Alfredo Nicols Santana
Expediente 1379/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1379/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alfredo Nicols Santana
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa el auto de 16 de diciembre de 2022. Culiacán, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. I. Returno. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al cual adjunta el juicio de amparo 1363/2022, promovido por ***********, en razón que dicho órgano jurisdiccional returnó el presente asunto por conocimiento previo; acúsese de recibo. II. Parte quejosa. ************. Por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Acto reclamado. La destitución de la plaza de médico supervisor en área normativa de los Servicios de Salud de Sinaloa sucedida el nueve de noviembre de dos mil veintidós. IV. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, atento la extemporaneidad en la promoción de la demanda de amparo. Respecto la temporalidad de la presentación del escrito de demanda, la causa de inejercitabilidad de la acción está contemplada en los dispositivos siguientes: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Luego, si en el caso se reclama la destitución de la plaza de médico supervisor en área normativa de los Servicios de Salud de Sinaloa sucedida el nueve de noviembre de dos mil veintidós, la demanda de amparo es improcedente al haber sido presentada de forma extemporánea. Lo anterior, si el nueve de noviembre del año en curso tuvo conocimiento de la destitución en la plaza de médico supervisor, por tanto, se parte de esa fecha para proveer respecto de la procedencia de la demanda de amparo en torno a la oportunidad de su presentación, virtud el término de quince días para presentar demanda de amparo comenzó a partir del diez de ese mismo mes y año, y concluyó el uno de diciembre de dos mil veintidós; sobre todo porque no se reclama sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; tampoco son actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna establece que para iniciar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo se debe atender a la actualización de alguno de los siguientes supuestos: I. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución reclamada conforme a la ley del acto reclamado. II. Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Al día siguiente al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso concreto debe atenderse al segundo de los anteriores supuestos, a que la quejosa señala tuvo conocimiento de los actos reclamados; por lo que, los quince días para promover amparo inició el diez de noviembre del mismo año. En ese sentido, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para que el promovente acudiera a esta instancia constitucional a manifestar los actos señalados en líneas precedentes, feneció el uno de diciembre del año en curso. En consecuencia, la promoción de la demanda de amparo al día de hoy es extemporánea, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizados a las personas que menciona. VI. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. VII. Se remite oficio a la Oficina de Correspondencia Común. Virtud que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, envió a este tribunal el oficio 48379/2022, con motivo del returno del juicio de amparo 1363/2022 de su índice, promovido por *************************; por tanto, con copia del presente proveído y del oficio de que se trata, gírese oficio al encargado de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, en esta ciudad de Culiacán, para el efecto que haga la compensación de cargas en el rubro de juicios de amparo.
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