Alfredo Ricardo Méndez Martínez
Expediente 996/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Ricardo Méndez Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA VII "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías promovida ...., el cual se le notificó el tres de octubre de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ...se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
MESA VII ".. Vista la demanda de amparo promovida ******, contra actos del Presidente Municipal de Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 996/2018. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente (en adelante Ley de Amparo o Ley de la materia), procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I, y 5º fracción I, de la Ley de Amparo; los cuales disponen que el juicio de amparo solamente es procedente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así también, que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos y las garantías que otorga la Carta Magna y los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Como se ve, el juicio de amparo es un procedimiento especial que se inicia con el ejercicio de una pretensión consistente en hacer que las autoridades respeten los derechos humanos de los gobernados, reconocidos tanto en la norma constitucional como en la diversa supranacional; ya sea que estos gobernados sean personas físicas, morales y aún oficiales; por tanto, sólo el juicio de garantías está al alcance de los particulares o de la autoridad que actúe en un plano igual al de ellos, es decir, sin la investidura de autoridad. En efecto, el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a sus derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, en virtud de normas generales, actos u omisiones de autoridad; y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la norma general, acto u omisión autoritarios frente al gobernado se dan en una relación de supra a subordinación; también pueden ocurrir al amparo las autoridades que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades, y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus normas generales, actos u omisiones, en una relación de supra a subordinación; por tanto, y por exclusión, el juicio de amparo no es procedente cuando lo promueve una autoridad por actos que afecten el ejercicio de su imperio, esto es, cuando el acto de autoridad que ataca lesiona sus intereses o los intereses que tutela como ente público, dentro de su ámbito de soberanía, pues en este caso existe entre dicha autoridad y la que emite la ley o acto una relación de coordinación. Por otra parte, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho de petición; esto es, el derecho que tienen los gobernados de acudir ante las autoridades por escrito, de manera pacífica y respetuosa, realizando peticiones de su interés; a las cuales debe recaer acuerdo escrito, de la autoridad a quien se haya dirigido, quien está obligada a hacer saber la respuesta en breve término al solicitante. En el caso, de la lectura integral de la demanda y sus anexos se advierte que el promovente *******, insta el presente juicio de garantías contra el Presidente Municipal de Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca, donde le reclama la omisión de dar contestación a sus escritos de fechas diez de agosto, veintiuno de agosto, veintiocho de agosto y catorce de septiembre de dos mil dieciocho, donde solicitó en su carácter de Síndico Único Constitucional del Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, que convocara de manera urgente a una sesión extraordinaria de cabildo. Según se ve, la parte quejosa se ostenta como autoridad, es decir, revestido de imperio, pues firmó sus escritos de cuya falta de contestación se duele, con tal carácter, no como particular. Luego, es evidente que actúa en ejercicio de sus atribuciones propias, pues realiza gestiones para obtener lo peticionado en dichas comunicaciones que revisten el carácter de oficial; todo ello, en su calidad de autoridad; lo cual denota que el acto reclamado, en modo alguno afecta su esfera de derechos. Bajo ese contexto, el acto reclamado no puede ser materia de examen a través del presente juicio de amparo, pues se reitera, en ellos, el quejoso actuó como autoridad dirigiéndose a otra autoridad, no como gobernado. Por consiguiente, como el juicio de amparo no se creó para salvaguardar los principios de unidad y coherencia de la actividad pública, ni para resolver los conflictos que pudieran suscitarse entre los entes públicos de diferente jerarquía, sino para proteger los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y si en el caso concreto, el promovente efectuó solicitudes oficiales al Presidente Municipal de Santa María Atzompa, Centro, Oaxaca, en ejercicio de sus funciones, como ente de derecho público y no como gobernado, es inconcuso que su acción constitucional deviene improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Fortino López Vásquez y Giovanni Antonio Hernández y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Diana Itzel Mejía Santiago. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. CONSTE.)
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