Alfredo Pérez Espinosa y Rivas

Expediente 1004/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1004/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Pérez Espinosa y Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual devuelve las copias certificadas del juicio de amparo********************, en tres tomos. Como lo solicita el juzgado oficiante, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, ya que en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, este juzgado ordenó el archivo de este asunto, considerándolo de relevancia documental, y por ende el mismo debe conservarse en su totalidad; en consecuencia, toda vez que las copias certificadas que fueron devueltas, son reproducciones íntegras del sumario constitucional que nos ocupa, procédase a su destrucción para evitar la acumulación innecesaria de documentos. Finalmente, por tratarse de un asunto totalmente concluido, devuélvase al archivo de este órgano jurisdiccional, el juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías de cuenta, promovida y signada por Alfredo Pérez Espinosa y Rivas, por propio derecho, en contra de actos atribuidos al Director de Calificación "A" del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por considerarlo violatorio de lo previsto en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 1004/2018. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. De un estudio realizado al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte promovente reclamó esencialmente del Director de Calificación "A" del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente INVEADF/OV/AFO/068/2017. De lo anterior, se colige que en el caso es procedente desechar la demanda de garantías interpuesta por la parte quejosa, toda vez que respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del precepto transcrito, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser revocado, anulado o modificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido, surgiendo así uno de los principios que rigen al juicio de amparo, esto es, el principio de definitividad. En suma, dicho principio encuentra su justificación jurídica, de la aplicación armónica del citado precepto constitucional y de su Ley Reglamentaria, en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia, modificación o revocación del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción legal y jurisprudencialmente establecidos y que, en esencia, se relacionan con el examen puro de aspectos de constitucionalidad de leyes, en la proposición exclusiva de violaciones directas a la Constitución, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; tratándose de actos carentes de total fundamentación, y si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, lo cual no acontece en la especie, como se vislumbrará a continuación. En ese tenor, respecto de aquéllos, debe agotarse previamente a la instancia de amparo indirecto, el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en razón de que el acto que se controvierte proviene de autoridad administrativa, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México, distinta de aquéllas del orden jurisdiccional, administrativo o del trabajo, el cual contempla un medio ordinario de defensa, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que dice: "Artículo 31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I.-De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales.". Del precepto en cita, se obtiene que las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, son competentes para conocer de los actos que dicten ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en agravio de personas físicas o morales. Entonces, si el acto cuya constitucionalidad se debate, se hace consistir sustancialmente en la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente INVEADF/OV/AFO/068/2017, que contiene el fallo relativo al procedimiento de solicitud de levantamiento de clausura y retiro de sellos respecto de la actividad regulada del establecimiento mercantil denominado "Donkey", ubicado en Calzada de Tlalpan número 1545 A. colonia Portales Sur, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, es indudable que se trata de un acto emitido por autoridad administrativa local de la Ciudad de México, dictado en agravio del quejoso, como persona física al ostentarse como titular y/o propietario de dicho inmueble, el cual, puede ser modificado, revocado o nulificado en la instancia de nulidad; luego, es inconcuso que, debe instarse previo a la promoción del amparo, el juicio de anulación, con el fin de dar cabal observancia al principio de definitividad. Por lo que, como se precisó, la parte quejosa antes de instar la vía constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, en tanto que a través de dicho recurso, el acto que en la especie reclama, puede ser modificado, revocado o nulificado, máxime que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México podía solicitarse incluso la suspensión del referido acto. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional, haya advertido de la lectura del escrito de demanda, alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional. Del criterio transcrito, así como del contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violenta su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando se dé el siguiente requisito: Que no se trate de una persona extraña al procedimiento: extremo que se advierte colmado en el caso que nos ocupa ya que el propio quejoso exhibió el original de la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente INVEADF/OV/AFO/068/2017, de cuya lectura se advierte que incluso, se apersonó a juicio. Asimismo, cobra aplicación al caso, la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página ciento cincuenta y seis del tomo XII correspondiente al mes de julio del dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. (Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema central de la contradicción que se resolvió)." Esto es así, tomando en consideración que mediante Decreto publicado el uno de septiembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se expidió la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en cuyos artículos 71 a 78 se regula lo relativo a la suspensión de los actos reclamados ante esa instancia. Preceptos legales que disponen: "Artículo 71.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el Magistrado Instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento con independencia de que posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de las personas. Artículo 72.- La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social o si se contravinieren disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros. Artículo 73.- El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Si la autoridad niega a cumplirla suspensión, se le requerirá por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe dicho documento. La suspensión con efectos restitutorios procederá observando los requisitos de apariencia del buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad. Artículo 74.- En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá la queja ante la Sala respectiva. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 75.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante mediante billete de depósito, o póliza de fianza para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido. Las autoridades de la Administración de la Ciudad de México centralizada o paraestatal; así como de las Alcaldías están exentas de otorgar las garantías que esta Ley existe. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar su importe ante la Tesorería del Distrito Federal en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. Artículo 76.-La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía con billete de depósito o fianza. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra el señalamiento de fianzas y contra fianza, procede el recurso de reclamación. Artículo 77.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículos 75 y 76, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante la Sala Superior." Artículo 78.- En contra del desacato total o parcial a la orden de suspensión, procederá la queja mediante escrito que se presente, ante la Sala que la concedió, en cualquier momento hasta antes de la conclusión definitiva del juicio. En el escrito de queja se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten las actuaciones de las autoridad que se estiman violatorias de la suspensión. En el acuerdo admisorio, se dará vista a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, y se pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la interlocutoria relativa, que deberá rendir dentro del plazo de tres días, informe que en el, se dictará la resolución en el plazo de cinco días. Si se resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, se dejarán sin efectos las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. La resolución a que se refiere este artículo se notificará también al superior jerárquico del funcionario responsable del incumplimiento, y se impondrá a este oa la autoridad renuente, una multa por equivalente de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente." De lo anterior se tiene que, los requisitos que la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, los cuales son que dicha medida sea solicitada por el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se ocasionen a aquél con la ejecución del acto y, en su caso, que se exhiba garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionaren a un tercero; no son mayores a los establecidos en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. Luego, con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular la suspensión de los actos reclamados. Así, se tiene que de conformidad con los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se requiere que dicha medida sea solicitada por el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se ocasionen a aquél con la ejecución del acto y, en su caso, que se exhiba garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionaren a un tercero. Basta entonces el examen comparativo de los artículos transcritos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para concluir válidamente que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Septiembre de 2017, visible en la página 1476, cuyos rubro y texto son "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD. De la interpretación finalista de los artículos 147 de la Ley de Amparo, así como 100 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que ambas legislaciones prevén, respectivamente, los mismos alcances al otorgar la suspensión del acto controvertido, pues mientras el artículo 147 indicado establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el artículo 100 mencionado señala que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada; la cual tiene intrínsecamente efectos restitutorios, al prever que se evitará que se ejecute o que se continúe la ejecución ya iniciada, pues precisamente esos efectos implican, acorde con la naturaleza del acto, evitar o detener la ejecución de algún acto a fin de que el quejoso siga disfrutando del derecho que le ha sido violado con el acto impugnado. Además si el artículo 101 referido dispone que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión el acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes, con ello se advierte que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios, para lo cual, como en el juicio de amparo, habrá de atenderse a la naturaleza jurídica de los actos y sus efectos para determinar cuándo procede conceder la providencia con esos alcances. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, pues ambas legislaciones tienen los mismos alcances al conceder la suspensión de los actos cuestionados. Consecuentemente, al quedar de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, se concluye que la parte hoy quejosa, previamente a la presentación de la demanda de garantías, debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Asimismo, robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Ahora, respecto de los restantes argumentos de excepción al principio de definitividad en estudio, se aprecia lo siguiente: Que no se trate de una resolución que importe una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal: requisito que se advierte colmado en tanto que los actos impugnados son de naturaleza administrativa. No se está ante la presencia de un amparo contra leyes; circunstancia que se corrobora a través del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados de la demanda de amparo, de donde se sigue que únicamente se trata de un juicio de amparo en el que se controvierten actos emitidos por autoridades administrativas. Que no se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Por otro lado, el requisito de encontrarse previsto en la ley el recurso o medio ordinario de defensa, se aprecia acreditado, en tanto el juicio de nulidad de que se trata se encuentra establecido en una ley formal y materialmente legislativa como lo es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. No se advierte colmada la causa de excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, para estimar que éste colma los requisitos de fundamentación y motivación. Máxime, que del análisis de la resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que el acto reclamado fue emitida con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16, primer párrafo y 122, Apartado A. fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 97 y 98 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 1, 2. Último párrafo, 3, fracciones V y IX, 7, 9, 40, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, fracciones II y VI, 5 y 6, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2, fracciones III, IV y V, 6, fracción IV, 7, Apartado A, fracción I, inciso h) y IV, 8, fracción II, y Décimo Primero Transitorio de Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracción VII, 7, 25, Apartado A BIS, sección primera, fracciones I, V y X del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 1, fracción XIX, 2, 3, fracciones II, III y V, 14, fracción IV, 57, 78 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y de diversas disposiciones de la Ciudad de México, por lo que, sin prejuzgar sobre su eficacia, llevan a la convicción de que las mismas no carecen de la cita de dispositivos legales y de las razones que los sustenten, de lo que se sigue, que no es dable concluir que se esté en presencia de actos carentes de toda fundamentación, que harían procedente la excepción de que se trata. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Alfredo Pérez Espinosa y Rivas, en contra los actos atribuidos al Director de Calificación "A" del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del código adjetivo en cita, devuélvase el documento que solicita, previa copia certificada que del mismo obre en autos, certificación de desglose, toma de razón y recibo que se deje para constancia, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. Ahora, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y toda vez que no se advierte que haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene como tal, el anotado en el proemio del ocurso que se provee, hasta en tanto señale domicilio para dichos efectos. Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de la licenciada Guadalupe Carmen Bonilla García, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. roberto

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