Alfredo Pérez Jiménez

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Pérez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++++, en su carácter de defensor privado de ++++++++++++++. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; además a criterio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vistas; las certificaciones de cuenta y la demanda de amparo promovida por J++++++++++++++++++, en su carácter de defensor ++++++++++++++++. I. Registro. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 115/2020-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al efecto, se acuerda: II. Causa de improcedencia Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control Región Dos, Distritos Judiciales de Comitán y Motozintla y Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Diez, ambos con sede Comitán de Domínguez, Chiapas, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictada en contra de Alfredo Pérez Jiménez el treinta y uno de enero del dos mil veintiuno, en la audiencia inicial respectiva, en la causa penal 5/2021 del índice del Juzgado de Control Región Dos, de los Distritos Judiciales de Comitán y Motozintla, que sigue por el hecho que la ley señala como delito de violación agravada en agravio de la menor de identidad protegida y de iniciales Y.Y.P.L. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Alfredo Pérez Jiménez, en la audiencia inicial y causa penal referida. Su ejecución. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, en cuanto al acto reclamado, en este asunto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Toda vez que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el citado promovente, entabló diverso juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno tocó conocer a este Juzgado de Distrito, registrándolo bajo el número 114/2020-II, en el cual estableció los mismos actos reclamados, las mismas autoridades responsables, así como los mismos antecedentes. Por lo que en la especie acontece la figura de litispendencia, la cual tiene como finalidad evitar que se dicten sentencias contradictorias sobre una misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que la constitucionalidad del mismo solo puede juzgarse una vez. De tal suerte que para su actualización es necesario, que converjan la identidad en el quejoso, las autoridades responsables, el acto reclamado y que al momento de presentar la demanda de amparo exista un diverso juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Ello en la inteligencia de que el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista un diverso juicio en trámite o pendiente de resolución y se promueva una ulterior demanda de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto motivo de disenso o norma general. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel que ya ha sido promovido y que no ha sido resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente incluso aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Por las razones que informa, es conducente invocar la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe y contenido: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Lo cual acontece en la especie, pues se itera que en este juicio de amparo indirecto, el promovente José Rubén Sánchez Álvarez, en su carácter de defensor particular de Alfredo Pérez Jiménez, reclamó del Juez de Control Región Dos, Distritos Judiciales de Comitán y Motozintla y Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Diez, ambos con sede Comitán de Domínguez, Chiapas, el auto de vinculación a proceso dictada en contra de Alfredo Pérez Jiménez el treinta y uno de enero del dos mil veintiuno, en la audiencia inicial respectiva, en la causa penal 5/2021 del índice de ese juzgado; la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; así como la ejecución de dichos actos, siendo el mismo quejoso, autoridad responsable y acto reclamado que en el diverso juicio de amparo indirecto 114/2021-II, mismo que fue admitido el día de hoy, tal y como se desprende de la certificación que antecede y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incluso, se advierte a simple vista que se trata de las mismas firmas criptográficas, asimismo, que el contenido de la demanda es idéntico, en ambos asuntos, inclusive los terceros interesados que señala. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, es inconcuso que si una persona interpone un juicio de amparo bajo estas condiciones, es incuestionable que es improcedente, porque existe un diverso juicio de amparo en trámite. La razón de ser de la improcedencia en comento descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de una misma ley o acto de autoridad, así como evitar emitir sentencias contradictorias. III. Desechamiento de la demanda. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción X, de la Ley de Amparo; con fundamento en el arábigo 113, de la ley de la materia, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Rubén Sánchez Álvarez, en su carácter de defensor privado de Alfredo Pérez Jiménez, contra los actos reclamados al Juez de Control Región Dos, Distritos Judiciales de Comitán y Motozintla y Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Diez, ambos con sede Comitán de Domínguez, Chiapas. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Autorizados, domicilio y expediente electrónico. Se tiene como autorizados a ++++++++++++++++++++++++++++++, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho ante la Secretaria de Educación Pública, asimismo, a J+++++++++++++++++++, como autorizado en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la ley de la materia, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones, por haberlo solicitado así. Atento a lo peticionado, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario RSabogado, para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario RSabogado; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Lo anterior sin perjuicio de que el impetrante haya señalado igualmente un domicilio para tales efectos, sin embargo, atendiendo al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se debe de privilegiar el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, los números telefónicos y correos electrónicos son sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. VI. Solicitud de medios electrónicos. Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente a los quejosos, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos de la legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.

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