Alfredo Peralta Diaz

Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
305/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Peralta Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.MIDM*

  2. Principal

    CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del once de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, once de marzo de dos mil diecinueve Vista la demanda de garantías que promueve ALFREDO PERALTA DÍAZ, por su propio derecho, contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 305/2019-V que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, el quejoso reclama las autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, la "omisión de proveer de forma eficaz sobre la condena que pesa en su contra en los autos del expediente, tramitado ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, transgrediendo en mi perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que las autoridades, a pesar de que se les ha requerido, no se ha logrado que cumplan con la sentencia de dictada en el expediente TJA/2aS/24/16". En el entendido que tal precisión se obtiene tanto de lo expresamente reclamado, como de los efectos para los que solicita se conceda el amparo. En ese tenor, de conformidad con los numerales citados, las autoridades ordinarias tienen la obligación por ley de cumplir con las resoluciones emitidas por el tribunal administrativo, con el apercibimiento y aplicación de cualquier medida que razonablemente sea necesaria para el debido cumplimiento del fallo, de tal modo que las autoridades demandadas puedan ser obligadas a pesar de que no sea su voluntad a cumplir con las sentencias definitivas. De ahí que, en su ejecución en materia administrativa estatal, el municipio demandado en el juicio de origen interviene y nunca deja de estar sometido al imperio del tribunal en una relación de supra a subordinación, razón por la que no resulte posible tener a las autoridades demandadas como tales para los efectos del amparo, al no situarse, de acuerdo a la legislación aplicable, en un plano de desigualdad respecto del quejoso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que si bien el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos es parte demandada en el juicio de origen, éste no actúa en un esquema de supra a subordinación, esto es, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación al ser contrapartes del juicio natural, por lo que no puede considerarse a dicho Ayuntamiento, ni las diversas autoridades que señala como responsables pertenecientes a éste, como autoridades para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúan dentro del juicio de origen con potestad de imperio en el acto reclamado, sino que, como ya se mencionó con antelación, pues la relación que existe entre el quejoso y las autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos en comento en dicho supuesto es de coordinación, ya que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, al estar sometidas al imperio del tribunal ante quien litigan por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente; por lo tanto, no llega a darse el supuesto de que el acto combatido sea de autoridad. Entonces, el juicio de amparo no es el medio para impugnar la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad TJA/2aS/24/16; pues en tal caso, el impetrante tiene que hacer valer los medios ordinarios ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, puesto que la relación entre el quejoso y el Ayuntamiento demandado, entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad y no gobierno-gobernado; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante que los particulares puedan tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Lo antes expuesto, se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)", En la que se determinó que, excepcionalmente, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, se puede analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, cuando esté definido por jurisprudencia que aquélla no puede tener tal carácter, como sucede en el caso concreto, en donde la calidad del Ayuntamiento demandado, no podrá ser desvirtuada con ninguna de las probanzas que pudieran allegarse al juicio constitucional, pues se insiste, es contraparte del quejoso por lo que actúan en un plano de igualdad. Lo anterior, sin que pase inadvertida la jurisprudencia número 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio 2011, materia común, página 448, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". En la que se sustenta la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública Federal o de las entidades federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, lo que coloca al ente estatal en un plano de desigualdad frente al particular, en el caso de no cumplir voluntariamente con las sentencias condenatorias que en su contra se dicten, pues en atención a su calidad de órgano del Estado, se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso, ya que aquí se combate la omisión de las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, para cumplir con la resolución de nulidad emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en virtud de que el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es aplicable en la tramitación de los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tal como se evidencia del artículo 7 de ésta en el que no se contempla a dicho cuerpo normativo como norma supletoria. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Máxime que la legislación local prevé un procedimiento para lograr la ejecución de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos. Al respecto, en el capítulo doceavo "De la Ejecución de las Sentencias", de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece lo siguiente: "Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley. Artículo 91. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente: I. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada; II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley; III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y IV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública. Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado la versión publica en la Página de Internet del Tribunal." Es importante informar que el diverso 11 de la misma legislación local, dispone: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: I. Amonestación; II. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se reiterará cuantas veces sea necesario; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. El auxilio de la fuerza pública; V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y VI. Inhabilitación en los términos de esta ley. Para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas en términos de este artículo, el Tribunal y las Salas podrán solicitar el descuento vía nomina a la fuente de trabajo de la parte que incumpla una orden o determinación." Conforme a estas normas el ámbito local se prevé un procedimiento de ejecución de las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al contemplarse en los artículos 90 y 91 de la legislación en cita la obligación de las autoridades de cumplir con sus resoluciones, con la aplicación de los medios de apremio y medidas disciplinarias que señala el numeral 11 ya mencionado, el cual es derecho vigente y no ha sido objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad a través de jurisprudencia. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por por ALFREDO PERALTA DÍAZ, contra actos de las autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica, asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a los profesionistas propuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.MIDM*

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