Alfredo Rangel Buendia
Expediente 699/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Alfredo Rangel Buendia
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se aprecia que mediante oficio 751/2021, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de tres de marzo del año actual, emitido en los autos del juicio administrativo laboral 293/E06/2017, de su índice, mediante el cual, en lo conducente, acordó la ratificación de la prueba pericial en caligráfica y grafoscópica del perito César Adrián Hernández Rodríguez, asimismo, ordenó girar oficio al Jefe de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que le proporcionara un perito para una nueva opinión técnica en caligrafía y grafoscopía. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las gestiones que ha llevado a cabo a fin de dictar la nueva interlocutoria con motivo del incidente de competencia planteado dentro del juicio administrativo laboral de origen; apercibida que en caso de no acatar a lo aquí ordenado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, en auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en Toluca, Estado de México, aceptando la competencia que se planteó dentro de este asunto; en consecuencia, previa copia simple que se deje en el expediente del informe de cuenta, remítasele a la mencionada autoridad judicial para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 24799/2021 signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en Toluca, Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia que se le planteó mediante proveído aquí dictado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, la que registró bajo el número de juicio de amparo 732/2021; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 5027/2021-VIII, firmado por el Secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la manifestación realizada por Alfredo Rangel Buendía, en la que solicita el amparo, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México; acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 699/2021-I, y fórmese el expediente correspondiente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica, en agravio del quejoso Alfredo Rangel Buendía, ya que manifestó que le están dando medicamento caducado que pone en riesgo su salud, esto es, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en su calidad de autoridad responsable, deberá en forma inmediata prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. La autoridad responsable deberá informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que haya dado a la presente suspensión, apercibida que de no acatar lo anterior se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $8,962.00, moneda nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cual de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así, el promovente señala como acto reclamado la inadecuada atención médica por parte de las autoridades penitenciarias en donde se encuentra recluido, ya que manifiesta que le están dando medicamento caducado lo cual afecta su salud. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la falta de atención médica de las responsables, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso Alfredo Rangel Buendía (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México), por lo que es obvio que se están llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. Sirve de apoyo, la tesis de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 2093, del mes de julio de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con residencia en Toluca, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que se encuentra recluido el peticionario de amparo. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." También es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con residencia en Toluca, a fin de que se avoque al conocimiento del juicio, dada la competencia que se le plantea, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. No se soslaya que la manifestación realizada por el quejoso Alfredo Rangel Buendía, no reúne literalmente los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo; sin embargo, estos se encuentran tácitamente en la misma, en la medida que, se advierte la causa de pedir, consistente en la falta de atención médica adecuada; asimismo, aparece el nombre y la firma del quejoso, la autoridad responsable, que en el caso, por reglamentación recae en el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; así como los hechos en que se sustenta la causa de pedir, de ahí que sea procedente el trato de demanda dado en este proveído; finalmente, solicita la suplencia de la queja. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con residencia en Toluca, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído a Alfredo Rangel Buendía, en el lugar en que está internado, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez; se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones; asimismo, para que ordene a quien corresponda notifique a la autoridad responsable la suspensión de plano aquí decretada, para lo cual deberá remitirse el oficio correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto.
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