Alfredo Navar Hernández
Expediente 739/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2018
Partes del expediente
- Alfredo Navar Hernández
Actuaciones
- Principal
- Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancias el oficio signado por . . . dado que mediante acuerdo de . . . se desechó la demanda de amparo, el cual quedo firme el día . . .
- Principal
- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE . . .
- Principal
CITATORIO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 21/06/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 20/06/2018, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. "Querétaro, Querétaro, veinte de junio de dos mil dieciocho. Vista la boleta de recepción 005151/2018, a la que anexa el oficio número 2253-1, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al cual anexa demanda de amparo y anexos, dos legajos de copias certificadas, cuaderno de apelación 716/2018 LV, copias certificadas del expediente 1642/2017, dictado en autos del amparo directo civil 407/2018; formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ALFREDO NAVAR HERNÁNDEZ, constancias de las que se advierte que dicho Tribunal resolvió declararse legalmente incompetente y declinó la competencia a un Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; habiéndole correspondido a este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Vista la demanda promovida por ALFREDO NAVAR HERNÁNDEZ por propio derecho contra de actos del Magistrado Presidente y Ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que hace consistir textualmente en: De la Autoridad Responsable Ordenadora. El Magistrado Armando Licona Verduzco, Magistrado presidente y ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, como autoridad responsable ordenadora, reclamo la resolución de Segunda Instancia de fecha 22 de Mayo del año 2018, pronunciada dentro del Toca de Apelación 716/2018, relativa al recurso de Apelación en contra del auto de fecha 05 de Marzo del año 2018, y hecho valer por el suscrito el día 13 de Marzo del año 2018, dictado dentro del juicio ordinario civil C-1642/2017, promovido por el suscrito y tramitado ante el Juzgado Octavo de primera instancia Civil, representado por la C. Juez Ana Cristina Solórzano Gallego. De la Autoridad Ejecutora.- De la Juez del Juzgado Octavo de primera instancia Civil, representado por la C. Juez Ana Cristina Solórzano Gallego, como autoridad ejecutora, a quien le reclamo el pronunciamiento del auto de fecha 05 de Marzo del año 2018, en donde su contenido me causa un agravio, aunado a la falta de igualdad procesal, contraviniendo con dicho pronunciamiento por los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, así como los artículos 130, 132 y 134 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, los actos procesales en general, establecen "Los Plazos Judiciales" (foja 2 de la demanda de amparo). Ahora bien, en principio es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, dicho artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Una vez asentado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Para evidenciar lo anterior, es pertinente traer a contexto el contenido del artículo y fracción invocados, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De la anterior transcripción se obtiene que dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de garantías, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. En el caso concreto, como quedó asentado, el acto reclamado consiste en el auto dictado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en el toca civil 716/2018 LV, en donde se desechó el recurso de apelación interpuesto por Antonio Navar Hernández, por medio de apoderado legal, en contra del auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho dictado en el juicio ordinario civil 1642/2017 del índice del juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del primer distrito judicial de Querétaro, mediante el cual se tuvo al experto aceptando y protestando el cargo conferido. Lo que se corrobora con las constancias del toca civil 716/2018 LV del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, así como, de las copias certificadas deducidas del expediente número 1642/2017, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º. Ahora bien, a efecto de evidenciar la causal de improcedencia en estudio, resulta necesario traer a contexto el contenido del artículo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, el cual establece: "Artículo 726. De los decretos y autos del Tribunal Superior de Justicia, aún de aquellos que, dictados en primera instancia, sería apelables, puede pedirse reposición que se substanciará en la misma forma que la revocación". Del numeral antes citado, en lo que interesa, se advierte que contra los decretos y autos dictados en la segunda instancia, aun los que pudieran ser apelables en la primera instancia, pueden recurrirse mediante el recurso de reposición, el que seguirá el trámite del recurso de revocación previsto en dicha legislación. Esto es, del contenido del precepto legal en comento, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada. De lo anterior, es inconcuso que de conformidad con el artículo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, procede el recurso de reposición contra el acto reclamado, esto es, un auto de trámite dictado por el Tribunal Superior de Justicia en la segunda instancia. De ahí que, el acto reclamado puede ser recurrido mediante el recurso de reposición por la parte que le cause agravio, dado que el citado numeral establece la procedencia del medio de impugnación contra los autos dictados en la segunda instancia, incluyéndose aquéllos de mero trámite como en caso acontece. Por ello, el quejoso previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar el recurso de reposición, pues a través de ese medio de impugnación ordinario puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo...En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional (auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho), trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar este juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -denegada apelación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia Civil del primer distrito judicial de Querétaro, pues el auto materia del recurso de apelación lo es el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo al experto aceptando y protestando el cargo conferido, ya que se traduce en una violación procesal. Dado lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos del diverso numeral 113 de la propia ley. Finalmente, con fundamento en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de garantías; y autorizando en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Ramos Alcocer, Daniela Razo Escalera, José Antonio Muñoz Ortiz y Sergio Gustavo Barquín Carmona y en términos del diverso 24 del mismo ordenamiento legal, a las demás personas que señala en su escrito inicial hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito."POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHO AUTO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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