Alfredo Pérez Paredes
Expediente 1016/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfredo Pérez Paredes
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del dos de septiembre del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1016/2020-I. En el caso el quejoso reclama la citación dentro de la carpeta de investigación CI-FIAO/AO-4/UI3S/D/01186/02-2021, por el delito de violencia familiar. En ese sentido, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos antes aludidos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral - sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. En efecto, es improcedente el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados; toda vez que el hecho de que el quejoso tenga que comparecer ante el ministerio publico constituye el conjunto de diligencias para la integración de una indagatoria y, por ende no irroga ningún perjuicio al quejoso, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables; máxime que dicho perjuicio se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar, en su caso, una orden de aprehensión, o bien, se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, del quejoso, al de la sociedad. Esto, pues de los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma; asimismo, que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, con el objeto de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Ello es así, pues la facultad de investigación que ejerce el ministerio público, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la justiciable en su comisión, pues simplemente se encuentra orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, la facultad de investigación del ministerio público no puede considerarse una actuación que afecte la libertad personal, pues el hecho de que se tenga que presentar a rendir su declaración, debe considerarse como un acto para la integración de la carpeta de investigación, lo que revela la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, materia Común, Penal, página 239, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, materia Común, Penal, página 1341, de rubro: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA". Así como, la tesis II.2o.P.51 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia Común, Penal, página 2601, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Máxime que la citación al quejoso de acuerdo a lo narrado se limitó a una hoja sin firmar ni sellar que contenía los datos del domicilio de la autoridad responsable, el número de carpeta de investigación, y la fecha en que debía presentarse, sin ningún otro detalle. Con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, la lista electrónica por así haberlo señalado expresamente. Asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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