Alfredo Rios Arreola
Expediente 434/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2018
Partes del expediente
- Alfredo Rios Arreola
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de diez de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acto Reclamado: . PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL, POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. (sic). En esas condiciones, permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracciones XX, de la Ley de Ampro, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán. De lo anterior se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Pues debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un medio de defensa extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Entonces, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto en que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que, como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. 3.1 La naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad. Este órgano jurisdiccional considera necesario destacar la reforma constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, en relación a los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, párrafo sexto del diverso 27, párrafos cuarto y sexto del numeral 28 y la adición de un párrafo a los diversos 27 y 28, recorriéndose los subsecuentes en su orden. Derivado de la menciona reforma, el once de agosto de dos mil catorce, se publicaron la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de la Industria Eléctrica, las que entraron en vigor al día siguiente, quedando abrogados el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, así como el Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público. Ahora, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se advierte que se transformó la naturaleza de la referida comisión y se dispuso que la misma es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión; por lo que dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que constituía un ente del Estado con el objeto fundamental y principal, de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, y se formó una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, que tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, como se advierte del contenido del artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Así, la Comisión Federal de Electricidad en términos del artículo 57 de la Ley de la CFE, podrá contar con empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, pero en la fracción II del artículo Décimo Quinto Transitorio de la citada Ley, se establece que en tanto no se pueda cumplir con los requisitos para crear una empresa filial, la Comisión puede crear empresas productivas subsidiarias para realizar actividades distintas a la transmisión y distribución de energía eléctrica, como el suministro. Por otra parte, en cuanto al suministro básico de energía eléctrica, en las fracciones XLVI, XLIX y LVI del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica se define al suministro básico y a qué se entiende por suministrador y usuario de dicho suministro. El suministro básico es el que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea usuario calificado. Por usuario de suministro básico debe entenderse al usuario final que adquiere ese suministro y el suministrador es el permisionario que lo ofrece a los usuarios y representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a los generadores exentos que lo requieran. En el artículo 51 de la Ley de la Industria Eléctrica se establece que previamente al inicio del suministro básico o suministro calificado, el usuario final deberá celebrar un contrato de suministro con un suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico y en el caso de suministro básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto es, por virtud del nuevo régimen y características del suministro de energía eléctrica, los usuarios finales de esa energía no contratarán por la prestación de ese servicio directamente con la Comisión Federal de Electricidad, sino con el permisionario respectivo o con la empresa filial o subsidiaria creada por la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, por la importancia y complejidad de la reestructura hecha al tema de la energía eléctrica, en lo que interesa, en los artículos transitorios Tercero y Vigésimo Primero de la Ley de la Industria Eléctrica y en el Octavo y Décimo Cuarto artículos transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, se hicieron las salvedades siguientes: i) En tanto se expidieran las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica, se continuarían aplicando, en lo que no se opusieran a la mencionada ley, las disposiciones expedidas con anterioridad. ii) Durante el periodo de reestructura de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía, según correspondiera, continuarían prestando los servicios de generación, transmisión, distribución, comercialización y control operativo del Sistema Eléctrico Nacional con la finalidad de mantener la continuidad del suministro eléctrico. iii) Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. iv) El régimen especial previsto en la nueva ley para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes y remuneraciones, entraría en vigor hasta que se encontrara en funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y estuvieran en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. 3.2 Definiciones jurisprudenciales interrumpidas en la actualidad. Para entender si la persona moral citada es o no autoridad responsable en este caso, es importante determinar que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. De todo lo expuesto, en un primer momento, se determinó por la jurisprudencia que los actos reclamados con motivo de un supuesto pago injustificado, corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, no era autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo que se corrobora y robustece, por lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estos casos en particular, como a continuación se expone: i) La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica. ii) El aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. iii) El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. 3.3 Jurisprudencia. Lo anterior se sostuvo por la Segunda Sala del Máximo Tribunal a la luz de la Ley de Amparo vigente, en las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 y 44/2014, (10a.). 3.4 Nueva Jurisprudencia temática. Sin embargo, la Segunda Sala interrumpió los anteriores criterios para precisar la naturaleza de los contratos de suministro de energía eléctrica, que en dichas jurisprudencias los había ubicado como contratos de adhesión entre particulares. Así, a partir de octubre de dos mil catorce, la Segunda Sala determinó que los contratos de suministro de energía eléctrica, de acuerdo a sus características, no deben considerarse como celebrados entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos, concluyendo que no existe un plano de igualdad entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios y, por tanto, que no se genera una relación de coordinación. De esta forma, como consecuencia se reconoció el carácter de autoridad a la Comisión Federal de Electricidad, ya que su relación con los usuarios del servicio de energía eléctrica derivaba en actos administrativos, por lo que la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que tales actuaciones eran reclamables en el ámbito administrativo, bien por medio del recurso de revisión contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; lo anterior, sin perjuicio de que se promoviera el juicio de amparo cuando se reclamaran normas generales de forma destacada, lo que conlleva a considerar que a la Comisión Federal de Electricidad se le reconoció la calidad de autoridad para efectos de dicha vía constitucional. Derivado de lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió la tesis 2a. CVI/2014 (10a.). Así como la tesis 2a. CVII/2014 (10a.). 3.5 Conclusión. Tomando en consideración lo anterior, en este caso no se surte el principio de definitividad, que consiste en la obligación por parte de la impetrante de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance a fin de revocar, nulificar o modificar los actos reclamados, previo a la promoción del amparo, porque no se acudió al recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o al juicio de nulidad, además, ese requisito no fue cumplido, pues no se reclaman normas generales de forma destacada; por consiguiente, es claro que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Bajo tal tesitura, los actos reclamados por la promovente del amparo no constituyen actos impugnables directamente mediante el juicio constitucional, pues en éste se reclaman a la Comisión Federal de Electricidad el cambio de medidor de energía eléctrica, la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica; lo que podría controvertirse mediante los recursos ordinarios ya citados. 4. Desechamiento. Por las razones expuestas, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Alfredo Ríos Arreola, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sin que pase inadvertido que en agosto del año dos mil quince, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpió el criterio sostenido en la tesis 2a. CVII/2014 (10a.); donde abandonó la conclusión de que los actos de la Comisión Federal de Electricidad son actos administrativos, únicamente para controversias que deriven de la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica entre la referida Comisión y los usuarios, toda vez que dicha cuestión es de naturaleza comercial, por lo que dichos actos deben dilucidarse por la vía mercantil...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 5,103 expedientes
- Alfredo García Hernández y Otros.21/2021
- Alfredo Machorro Fernández196/2017
- Alfredo Machorro Fernández1389/2018
- Alfredo Marín Contreras687/2017
- Alfredo Marín López848/2018
- Alfredo Martínez Akal346/2018
- Alfredo Rivas Pérez684/2019
- Alicia Díaz Velasco y Otros.869/2017
- Alicia Hernández Moreno684/2017
- Alicia Méndez Sánchez1366/2018
- Alicia Meza Herrera516/2018
- Alicia Vilchis Castellanos892/2017