Alfredo Orozco Orozco
Expediente 2649/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2649/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2020
Partes del expediente
- Alfredo Orozco Orozco
Actuaciones
- Principal
Con efectos de notificación personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se realiza la presente notificación del acuerdo dictado el tres de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, que dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de seis de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se requiere a la parte quejosa, para que, dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que, de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. El entendido de que, para acudir por los aludidos documentos, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Directora de lo Contencioso, en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que se emitió orden de pago 1931574 y cheque a favor del quejoso; mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informó la cantidad a devolver a la parte quejosa. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte haciéndose consistir en que la Oficina de Recaudación Fiscal número 75, con sede en San Miguel El Alto, Jalisco, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, emita un acuerdo en el que el quejoso deje de pagar la tarifa de $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por el registro efectuado por el quejoso, numerario que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto y que se desprende del recibo oficial número xxxxxx; y deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que le fue cobrada por medio del recibo oficial referido. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución, y se requirió por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante oficio xxxxxx del 02 de septiembre de 2020, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el articulo tildado de inconstitucional, esto con la garantía de que a la parte quejosa no se le aplique en el presente, ni en el futuro, lo relativo al concepto previsto en el artículo 16, fracción 1, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019; y mediante oficio xxxxxx, se requirió al quejoso, a efecto de que se presentara ante la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública el Estado, a recoger la orden de pago y cheque correspondientes a la devolución ordenada. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del, perito oficial, por el que peticiona una prórroga para emitir su dictamen pericial por las razones que expone. Indíquese que se le otorgan veinte días hábiles para emitir su opinión técnica, los que deberán computarse a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo; lapso que se determina a fin de optimizar la impartición de justicia en ejercicio de las facultades discrecionales de este Juzgado Federal, teniendo en consideración que en el asunto el experto en cuestión no informa de manera pormenorizada los avances realizados ni qué trabajos, cálculos o planos le restan para concluir la encomienda. Se apercibe al perito que de incumplir con la recuesta anterior, en el lapso indicado, se procederá en términos del artículo 153 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y se le impondrá una multa en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Se citan los criterios: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El último párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo establece que a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, así pues, como la prueba pericial no se encuentra regulada en la Ley de Amparo, debe aplicarse supletoriamente el código federal de referencia, tratándose de la prueba de mérito, y así, cuando los peritos nombrados por las partes no rindan sus dictámenes, no necesariamente esa falta trae como consecuencia que se tenga por "desierta" dicha prueba, toda vez que el artículo 153 del código procedimental referido establece que el Tribunal debe designar nuevos peritos en substitución de los omisos e imponer a éstos una multa; esa conducta, hará responsable al perito de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que lo nombró; ahora bien, si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que le fue otorgado, pero lo hace antes de que se realice el nuevo nombramiento, únicamente se le aplicará la multa señalada en el primer párrafo del numeral 153 en comento". (Época: Novena Época, Registro: 205249, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XIX.2o.3 K, Página: 394). "SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL ORDENADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN NORMATIVA EN LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLEZCA BAJO QUÉ CONDICIONES DEBE PONDERARSE AQUÉLLA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES, EMITA LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA O NO DE LA PETICIÓN. La consagración constitucional del derecho a la jurisdicción impone al operador jurídico el deber de impartir justicia; no sólo en los plazos y términos fijados en las leyes, sino también a resolver de manera pronta, imparcial y completa. En la búsqueda de esa completitud, surge el deber de la autoridad judicial de resolver la controversia sometida a su potestad, sin que sea obstáculo para ello el silencio, la oscuridad o, incluso, la insuficiencia de la ley. En abandono del formalismo en la interpretación y aplicación del derecho, la discrecionalidad judicial surge como consecuencia del reconocimiento de que no en todos los casos, el derecho positivo ofrecerá una respuesta directa y única a cada problema jurídico, o a los accidentes procesales que se susciten durante su curso legal. La única limitación para el ejercicio de ésta consistirá en la motivación expresa y la razonabilidad de la medida. Entonces, si se solicita la prórroga para el desahogo de una prueba pericial ordenada dentro del juicio de amparo indirecto, la ausencia de disposición normativa en la Ley de Amparo que establezca bajo qué condiciones debe ponderarse esa petición, no impide que el Juez de Distrito emita las providencias necesarias para evaluar la procedencia o no de la solicitud, porque en ejercicio de su discrecionalidad puede determinarlo como rector del procedimiento a fin de optimizar la impartición de justicia. Por ende, si el Juez resuelve no acceder a la petición de prórroga, porque el solicitante no manifestó el tipo de imposibilidad que tenía para no asistir a su desahogo, y tampoco exhibió documento alguno que lo corroborara, esa decisión resulta legal, porque satisface los estándares de suficiencia, racionabilidad y sensatez que obligadamente debe plasmar, a fin de no emitir una resolución arbitraria cuando no hay norma expresa que brinde la solución específica al problema jurídico al que se enfrenta". (Época: Décima Época, Registro: 2014141, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: I.1o.P.9 K (10a.), Página: 185). En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.
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