Alfredo Osio Hurtado
Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfredo Osio Hurtado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado en que se encuentran los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para impugnar el pronunciamiento de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil veintitrés. En esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL para la parte (QUEJOSA) (POR CUMPLIDA LA SENTENCIA)
- Principal
- Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Precisado lo anterior, conviene señalar que los efectos de la concesión de la protección constitucional, son los siguientes: "Por tanto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridades responsables, Gerente General y Gerente de Prestaciones y Bienestar Social, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Gobierno de la Ciudad de México, en forma inmediata, den cabal y debido cumplimiento con lo ordenado en el dictamen número CJN/JUDAyD/2171/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el que se otorgó la pensión por jubilación al quejoso, asignándole la cuota mensual de $16,335.38 (dieciséis mil trescientos treinta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), esto es, realicen el pago efectivo que se autorizó desde la emisión de dicho dictamen, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la ley de la materia, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Gerente General y Gerente de Prestaciones y Bienestar Social, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el término de diez días, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: Deberán dar cabal y debido cumplimiento con lo ordenado en el dictamen número CJN/JUDAyD/2171/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el que se otorgó la pensión por jubilación al quejoso, asignándole la cuota mensual de $16,335.38 (dieciséis mil trescientos treinta y cinco pesos 38/100 Moneda Nacional), esto es, realicen el pago efectivo que se autorizó desde la emisión de dicho dictamen, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia requiérase a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico del Gerente General y Gerente de Prestaciones y Bienestar Social, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Gobierno de la Ciudad de México, los conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de amparo, o bien, para cumplirla por sí misma. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. . Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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