Alfredo Padilla Ruiz
Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Alfredo Padilla Ruiz
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado el presente asunto, por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido...
- Principal
Notifíquese Personalmente.
- Principal
Toda vez que transcurrió el plazo de dos días previsto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa o sus autorizados acudieran a notificarse del proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, por este conducto se les notifica el auto de referencia el cual en su parte relativa dice: Incorpórese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el comunicado de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, la responsable anexó fotocopias certificadas de algunas constancias del expediente 1969/2019/13-B, en apoyo a su informe, documental que de acuerdo con el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Al efecto la autoridad responsable informa que no es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de dictar el auto de avocamiento en el expediente 1969/2019/13-B y de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Habida cuenta que tal como se advierte de la documental que acompaña, desde el dos de octubre del presente año acordó sobre el aludido auto de avocamiento y señaló fecha para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Mismas constancias a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Por ende, es evidente la inexistencia de la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda (cinco de noviembre de dos mil diecinueve), dado que la autoridad responsable ya se había avocado al trámite de lo peticionado. En esa tesitura, atento al contenido del informe de cuenta y la documental que se acompaña, se advierte la actualización de la causa manifiesta e indudable de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]". Efectivamente, del citado numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1. De las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2. Cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario, como acontece en la especie. Conforme a lo anterior, ese motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Como apoyo de lo anterior, resulta aplicable la tesis que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2019142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.16o.T.7 K (10a.) Página: 2646 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considere se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el que la quejosa es parte procesal actora. En efecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º. Constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de abril de 2015 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Por otra parte, tampoco obsta que en el acuerdo de admisión de este juicio se hubiera reservado el emplazamiento de los posibles terceros interesados señalados por el quejoso; sin embargo, se considera innecesario llevar a cabo dicho emplazamiento, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 17 Constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, aunado a que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una omisión, de ahí que se considera que no se advierte derecho humano alguno que pudiera resentir una afectación directa e inmediata. Máxime que al quedar acreditado que la autoridad responsable se pronunció al respecto, significa el impulso del procedimiento, por lo que los derechos de quien en su caso resultara terceros interesados quedan incólumes, evitándose así una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes o, incluso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente afecta esos derechos que se pretende garantizar. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta: Época: Décima Época Registro: 2000923 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común, Laboral Tesis: VI.T. J/1 (10a.) Página: 1751 "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa". Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se admite demanda, pídase informe(s) justificado(s) a la(s) autoridad(es) responsable(s); se fijan las 10:16 del 04 de diciembre de 2019, para el desahogo de la audiencia constitucional; sin formarse cuaderno incidental, por no haber sido solicitado, se autoriza el uso de medios electrónicos, Hágase saber al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sobre la admisión de la demanda y sus consecuencias aquí acordadas, a fin de que intervenga en esta litis constitucional como legalmente le competa...
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