Alfredo Paez Cruz

Expediente 270/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
270/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Paez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de tres de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, devuélvase a la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla las copias certificadas de diversas constancias de su estadística, con las que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecinueve. Incorpórese al expediente el oficio 14962/2019, del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2°, como lo solicita expídase a costa de Miguel Tlaine (sic) Suen, a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas y actos de administración, copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente sumario, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores de este juzgado, previa identificación y razón que obre en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la Comisionada Presidente de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado y en representación legal de dicho Instituto, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de diversas constancias, visto su contenido, se provee: A efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Alfredo Páez Cruz, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de los Comisionados de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, de acordar el escrito que le presentó el quince de enero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 55-ISSSTEP-03/2017. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que la Comisionada Presidente de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en representación legal de dicho Instituto exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente 55-ISSSTEP-03/2017, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acuerdo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, el cual incluso le fue notificado por lista el veintitrés de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la quejosa se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a una petición presentada dentro del expediente 55-ISSSTEP-03/2017, y la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el mismo fue emitido el veintidós de enero de dos mil diecinueve; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el veintidós de enero de dos mil diecinueve, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de febrero del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, de julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto; dicen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, Tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Resulta aplicable, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con once minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado y en representación legal de dicho instituto para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones y nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a las personas que menciona en dicho informe. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la referida autoridad, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones, se ordena formar el ANEXO I de este juicio, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el alegato ministerial número 072/2019, de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, visto su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución en el presente juicio de amparo expídasele copia de la misma.

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