Alfredo Ramírez Butanda

Expediente 990/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
990/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Ramírez Butanda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales subsecuentes. En virtud de que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte,y en su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, del acuerdo de veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. y que dice textualmente: Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Alfredo Butanda Reyes, por medio del cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo, promovida por Alfredo Butanda Reyes, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados ? La resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en el Toca 438/2020, del índice de la Sala responsable, por la cual se ordenó a los demandados Nallely Reyes Hernández, Esmeralda Reyes Hernández, Margarita Reyes Hernández y Apolinar Dionicio Torres salir del domicilio ubicado en Andador Álamo, manzana 01, lote 06, colonia El Bosque, código postal 52777, Huixquilucan, Estado de México, y su ejecución. Autoridades responsables ?Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ? Juez Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. ?Notificadora adscrita al Juzgado Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. ?Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Huixquilucan, Estado de México. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:1 "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, este órgano de control constitucional, considera que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone: 1 Visible en la página 4549, tomo II, procesal constitucional 4, controversias constitucionales, primera parte - SCJN, materia constitucional, Apéndice 1917-Septiembre 2011. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Para arribar a tal conclusión, resulta conveniente precisar lo establecido por los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación diligente de los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir que, como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. Así, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones. a) Un interés reconocido y tutelado por la ley, y b) Esta protección legal se resuelva en la actitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por esa razón, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se acredita, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo que sucede en el caso concreto, pues la resolución reclamada, no se encuentra dirigida hacia el quejoso, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que su emisión, no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso. Por tanto, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido algún real y actual menoscabo en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se Urgente Amparo indirecto 990/2020 ??????????????? colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo. No se soslaya la tesis de jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito2 , del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE.", que dispone que el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. 2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 2505, Registro Ius: 2012952. En el caso, la causa de improcedencia en estudio es evidente y clara, toda vez que el quejoso en su escrito de cuenta, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no es parte demandada en el juicio de origen, y que la resolución reclamada no se encuentra dirigido a él, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que no sería posible arribar a una conclusión diversa. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia que el acto reclamado no causa al quejoso un agravio personal, directo y actual para efectos del juicio de amparo, lo cual se advierte de las manifestaciones vertidas en su escrito inicial de demanda. Es indudable, en virtud de que dicha circunstancia no puede ser desvirtuada con ninguna prueba que eventualmente ofrecieran las partes en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 de ese ordenamiento, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que ésta quede a disposición del público en su versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. Lo anterior para los efectos conducentes. Doy fe.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ***********, por medio del cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo, promovida por ************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados La resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en el Toca 438/2020, del índice de la Sala responsable, por la cual se ordenó a los demandados ************** salir del domicilio ubicado ***************, y su ejecución. Autoridades responsables Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Juez Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. Notificadora adscrita al Juzgado Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México. Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Huixquilucan, Estado de México. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, este órgano de control constitucional, considera que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Para arribar a tal conclusión, resulta conveniente precisar lo establecido por los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación diligente de los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir que, como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. Así, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones. Un interés reconocido y tutelado por la ley, y Esta protección legal se resuelva en la actitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por esa razón, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se acredita, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo que sucede en el caso concreto, pues la resolución reclamada, no se encuentra dirigida hacia el quejoso, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que su emisión, no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso. Por tanto, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido algún real y actual menoscabo en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo. No se soslaya la tesis de jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE.", que dispone que el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, la causa de improcedencia en estudio es evidente y clara, toda vez que el quejoso en su escrito de cuenta, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no es parte demandada en el juicio de origen, y que la resolución reclamada no se encuentra dirigido a él, ni se ha ejecutado en su contra, por lo que no sería posible arribar a una conclusión diversa. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia que el acto reclamado no causa al quejoso un agravio personal, directo y actual para efectos del juicio de amparo, lo cual se advierte de las manifestaciones vertidas en su escrito inicial de demanda. Es indudable, en virtud de que dicha circunstancia no puede ser desvirtuada con ninguna prueba que eventualmente ofrecieran las partes en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 de ese ordenamiento, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que ésta quede a disposición del público en su versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, quince de diciembre de dos mil veinte. V i s t a la demanda de amparo que promueve *****************, por propio derecho, en contra del acto consistente en la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual la sala Familiar Regional de Tlalnepantla, ordenó a los presuntos generadores de violencia*************************************, que salgan del domicilio común al momento del emplazamiento, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 17 y 133 constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el número que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Ahora bien, los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Atento a lo anterior, y al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos antes referidos, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes de amparo que al formular su demanda afirmen hechos falsos u oculten los que les consten en relación con el juicio de amparo, manifieste lo siguiente: 1. Deberá señalar el nombre correcto de quien promueve la presente demanda, ya que del proemio se desprende que es ****************** 2. A manera de antecedentes del acto reclamado, tomando en consideración que se reclama la resolución de catorce de octubre del año en curso, en el que se ordena salgan del inmueble que alude; deberá precisar si dicha orden también se decretó en su contra, indicar en qué tipo de juicio se dictó esa resolución, el estado procesal en que se encuentra, si a la fecha ya se ejecutó el acto reclamado, y señalar el domicilio de ejecución. 3. Precise si señala como autoridades responsables a la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla y a la Notificadora del Juzgado Décimo Familiar de Huixquilucan, Estado de México, en caso afirmativo deberá expresar los actos que les atribuye, en el entendido que deberá de exhibir dos copias más de su escrito de demanda para correrles traslado como lo señala el artículo 110 de la Ley de Amparo; ya que, de las manifestaciones que realiza en su escrito de demanda, se advierte su participación, mientras que en el capítulo relativo a las autoridades responsables el quejoso es omiso en señalarlas. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 30/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. 3. Exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención en los términos requeridos, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO Se tiene como su domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este juzgado, en virtud que el que señala en su escrito de demanda, se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional; lo anterior, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como, en la tesis de jurisprudencia 43/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de catorce de abril de dos mil diez. Sin embargo, dada la trascendencia del presente acuerdo, túrnense los autos al actuario respectivo adscrito a este órgano de control constitucional, a fin de que notifique el presente proveído a la parte quejosa, así mismo, le haga saber la radicación del presente juicio en el domicilio ubicado en: Andador Álamo, manzana 01, lote 06, colonia el Bosque, código postal 52777, Huixquilucan, Estado de México. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes en este juicio de amparo, para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, quienes no lo hayan hecho aún, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22 fracción II, del propio Acuerdo General 21/20202 requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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