Alfredo Pérez Arizmendi

Expediente 533/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
533/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Pérez Arizmendi

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 06 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a seis de junio de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 18 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. I. Cumple requerimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese el escrito aclaratorio que presenta la parte quejosa Alfredo Pérez Arizmendi, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el once de mayo del año en curso; en tal virtud, se provee: II. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, en el toca 214/2022, a través de la cual confirmó el auto de dos de marzo del año en curso, emitido por el titular del Juzgado Décimo Tercero Civil de Partido, en el expediente C-503/2020, por el que se negó la admisión del recurso de apelación en contra del diverso de veinticuatro de febrero del presente año, éste último por el que se ordenó requerir al demandado en el juicio natural y aquí quejoso Alfredo Pérez Arizmendi, respecto de la condena impuesta en la sentencia interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. III. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Puntualizado lo anterior, quien esto resuelve advierte que la demanda en cuestión en relación a los actos reclamados, resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Conforme a los preceptos transcritos debe establecerse que el artículo 61 en su fracción XXIII dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa; finalmente se indica que cuando se trate de remates; únicamente podrá promoverse el juicio de derechos fundamentales contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe tal procedimiento; en la inteligencia que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, se entiende aquella en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o en su caso se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben de establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes, o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena) es decir, que se emitan de manera destacada y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa fue parte, en respeto al derecho de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Al caso es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1ª./J.29/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que aparece publicada en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Acorde a la jurisprudencia transcrita, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del período de ejecución de sentencia, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato, supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar a foja 31, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por lo que la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, en el toca 214/2022, a través de la cual confirmó el auto de dos de marzo del año en curso, emitido por el titular del Juzgado Décimo Tercero Civil de Partido, en el expediente C-503/2020, por el que se negó la admisión del recurso de apelación en contra del diverso de veinticuatro de febrero del presente año, éste último por el que se ordenó requerir al demandado en el juicio natural y aquí quejoso Alfredo Pérez Arizmendi, respecto de la condena impuesta en la sentencia interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito antes señalado. Por otro lado, si el Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que no procede el amparo indirecto en actos dictados en ejecución de sentencia, aunque se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, sino hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución, menos aún podría admitirse la procedencia del amparo contra un acto netamente procesal como lo es la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, en el toca 214/2022, a través de la cual confirmó el auto de dos de marzo del año en curso, emitido por el titular del Juzgado Décimo Tercero Civil de Partido, en el expediente C-503/2020, por el que se negó la admisión del recurso de apelación en contra del diverso de veinticuatro de febrero del presente año, éste último por el que se ordenó requerir al demandado en el juicio natural y aquí quejoso Alfredo Pérez Arizmendi, respecto de la condena impuesta en la sentencia interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Los razonamientos anteriores nos llevan a concluir que no procede el amparo indirecto contra la resolución reclamada promovida en la etapa de ejecución de sentencia, sino que ésta debe reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese periodo, vía conceptos de violación, por considerarse una violación procesal cometida en ese procedimiento. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, porque de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia está en aptitud legal de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución de la fase ejecutiva del procedimiento. Por tanto, en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y al ser indudable y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo. IV. Acuerdos generales. Se autoriza la expedición de las copias, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a once de mayo de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Alfredo Pérez Arizmendi. II. Autoridad responsable. Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otras. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 533/2022-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I y II, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: a. Relate bajo protesta de decir verdad de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, en razón de que no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al mismo, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo; lo anterior, toda vez que los plasmados de su parte fueron únicamente a partir del dictado de la sentencia y no así, en su totalidad de manera previa a dicha etapa. En el entendido que la protesta peticionada la realizará el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". b. Precise la denominación correcta de la autoridad que señala como "OFICIALÍA COMÚN DE PARTES Y OFICINA CENTRAL DE ACTUARIOS". Lo anterior, en razón de que es un hecho notorio que actualmente no existe en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, alguna potestad con esa denominación. A más de que en la actualidad si bien existe la Oficina de la Central de Actuarios en Materia Civil de este Partido Judicial, lo cierto es que dicha Oficina tiene a cargo facultades meramente administrativas, sin que a ésta le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano jurisdiccional, por lo que la calidad de autoridad responsable ejecutora no le corresponde a dicha oficina, pues no materializa acto judicial alguno; de ahí el requerimiento que se le formula. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 88/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 06 de diciembre de 2019, con número de registro 2021189, de rubro: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES." Con apoyo en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda de amparo. VI. Autorizados. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Domínguez Vallejo y Bonifacio Felipe Hernández Sánchez, en razón de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizado en términos restringidos del numeral citado y el correlativo artículo 24, segundo párrafo, ambos de la ley de la materia a la diversa persona que refiere, por no encontrarse en dicho supuesto. VII. Uso de medios electrónicos. Por lo que hace al uso de medios electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, hágase del conocimiento del promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Instrucción para practicar notificación personal. En términos de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. XI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de mayo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano