Alfredo Peña De paz

Expediente 1003/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1003/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Peña De paz

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE ALFREDO PEÑA DE PAZ Y SANDRA SILVIA ESPINOSA ALTAMIRANO POR CONDUCTO DE QUIEN SE OSTENTA COMO SU DEFENSOR SEBASTIÁN MONTERO ÁLVAREZ, EL ACUERDO QUE DICE: Alfredo Peña de Paz y Sandra Silvia Espinosa Altamirano por conducto de quien se ostenta su defensor Sebastián Montero Álvarez promueven demanda de amparo contra actos de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 1003/2016 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asimismo, se toma en cuenta el criterio obligatorio, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, cuando el acto reclamado es el auto de formal prisión dictado en contra del indiciado que lo reclame, debido a que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 160608 Localización: Décima ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLibro III, Diciembre de 2011Página: 2183Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.)JurisprudenciaMateria(s): Común "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y párrafo quinto, fracción séptima del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ejercen jurisdicción en el municipio de Acayucan, Veracruz. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La resolución dictada en el toca 709/2016 por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirmó el auto de formal prisión emitido en contra de los quejosos por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Acayucan, Veracruz en la causa penal 289/2014. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que la resolución que confirmó el auto de formal prisión dictado en contra de los quejosos, la cual resulta ser el acto reclamado en este asunto, se considera respetuosamente tiene ejecución en Acayucan, Veracruz, debido a que el proceso penal del cual deviene se lleva en el Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en aquel lugar, donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito. Máxime que del punto "4." del capítulo de hechos y del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que en contra del auto de formal prisión, dictado en la causa penal 289/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Acayucan, Veracruz, los quejosos promovieron el juicio de amparo 1073/2014, el cual al ser resuelto por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos les concedió el amparo; acto de donde deriva precisamente el reclamado en este juicio de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este asunto y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el asunto al Juez de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución la resolución reclamada. Asimismo, se solicita de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo; con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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