Alfredo Pedraza Resillas

Expediente 342/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
342/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Pedraza Resillas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Alfredo Pedraza Resillas por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil con residencia en Texcoco, Estado de México; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 342/2022-II. Análisis de las causales de improcedencia. Ahora bien, en principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Estado de México, dentro del toca 60/2022, que revocó la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, dentro del expediente 2293/2021., en la que declaró procedente la excepción de falta de personalidad opuesta por el ahí demandado, aquí quejoso, Alfredo Pedraza Resillas. Al respecto, esta juzgadora estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir, incluso en el caso de que el agraviado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Por otra parte, conforme a la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio orientador, a fin de definir cuándo se estaba en presencia de actos dentro de juicio de imposible reparación. Sobre el tema, se determinó que debían considerarse como actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos tutelados por derechos fundamentales, constituyeran violaciones procesales, que afectaran en grado predominante o superior a las partes. Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal del País a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, se estableció que esa afectación exorbitante sólo podía determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento; así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba infundada, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En esa tesitura, si se estima como principio que al operador de la norma no le es dable hacer diferencias que su autor no hizo y que además, en el caso concreto el legislador precisó qué debe entenderse por afectación irreparable (en los términos apuntados), ya no resulta válido interpretarla para ampliar o variar en cualquier forma ese entendimiento, como ocurriría si se afirmara que ese tipo de afectación incluye lo referente a cuestiones procesales con implicaciones superlativas ni tampoco debe hacerse tal ejercicio en búsqueda de un significado, que ya sin duda, fue asignado por el propio legislador y es así, que lo irreparable de actos en juicio para efectos del amparo, bajo la vigencia de la ley de la materia que rige a partir del tres de abril de dos mil trece, no puede derivar sino de la afectación, exclusivamente de lo sustantivo de los derechos y de que la misma sea material; ya no, en atención a lo superlativo de cuestiones procesales, sin posibilidad de aplicar la anterior jurisprudencia contraria a la actual ley, que no requiere ni permite más interpretación que la literal, porque de otro modo, se contravendría la intención del legislador que expresamente estableció cómo debe entenderse la hipótesis normativa de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Máxime que, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, en tanto que se opone a lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Así, en el caso, el acto reclamado por el quejoso consiste en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Estado de México, dentro del toca 60/2022, que declaró fundados los agravios expuestos por la parte ahí actora y revocó la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, dentro del expediente 2293/2021, en la que había declaró procedente la excepción de falta de personalidad opuesta por el ahí demandado, aquí quejoso, Alfredo Pedraza Resillas. En ese sentido, es inconcuso que la resolución reclamada no puede ser considerada como acto de imposible reparación, dado que tiene como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, tomando en consideración que la cuestión relativa a la personalidad es un presupuesto procesal, por lo que al obtener una sentencia definitiva favorable se reparan y desaparecen, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse materialmente ningún derecho sustantivo, tales como la libertad, propiedad, posesiones o derechos, ya que al momento en que se producen no los afecta de manera irreparable, sino que ello será así en tanto que se resuelva la controversia, y tales actos influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. En efecto, la resolución que dirime la excepción de falta de personalidad tiene como fin que se desconozcan las facultades de representación de quienes acuden al juicio natural en nombre de los contendientes; en ese tenor, esos efectos son meramente formales y pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene sentencia definitiva favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; de ahí, que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Alfredo Pedraza Resillas por propio derecho. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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