Alfredo Poot Ciau

Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
929/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Poot Ciau

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I- Agréguese el escrito de cuenta, signado por Alfredo Poot Ciau defensor del quejoso José Antonio Martínez Méndez, mediante el cual, ofrece diversas probanzas documentales, a efecto de que sean consideradas al momento de resolver el presente juicio de amparo. Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas en tiempo y forma las probanzas documentales que adjuntó a su escrito de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  2. Principal

    I- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no se encuentra debidamente integrado el presente juicio constitucional, en virtud de que aún transcurre el término de quince días que otorga el artículo 117 de la Ley de Amparo a la autoridad señalada como responsable [magistrado Unitario de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, con residencia en esta ciudad] a efecto de que rinda su informe justificado respecto a la demanda promovida por Alfredo Poot Ciau, toda vez que fue notificada el siete de noviembre del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación correspondiente [acuse de recibo] que obra en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone a diferir la audiencia constitucional, señalada para tener verificativo el día de hoy; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las once horas con diez minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  3. Incidental

    I- R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a ********** la suspensión definitiva del acto que reclama a la autoridad señalada como responsable en el considerando tercero y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a la autoridad correspondiente.

  4. Incidental

    I- Con fundamento en los artículos 125, 128, último párrafo, 130, 131, 136, párrafo primero, y 138 de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se forma y tramita por cuerda separada el cuaderno único de la medida cautelar. En el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, aquellos recepcionados de forma electrónica no se incorporarán al expediente físico. Al respecto, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Informe previo Con apoyo en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, que deberá rendir preferentemente por medios electrónicos y dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de este acuerdo; de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe correspondiente. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a la autoridad responsable al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garantice que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia incidental Con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizarán las constancias e incorporarán al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Precisión del acto reclamado Jurisprudencialmente se ha establecido que para fijar los actos en materia de amparo debe realizarse una interpretación integral de la demanda; asimismo, que al analizar los alcances de la intención del promovente no deben atenderse los calificativos o enunciación que se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Bajo ese contexto, de la lectura integral del escrito de demanda interpretada en comunión con sus argumentos de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, en relación con el 157, de la Ley de Amparo, se advierten como actos reclamados: El proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del toca penal 143/2023, en el que no se admitió el recurso de revocación, interpuesto por el quejoso, con relación al acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio oral penal 04/2022. Pronunciamiento sobre la suspensión Para efectuar un análisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, conforme a los artículos 107, fracción X, Constitucional, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, deben colmarse los requisitos siguientes: 1. Petición de parte. 2. Existencia del acto reclamado. 3. Naturaleza del acto reclamado. 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo. 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." En cuanto a la actualización de dichos requisitos, se precisa lo siguiente: El primero [1] relativo a la petición de parte. En el particular, se colma el requisito previsto en la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente, expresamente solicitó la suspensión provisional del acto que por esta vía controvierte. El segundo [2] consistente en la existencia del acto reclamado. Debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, expuestas por el promovente del amparo; por lo que debe partirse de la base de que dicho acto reclamado es cierto. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1993, de rubro "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". El tercero [3], este juzgado federal estima que respecto del acto, consistente en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del toca penal 143/2023, en el que no se admitió el recurso de revocación, interpuesto por el quejoso, con relación al acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio oral penal 04/2022; se trata de un acto de naturaleza negativa. Al respecto, debe destacarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, estableció que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. En efecto, determinó que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse definitivamente a la persona en el goce del derecho violado. Ante lo cual, precisó que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Consideraciones que se encuentran insertas en la tesis 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." En ese contexto, debe tenerse en cuenta que en el caso se trata de un acto cuya naturaleza es negativa, pues la autoridad responsable a la que se le atribuye dicha reclamación, negó admitir el recurso de revocación, que se promovió por la no admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio oral penal 04/2022; por tanto, el acto de que se habla no es susceptible de suspenderse, puesto que se le otorgaría efectos restitutorios plenos, los cuales dejarían sin materia el juicio principal, precisamente porque de concederse, se otorgaría a la parte quejosa un beneficio transitorio, sino uno definitivo; además, el efecto coincidiría exactamente con una sentencia estimatoria. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada por Alfredo Poot Ciau, en contra de la negativa reclamada, pues se insiste, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto negativo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo. Son aplicables las jurisprudencias, con los rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS.- Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Sobre el tema, el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza de los actos lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Ahora, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que, en materia de suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria. El referido artículo 147 dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En ese orden, los artículos 107, fracción X, constitucional y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que los justiciables sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Si bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se pronunció en cuanto a que la naturaleza de los actos reclamados no impide la procedencia de la suspensión, ello lo realizó con los siguientes argumentos esenciales: - La naturaleza de los actos reclamados, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. - Dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después. - Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensivos puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Como se observa, la naturaleza de los actos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar; sin embargo, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso pueden producir los actos reclamados. De ahí que, si lo que se reclama es la conducta de la autoridad responsable a la que se le atribuye dicha reclamación, pues como se adelantó, emite un pronunciamiento negativo, de ahí la improcedencia de la medida cautelar que nos ocupa. En ese contexto, se niega la suspensión definitiva solicitada. Pruebas De conformidad con lo establecido en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjuntó la parte quejosa a su libelo de demanda, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia incidental del juicio. Copias Con fundamento en el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, por conducto de la persona que autoriza para tal efecto, previa constancia de recibo que se deje en la constancia de notificación que al efecto se levante. En el entendido que, atendiendo al contenido de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios lectrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Cabe precisar que, únicamente, en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para el actuario A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, personalmente a la agente del ministerio público de la federación adscrita a este Juzgado; y, por oficio a la autoridad señalada como responsable.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano