 en relación con el 730 del mismo ordenamiento legal citado; por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, el impetrante de amparo, debe agotar dicho medio de defensa (incidente de inconformidad) o medio de impugnación (apelación), previsto por la Ley ordinaria y finalmente una vez agotados dichos medios, poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causal de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo que por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ilustra lo anteriormente expuesto por identidad de criterio, la Tesis Aislada número VI.2o.C.398 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1837, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBEN RECLAMARSE EN LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El incidente de reclamación previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, contra la resolución que decreta una providencia precautoria, debe agotarse por la parte contra quien se promueve o quien tenga interés en la reclamación antes de acudir al juicio de amparo indirecto en defensa de sus garantías individuales, pues sólo de esta forma se satisface el principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Así como, la Tesis 249 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1363, del Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL.- Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de pruebas que no otorga un recurso, puesto que éste solo tiene en cuenta las constancias y el contenido en que se dictó el auto impugnado, mientas que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida.". De esa tesitura se desprende, que lo procedente en el caso, es que se reclame ante el propio juez señalado como responsable, la nulidad de tal mandamiento, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste le resultara adverso, está en aptitud de ocurrir al juicio de amparo. En consecuencia, al no haberse agotado el medio de defensa que prevé la ley ordinaria, incumplió con lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de garantías, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a lo dicho, la jurisprudencia 451, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 300, Tomo VI, Apéndice de 1995, que estatuye: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". Aunado a que debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtenerlos, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS DE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia.". Máxime, que en la especie no se actualiza ninguna de las causas de excepción previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de amparo vigente; puesto que la quejosa no es tercero extraño al juicio de origen, en virtud que como ya se dijo resulta ser parte en el mismo (demandado); además, el acto reclamado en estudio no se trata de aquéllos que importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por consiguiente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Alfredo Rodríguez Rivera, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Ricardo Daniel Camacho Caballero y Favio Erasmo Tovar Peña, por así solicitarlo expresamente; y por lo que hace a Gabriela Lizzette Bejarano Sánchez y Ricardo H. Camacho Muñoz, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerles las diversas facultades que les fueron conferidas, una vez que acrediten ante éste Órgano estar plenamente autorizados para ejercer la profesión de abogado). Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente....". ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.

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