Alfredo Roberto Cuenca Buendia

Expediente 1736/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1736/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Roberto Cuenca Buendia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio remite copia certificada del proveído de quince de octubre del año en curso, del que se desprende que decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida en el juicio de origen. Por tanto, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que se impongan de su contenido y en su caso manifiesten lo que a su interés convenga relativo a lo determinado por la autoridad responsable; por lo que concluido el plazo de tres días, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la misma.

  2. Principal

    Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; medio de impugnación que se registró con el número AMPARO EN REVISIÓN ******* de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    ... Por lo antes expuesto y, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio, respecto del acto reclamado y autoridad señalados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto que reclama, en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO.- En términos del último considerando de esta sentencia, se ordena su publicación con supresión de datos personales...

  4. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se desprende que ********** no soslayó inconformarse contra la resolución de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer; en consecuencia, se declara firme dicha resolución. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta así como del estado procesal que guardan los autos se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a las partes en proveído de diez de agosto de dos mil dieciocho, para que ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes en el incidente innominado; por tanto, se provee en los siguientes términos: Se admiten como pruebas de la parte quejosa y de la autoridad responsable -Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan- las documentales que hacen referencia en su escrito y oficio de mérito así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de ser relacionadas con el valor probatorio que la ley les concede al momento de la celebración de la audiencia incidental. Tocante a la prueba de inspección judicial, que ofrece la parte quejosa a desahogarse al tenor del cuestionario que acompañó en su ocurso recibido el nueve de agosto del año en curso, misma que ofrece con la finalidad de demostrar el tiempo que prestó sus servicios como Agente Investigador de la Policía de San Martín Texmelucan, Puebla. Al respecto, cabe precisar que a la citada prueba de inspección judicial, no resulta idónea, en atención a las siguientes consideraciones. Es menester señalar que en el presente asunto actualmente se encuentra en vías de cumplimiento, en el cual se encuentra tramitado el incidente innominado para determinar el monto exacto a devolver a la parte quejosa con motivo de la ejecutoria de amparo. En atención a ello el quejoso anunció como prueba dentro del referido incidente innominado la inspección judicial en la diligencia que se lleve a cabo a cargo de un fedatario público, para que examine los libros de nómina de los años dos mil diez a dos mil dieciocho, que se encuentran en las oficinas de la autoridad responsable. Cabe precisar que la esencia de la inspección judicial es que el funcionario actuante de fe de lo que tiene a la vista y pueda percibir a través de los sentidos; es decir, en el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuál es, sus características, señales o vestigios, esto es, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la realidad. Como ya se mencionó en el presente asunto que hoy nos ocupa es determinar el monto exacto a devolver a la parte quejosa con motivo de la ejecutoria de amparo, por lo que el admitir el desahogo de la prueba ofrecida por la parte quejosa (consistente en la inspección judicial respecto de los libros de nómina de los años 2010 a 2018) solamente se obtendría una descripción física de dichos libros relatada por un fedatario público, por lo que no resultaría idónea para determinar el monto que se le tiene que devolver a la parte quejosa, y por ello solo dilataría el procedimiento del presente sumario, lo cual iría en contra del principio de economía procesal que rige al juicio biinsancial. A su vez, el diverso principio de idoneidad de la prueba implica que los elementos o medios de convicción pueden ser aptos para evidenciar lo afirmado en el juicio de amparo. De lo anterior se desprende que las partes en el amparo tienen derecho a ofrecer pruebas, aunque ese derecho no es irrestricto, está condicionado a lo previsto en la ley y necesariamente a la pertinencia de la probanza con los hechos controvertidos (principio de pertinencia o utilidad de la prueba), así como a la idoneidad del medio de convicción. De ahí la exigencia de que la prueba guarde relación con los hechos controvertidos objeto de la demostración, exigencia cuya finalidad, entre otras, es evitar diligencias innecesarias, sin objeto, pues como ya se mencionó el admitirlas a pesar de no ser pertinentes evidentemente redunda en una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los propios justiciables, cuando no tienen utilidad para el proceso. En esa óptica, es clara la intención del legislador de que las pruebas aportadas en el juicio de amparo sean de utilidad procesal, lo cual se cumple, en primer lugar, con la satisfacción del principio de pertinencia procesal, consistente en que la prueba efectivamente tienda a acreditar lo cuestionado en el juicio; luego, conforme a este principio se colige asimismo que no deben admitirse los medios probatorios cuyo contenido no tenga relación directa con la materia jurídica en cuestión y, por tanto, sean inconducentes, redundantes o inútiles. Además, respecto a la pertinencia y a la idoneidad de la prueba ha de justificarse la necesaria relación lógica o jurídica entre el medio (prueba) y el hecho a demostrar (lo que no acontece en el presente asunto) lo cual el juzgador debe sopesar y tener singular cuidado al momento de proveer sobre la admisión de la prueba para no dejar sin defensa al oferente, pues tal rechazo debe hacerse sólo cuando se tenga certeza de que el medio propuesto no es pertinente por ser ajeno a los hechos objeto de la controversia o no es idóneo porque el específico medio de convicción no tenga claramente la posibilidad de evidenciarlo. Por tanto, cuando no se satisfacen los principios de pertinencia y de idoneidad de la prueba ofrecida, pese a estar reconocida como de aquéllas que pueden ofrecer las partes, es evidente que el juzgador no está obligado a admitirla; pero cuando no es así, está compelido a admitirlas y mandar preparar su desahogo -de ser el caso- para garantizar a los contendientes los derechos referidos. Por lo antes expuesto, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa. En esa misma vertiente, del estado procesal de los presentes autos se advierte que mediante proveído de diez de agosto de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente a las pruebas que estimaran pertinentes respecto del incidente innominado, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta en la cual se desprende que ha transcurrido el plazo para que las partes ofrecieran pruebas en el referido incidente. Por tanto, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de determinar el monto que debe ser reintegrado a la parte quejosa, gírese oficio al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para que en el plazo de tres días, contados a partir de su notificación, proporcione el nombre de un profesional que pueda fungir como perito oficial en este juicio de garantías, en la materia de contabilidad, apercibido que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa. Por último, agréguese a los autos el escrito signado por *************, parte quejosa; visto su contenido, dígasele al promovente que su petición ya fue acordada en los párrafos que anteceden,

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