Alfredo Pérez Gaytán

Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Pérez Gaytán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformara con el auto de nueve de mayo del año en curso en la que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión.Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Por recibido el oficio del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado; en consecuencia dese vista a las partes y háganse relación en la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    aviso, por este medio de lista se notifica al quejoso la resolución que dice: Zapopan, Jalisco, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: I Presentación y datos de la demanda Mediante escrito exhibido en la oficialía de partes común del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, Adriana Leticia Hernández Hernández, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo, contra el acto y por la autoridad que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: H. NOVENA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio ubicado en el recinto oficial en el EDIFICIO LUIS MANUEL ROJAS ubicado en la finca marcada con el número 147 de la Calle MORENOS esquina con la Calle ÁNGELA PERALTA, en la Colonia CENTRO del Municipio de GUADALAJARA, JALISCO. IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal e inconstitucional sentencia dictada por la Autoridad Responsable el día 23 de OCTUBRE de 2018, dentro del toca de incompetencia registrado con el número 416/2018 del índice de la H. NOVENA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO" (Transcripción literal) La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. II Incompetencia legal de tribunal colegiado Por razón de turno, la demanda de amparo se remitió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y se registró como amparo directo 662/2018. Mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Pleno de dicho tribunal determinó que éste era legalmente incompetente para conocer de la demanda. Por oficio 6655/2018 de la misma fecha, la secretaria de dicho tribunal remitió la demanda de garantías y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de la cual, por razón de turno, tocó conocer a este juzgado y se registró con el número 1357/2018. III Admisión y trámite Por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo; se ordenó agregar copia certificada del informe de ley rendido por la autoridad responsable, notificar a los terceros interesados y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: I Aclaración en cuanto a las tesis y jurisprudencias que se invocarán Las tesis y jurisprudencias que se apliquen en este fallo y, que fueron las primeras emitidas y las segundas integradas en fecha anterior a la relativa a la entrada en vigor de la mencionada nueva Ley de Amparo (es decir, antes del tres de abril de dos mil trece), el suscrito juzgador estima viable su aplicación por no resultar su texto contrario a la legislación de que se trata (salvo que se haga acotación distinta en algún caso particular), según lo autoriza el Artículo Sexto Transitorio del propio cuerpo legal en comento. II Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado . Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, ubicada dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce competencia. III Fijación de la litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 416/2018 en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria promovida por la aquí quejosa. IV Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo . Es cierto el acto que se atribuye a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, consistente en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Porque así lo confesó la magistrada presidenta al rendir informe justificado (folio 6) ; lo que se corrobora con las actuaciones del toca 416/2018 , que remitió en su apoyo. V Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo . Sobre el particular, por un lado, no se colige que las partes hayan planteado causal alguna que amerite su análisis en este apartado y, en otro, no obstante el análisis oficioso respectivo, el suscrito juez no advierte que se concrete alguna causal de improcedencia. Entonces, lo que procede es el estudio de los motivos de disenso. VI Conceptos de violación La parte quejosa formuló los motivos de inconformidad que estimó pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a ella ni a las demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente . VII Estudio de fondo Son infundados e inoperantes en parte y fundados en el resto los conceptos de violación que se hacen valer, los cuales, por cuestión de técnica, se atenderán en distinto orden al planteado. Sostiene la quejosa que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales debido a que la excepción de incompetencia por declinatoria que planteó versó sobre la naturaleza de la acción, la cual al ser un contrato de compraventa de bienes muebles y de cesión de posición de contrato civil de prestación de servicios, no es especulativo, ni lucrativo y tampoco con fines comerciales, por ende, es de naturaleza civil. Señala que el documento basal de la acción no da sustento a consideraciones que involucren aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la figura de la especulación y los actos de comercio, por lo que las partes quisieron estipular que se sometían de manera expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales especializados en materia civil en el Primer Partido Judicial en el Estado. Alega que contrario a lo que sostuvo la autoridad responsable, al ceder un negocio que tiene una cartera de trescientos clientes activos y cien pasivos, no quiere decir que se trata de alguno de los supuestos previstos en el artículo 75 del Código de Comercio, ya que en ninguna de sus fracciones se habla de negocio o clientes; por tanto, no se da la especulación comercial. Arguye que no era necesario acudir al numeral citado para dilucidar que el contrato fundatorio no es un acto mercantil al no cumplir con sus requisitos hipotéticos, sino un contrato de compraventa civil y de prestación de servicios que se encuentra establecido en el Código Civil, lo que deriva en la incompetencia del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda. Refiere que para darle mercantilidad al contrato fundatorio que permita que se actualice la competencia del juzgado ante el que se planteó la demanda, es menester que tenga una naturaleza mercantil basada en la existencia de una especulación comercial en el mismo, lo que en la resolución reclamada no se ponderó. Indica que la responsable no examinó todos los razonamientos lógico jurídicos que se plantearon al promover la excepción, lo que contraviene los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda resolución judicial, habida cuenta que del escrito de contestación de demanda se advierte que de ningún modo se adujo que la incompetencia derivara de la acción intentada, sino que aquélla dimanaba de la naturaleza jurídica del basal que no es de carácter mercantil por adolecer del elemento sustantivo para que se actualice la mercantilidad del acto, esto es, el lucro. En ese sentido, considera que la responsable soslayó que la incompetencia para conocer de la contienda resulta al tenor del principio pacta sunt servanda y acorde a los numerales 2° del Código de Comercio, 1839, 1851 al 1855 y 1858 del Código Civil Federal y 1309,1321 al 1325 del Código Civil del Estado de Jalisco, debido a que las partes se obligaron en los términos que quisieron hacerlo y debe prevalecer el pacto contenido en la cláusula correspondiente. Aduce que, máxime que en el Código de Comercio se establece que el procedimiento preferente es el que pacten las partes y no como lo resolvió la responsable en la resolución reclamada; lo que sustenta en las tesis de rubro: "PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. LA LEGISLACIÓN MERCANTIL NO EXIGE QUE SE DETALLE CADA NEGOCIO O NEGOCIOS EN LOS QUE SE APLICARÁ AQUÉL", "PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL EN MATERIA MERCANTIL. ES LEGAL QUE LAS PARTES PACTEN QUE LAS NOTIFICACIONES SE REALICEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO", "SENTENCIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS NO CONTENIDAS EN EL APARTADO ESPECÍFICO, VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA" y "INCOMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPORTUNIDAD PROCESAL PARA DECLARARLA POR RAZÓN DE TERRITORIO O MATERIA". Agrega que es ilegal la decisión adoptada por la sala responsable debido a que para sustentarla tomó en consideración cuestiones de fondo y no de forma; lo que refiere encuentra apoyo en la tesis de rubro "VIOLACIONES PROCESALES. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE PRECISAR EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, DEBE ANALIZARSE ATENDIENDO A LA CAUSA DE PEDIR". Además, en acatamiento al pacto contenido en la cláusula décima primera del fundatorio, cualquier juzgado especializado en una materia que no sea la civil, está excluido y es incompetente para conocer de la contienda. Del mismo modo, sostiene que no debe pasar inadvertido que la decisión de las partes de elegir contender en un tribunal civil y no uno mercantil, obedece a su voluntad de hacerlo en una materia específica y con ello potencializar y recibir justicia por parte de un tribunal competente atendiendo a que las obligaciones pactadas son de naturaleza civil, ante la ausencia de lucro en el fundatorio. Arguye que el pacto competencial para que la contienda se ventile en un tribunal de naturaleza civil, es una cuestión de carácter eminentemente adjetivo y no sustantivo, empero dicho pacto no afecta las reglas sustantivas legales que le pudieran aplicar, porque ya sea civil o mercantil ambas cuestiones persiguen la impartición de justicia a las partes que en su momento consideraron debía ser civil atendiendo a la naturaleza del concierto de voluntades; máxime que no existe razón que impida a las partes renunciar a los demás tribunales, ya que ese pacto no afecta el debido proceso. Señala que no hay disposición legal ni prohibición para que las partes se sometieran a los juzgados especializados en materia civil en el Estado. En complemento a lo anterior, sostiene que atento al principio general de derecho que dispone que el que puede lo más, puede lo menos, resulta aplicable la tesis de rubro "COMPETENCIA CONCURRENTE EN MATERIA CIVIL. PUEDE PACTARSE EXPRESAMENTE EN UN CONTRATO O CONVENIO EL FUERO AL QUE SE SOMETERÁN LAS PARTES ANTE UNA EVENTUAL CONTROVERSIA". Manifiesta que la sentencia reclamada no es precisa ni congruente, puesto que existen aspectos que no fueron considerados al emitirla, ya que la excepción planteada se debió analizar con un detallado estudio sobre la naturaleza civil a la que se sometieron las partes, puesto que el cumplimiento forzoso del contrato se debió demandar en la vía civil ordinaria, dado que la responsable no observó que no existe ninguna especulación comercial en la celebración de dicho contrato. Son inoperantes los motivos de queja en estudio, en razón de que con los argumentos contenidos en ellos, no se combaten de manera frontal y directa los fundamentos y razonamientos torales en que sustentó la sala responsable la resolución reclamada, a saber:  La demandada sostuvo la excepción de incompetencia en dos puntos: a) El sometimiento expreso en el contrato fundatorio de la acción a los tribunales en materia civil del Primer Partido Judicial en el Estado. b) El contrato fundatorio no le representa un lucro y no parte de una especulación comercial para ser considerado un acto de comercio.  El primero de los argumentos era improcedente ya que, si bien en la cláusula décima primera del contrato se estableció que para la interpretación, cumplimiento y su ejecución, las partes se sometían expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles del Primer Partido Judicial del Estado, lo cierto era que al tratarse de una cuestión de materia no era susceptible de sumisión expresa.  De la Interpretación de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, se tenía que existía la sumisión expresa cuando los interesados renunciaban clara y tajantemente al fuero que la ley les concedía, y para el caso de controversia señalaban tribunales competente a los del domicilio de cualquiera de las partes, lo que dejaba ver que el sometimiento expreso surtía efectos para una cuestión de competencia en razón de territorio, puesto que esos numerales permitían a las partes de un acto jurídico someterse, a través del pacto de sumisión, en el que manifestaran su voluntad en forma expresa, para que los tribunales de un determinado lugar fueran competentes para conocer de un litigio futuro o presente.  En apoyo citó la tesis de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. SU PRÓRROGA POR PACTO DE SUMISIÓN EXPRESA, ESTÁ LIMITADA A LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO".  No era obstáculo lo dispuesto en el artículo 1112 del citado código mercantil, que establece que la competencia por razón de materia puede prorrogarse, debido a que sólo es en el caso que se tenga la finalidad de no dividir la continencia de la causa en aquellos casos en que existan contratos coligados o las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o por los nexos entre personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedades o similares, o deriven de la misma causa de pedir, supuestos que no acontecían en el asunto disputado.  Por lo que veía al segundo de los argumentos de la excepcionante, no le asistía la razón y era improcedente lo alegado, virtud a que la actora nunca refirió un préstamo mercantil o que confesara que la acción era de tramitación de juicios civiles en juzgados de tal materia y de hacienda; y por otra parte, el hecho de que para la demandada el contrato base de la acción no representara un lucro y no partiera de una especulación comercial para ser considerada un acto de comercio, no implicaba que el acto no fuera de naturaleza comercial.  Del análisis del citado documento, el cual se realizaba únicamente para fines de resolver la cuestión de competencia, se tenía que tanto los cedentes como la cesionaria manifestaron ser comerciantes, además, que lo que fue la materia de la cesión de derechos, fue la titularidad y propiedad de los derechos sobre el negocio, giro comercial y los bienes listados, comprometiéndose el cedente a brindar a la cesionaria una capacitación del manejo, funcionamiento y administración del negocio, mobiliario e instrumentos necesarios para que operara aquél, obligándose los cedentes en aras de no incurrir en competencia desleal, a no realizar prácticas comerciales, similares o conexas a las mencionadas en los antecedentes.  Pactos que para los fines de la incompetencia planteada, dejaban ver que la cesión encuadraba en los supuestos de la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio, ya que del propio documento se vislumbraba una cesión que tendría efectos de especulación comercial, ya que lo cedido era un negocio denominado "FOREVER YOUNG", que contaba con una cartera de clientes tanto activos como pasivos, lo que, se insistió, evidenciaba que sí tenía especulación comercial.  En apoyo citó la jurisprudencia de rubro "COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES. PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS RELATIVOS CUANDO PARA UNO DE LOS CONTRATANTES EL ACUERDO DE VOLUNTADES SEA DE NATURALEZA COMERCIAL". De manera que al confrontar lo decidido por la autoridad responsable, con lo alegado en los motivos de inconformidad, se pone de manifiesto que con éstos no se controvierte de manera directa y específica los argumentos torales en que descansa la resolución reclamada. En consecuencia, debe seguir rigiendo el sentido de dicha determinación, pues existe impedimento jurídico para hacer un análisis general del acto reclamado, ya que el estudio de su constitucionalidad o inconstitucionalidad en materia civil, debe hacerse en función de los argumentos que en su contra se enderecen, salvo cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, VI o VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, de modo que haya lugar a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, lo que no ocurre en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada" En diverso motivo de queja señala la impetrante que la sala responsable inadvirtió que en el documento basal se plasmó la voluntad de las partes para el sometimiento expreso a los tribunales en materia civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En ese mismo sentido, señala que no se hizo un estudio de lo establecido en la cláusula décima primera del contrato base de la acción, en la que se existe un pacto de sumisión expresa. Además, sostiene que la autoridad debió analizar de manera íntegra el documento fundatorio para poder tomar las decisiones sobre las cuestiones relativas a las reglas y formalidades de la tramitación de un juicio oral mercantil y resolver congruentemente que el juzgador resultaba incompetente para conocer de la controversia, habida cuenta que solamente examinó la acción planteada sin analizar adecuadamente dicho sinalagmático, del que se desprende que existe un sometimiento expreso a un tribunal diferente. Son infundados los motivos de queja sintetizados dado que, como se expuso, la autoridad responsable sí tomó en consideración el tópico mencionado por la quejosa, habida consideración que estimó que uno de los argumentos en que se sustentó la excepción era relativo al sometimiento expreso asentado en el contrato fundatorio, respecto a lo cual consideró improcedente lo alegado con base en que lo relativo a la materia no era susceptible de sumisión expresa, así como que no era obstáculo lo dispuesto en el artículo 1121 del Código de Comercio, que establece que la competencia por razón de materia puede prorrogarse, ya que eso únicamente era aplicable cuando es con la finalidad de no dividir la continencia de la causa, lo que no acontecía en el caso. En diverso motivo de disenso, alega que no se apreciaron en conjunto ni individualmente los argumentos esgrimidos en la excepción para sostener que el juicio no debió ventilarse en la vía mercantil, sino en la civil, por la naturaleza civil del documento base de la acción, y no respecto a la naturaleza de la acción; por tanto, es incongruente el fallo porque no examinó los conceptos y argumentos vertidos y, en consecuencia, equivocadamente la autoridad los planteó como si se hubiera sostenido que atendiendo a la naturaleza de la acción se determinara la competencia, cuando se indicó que ello debió partir del examen de la naturaleza del acto jurídico de origen. Asimismo, aduce que de la resolución reclamada se advierte que se desatendieron los argumentos que vertió relativos la facultad de las partes para pactar la materia en que deben contender, así como al contenido de las obligaciones pactadas en el contrato fundatorio que son de naturaleza civil por carecer de lucro. Deviene infundado lo anterior, toda vez que, de lo expuesto en párrafos precedentes se revela que la autoridad responsable sí tomó en consideración la naturaleza del contrato fundatorio a efecto de resolver en los términos que lo hizo, puesto que de ello precisamente, arribó a la conclusión de que sí tenía una especulación comercial; además, expuso los motivos por los cuales consideró que no era de tomarse en consideración lo pactado por las partes en relación a la sumisión expresa a determinados tribunales. En diverso orden de ideas, plantea la amparista que la resolución está indebidamente fundada ya que no se sustentó en la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES" , ni aplicó la diversa jurisprudencia de rubro "VÍA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE COMERCIO, NO OBSTANTE QUE HAYA SIDO DOCUMENTADO A TRAVÉS DE FACTURAS" . Es infundado el sintetizado motivo de inconformidad habida cuenta que, aun cuando la autoridad no citó el criterio jurisprudencial mencionado en primer término, no puede estimarse que la resolución sea contraria a su espíritu, ya que si bien para resolver el problema de competencia, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cierto es que, en el caso al tratarse de la acción de cumplimiento de contrato, resultaba necesario su análisis para determinar su naturaleza, sin que ello implicara el estudio de la relación jurídica sustancial que vinculaba al actor y al demandado. Por otro lado, resulta inaplicable el segundo criterio jurisprudencial que señala, debido a que a pesar de que resulta ilustrativo para efecto de determina que es improcedente la vía mercantil en aquellos casos que no se ajusten a lo dispuesto en los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio, en el caso, el contrato sujeto a análisis en dicho criterio, es distinto al que dio origen al juicio del que deriva el acto que ahora se reclama y no abona para demostrar que éste no esté en los supuestos previstos en los citados numerales. En otro orden de ideas, es infundado lo que alega la promovente, en el sentido de que el acto reclamado no atiende y trastoca el poder de la autonomía de la voluntad de las partes, que tiene un carácter imperativo absoluto que en términos de los numerales 1051, 1092 y 1093 del Código de Comercio, los cuales autorizan a los particulares a ejercer su libertad para hacer u omitir lo que no está prohibido, esto es, que contrario a lo resuelto en la resolución reclamada, no existe disposición expresa en el mencionado código que prohíba a las partes someterse a determinado tribunal o a uno especializado; por tanto, la responsable soslayó el principio general de derecho que reza: donde la ley no distingue, el juzgador no puede distinguir. Así como que la responsable hizo una deficiente interpretación del numeral 1093 del Código de Comercio, ya que éste no impide a las partes que se sometan a un determinado tribunal en cuanto a su materia, siempre y cuando sean del domicilio de las partes. Se afirma lo anterior, debido a que el hecho de que los citados numerales no proscriban el derecho de las partes para sujetarse a la competencia de determinados tribunales por razón de la materia, ello no quiere decir que tengan la posibilidad de proceder en ese sentido, ya que al respecto, existe una regla especial, la cual se encuentra contenida en el numeral 1121 del Código de Comercio , que es claro al establecer los únicos supuestos en los que la competencia por razón de la materia es prorrogable. En diverso orden de ideas, refiere la peticionaria que la sala responsable indebidamente la condenó al pago de costas, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado y reflexionado a qué se refiere el término "improcedentes" que establece la fracción V del artículo 1097 del Código de Comercio y, debe entenderse como la ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión planteada, por lo que, en el caso la excepción planteada si reunió los requisitos para que fuera estudiada y analizada; en consecuencia, al entrar al estudio del fondo y declararla improcedente se debe entender que se superó la improcedencia. Señala que de las actuaciones del juicio de origen se advierte que una vez que fue emplazada dio contestación a la demanda y, entre otras excepciones opuso la de incompetencia por declinatoria en razón de la materia, la cual se admitió a trámite y tocó conocer a la sala responsable, lo que evidencía que si bien no prosperó dicha excepción al no tener resolución favorable, ello no significa que deba estimarse improcedente ya que se tramitó y concluyó con la resolución que se recurre. Es fundado el motivo de queja sintetizado. En efecto, el artículo 14 constitucional establece que en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Por su parte, el artículo 1084 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1,084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, ó cuando á juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción ó su excepción, si se funda en hechos disputados; II. El que presentase instrumentos ó documentos falsos, ó testigos falsos ó sobornados; III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes" Acorde con el contenido de tal precepto, se advierte que el sistema que sigue nuestra legislación en relación con la condena en costas en juicios mercantiles es mixto, dado que, por una parte, contempla un régimen de carácter objetivo, el cual rige a las cinco fracciones que integran al precepto y, en otra, incluye un sistema subjetivo, el cual se actualiza cuando se haya procedido por alguna de las partes con temeridad o mala fe, según el prudente arbitrio del juzgador. Es decir, para que proceda en juicio mercantil la condena en costas se debe atender a lo que establece el artículo 1084 del Código de Comercio en sus cinco fracciones, o bien, determinar si en el caso concreto alguna de las partes se condujo con temeridad o mala fe durante la secuela procedimental. Ahora, la redacción de la fracción V del artículo transcrito, revela que el legislador se limitó a establecer que para condenar al pago de costas basta que las acciones, excepciones, recursos o incidentes interpuestos sean "improcedentes". En torno al significado que debe darse al término "improcedentes" utilizado en esa porción normativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en la jurisprudencia 1ª./J9/2013 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 292/2012, en el sentido de que la improcedencia, debe entenderse como la ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para realizar la jurisdicción. La referida jurisprudencia previene: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2007, de rubro: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).", sostuvo que acorde con la fracción V del citado artículo 1084, para que proceda condenar al promovente al pago de costas, basta que las acciones, las excepciones, las defensas, los recursos o incidentes que haga valer resulten improcedentes, y que se consideran así las acciones ejercitadas que no encuadran en los supuestos amparados en la ley o aquellas cuyos presupuestos, elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio. Sin embargo, en alcance a dicha tesis y de una nueva reflexión se precisa que el término "improcedentes" a que se refiere el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, debe entenderse como la ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para realizar la jurisdicción; esto es, que el caso en su integridad, tanto en su parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad jurídica y debido proceso, debe reunir los requisitos normativos para que el juzgador pueda conocerlo y resolverlo. Así, la procedencia de una acción, excepción, defensa, incidente o recurso, implica que se reúnan los requisitos mínimos necesarios para que sea posible su estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su resolución y efectos; sin que lo anterior contemple cuestiones de fondo que no hayan sido acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación de infundadas, lo que significa que ya se han superado los temas de procedencia y un análisis de la cuestión de fondo". De lo anterior se advierte en forma clara, que la superioridad dejó establecido sin duda que en términos del artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, la condena en costas para aquellas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes que resulten improcedentes, debe entenderse que se produce únicamente cuando se actualiza la ausencia de uno de los elementos que normativamente se establecen para que sea posible el estudio de fondo de la cuestión controvertida; es decir, que la condena en costas procederá bajo el supuesto previsto en ese dispositivo legal, cuando el juzgador al resolver aquellas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes, no emita un pronunciamiento de fondo, precisamente por encontrarse impedido para estudiarlo, al faltar algún requisito de procedibilidad. Pues bien, de las constancias del juicio de origen se advierte que el catorce de junio de dos mil dieciocho, el juez de instancia tuvo a la ahora quejosa dando contestación a la demanda y ordenó dar vista a la actora con las excepciones que opuso; luego, en proveído de veintisiete siguiente, dispuso la remisión de los autos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a efecto de que se decidiera lo conducente a la excepción de incompetencia, lo que realizó la sala responsable en la resolución reclamada de veintitrés de octubre del año en cita, en la que atendió los argumentos de la solicitante del amparo, tal como se expuso en párrafos precedentes. En ese orden de ideas, si se dio trámite a la excepción de que se trata y el tribunal de alzada analizó los argumentos vertidos al respecto por la aquí promovente, resulta inconcuso que sí realizó el estudio de fondo de la cuestión planteada. De ahí que, como se adelantó, resulta substancialmente fundado lo alegado por la peticionaria, debido a que, contrario a lo establecido por la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada, en el caso no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, en tanto que se opuso una excepción respecto de la cual sí se realizó el estudio de fondo. En tales condiciones, es evidente que la resolución reclamada es violatoria del derecho fundamental de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional. En ese orden de ideas, se impone conceder a la quejosa Adriana Leticia Hernández Hernández el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la sala responsable: I. Deje insubsistente la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada el toca 416/2018. II. Pronuncie otra en la que reitere los aspectos firmes y pronuncie otra en la que, atienda lo establecido en la presente resolución determine que no procede el pago de las costas a cargo de la demandada, al no actualizarse la hipótesis que prevé la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio. Sin que resulte necesario realizar el análisis de los demás conceptos de violación relativos a la condena en costas, habida consideración que no le aportan mayor beneficio que el estudiado. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adriana Leticia Hernández Hernández, contra el acto reclamado de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos contenidos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Lo sentenció y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria, licenciada Mónica Alejandra Vargas Domínguez, quien autoriza y da fe, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que concluyó el engrose de este fallo. El juez La secretaria 8312

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