Alfredo Nahum Vásquez Urdiales
Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Nahum Vásquez Urdiales
- Alfredo Nahum Vásquez Urdiales y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse en lo sustancial, que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose de la razón de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, levantada por el Actuario de este Juzgado, que no le fue posible notificar el proveído de veinticinco del citado mes y año, al quejoso Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales, toda vez que obtuvo su libertad y egresó el veintisiete de abril de este año del Centro Estatal número tres, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, se ordena que las subsecuentes notificaciones de carácter personal dirigidas a la parte quejosa, se realicen vía electrónica a través del usuario que para ello proporcionó, en los términos acotados en auto admisorio de veintiuno de abril actual, lo que se precisa para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la boleta de turno que remite la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, por el que remite: 1) el oficio 7972/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca; 2) testimonio de constancias deducido del juicio de amparo número 137/2023 del índice de ese órgano jurisdiccional, promovido por ..., contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pochutla, Oaxaca, y otras autoridades; 3) dos discos DVD, relativos a la causa penal 151/2015; y 4) testimonio del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 137/2023 del índice de ese órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado materia de este juicio de amparo. Ahora bien, advirtiéndose que en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el citado juicio de amparo decretó la separación de autos, ordenándose que el presente juicio se ocupe, únicamente de la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil quince, dictada en la causa penal 151/2015, en contra del aludido quejoso, por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pochutla, Oaxaca; a efecto de que sea fallado por cuerda separada al diverso juicio del que deriva el testimonio de cuenta. Se hace la precisión que el quejoso ... se encuentra interno en el CERESO, Número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tal virtud, se acepta la competencia declinada y este Juzgado se avoca a su conocimiento, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 386/2023. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 37/2004, registro 181369 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 90, que dice: COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. Sin que haya lugar a ordenar el trámite del incidente de suspensión, toda vez que en el juicio de garantías del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, del que deriva el presente asunto, ya se dictó la interlocutoria correspondiente, del cual únicamente se ordena formar por separado con las copias certificadas del incidente de suspensión aludido cuaderno de antecedentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de la revisión que se realizó al expediente electrónico del juicio de amparo 1810/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en la página de intranet https://www.dgej.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp, se obtuvo lo siguiente: 1) En el citado controvertido constitucional se reclamó la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil quince, dictada en la causa penal 151/2015, en contra del quejoso ALFREDO NAHUM VÁSQUEZ URDIALES, por el Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca -mismo acto reclamado en el presente asunto. 2) Mediante sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se negó al quejoso, el amparo y protección de la justicia federal, en el que se analizó la legalidad de la citada orden de captura, emitida en el proceso penal 151/2015, de la estadística del entonces Juzgado de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca (denominación anterior), ahora Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pochutla, Oaxaca, por su probable participación en la comisión del delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de .... 3) Determinación que causó ejecutoria el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. De lo anterior se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se precisan. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior es así, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XI, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo; dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". (.)." La causal en comento limita la promoción del juicio de amparo respecto de actos que ya fueron materia de estudio y que, por ello, existe una determinación que ha quedado fija y rige sobre un acto en la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, se itera como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sentencia emitida el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo 1810/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la que se negó a ALFREDO NAHUM VÁSQUEZ URDIALES el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Juzgado de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca (denominación anterior), ahora Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pochutla, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil quince, dictada en el proceso penal 151/2015, por su probable participación en la comisión del delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Antonio de León Roblero. Determinación que causó ejecutoria el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Asimismo, se destaca que en los autos del juicio de amparo 137/2023, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, los cuales fueron remitidos en copia certificada, derivado de la separación de autos ordenada, obra el informe justificado del Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Pochutla, Oaxaca, en el que aceptó la existencia del acto reclamado (foja 11). Luego, el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo, pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no solo contra la técnica rectora de la materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 de la constitución. Se estima que para la existencia de cosa juzgada, resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya instado otro juicio de amparo indirecto en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones, el mismo acto reclamado, debiendo existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer en ambos. Ilustra esa consideración, la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tomo XXVII, febrero de 2008, página 197, materia común, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues solo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." En efecto, la causal de improcedencia de que se trata se exterioriza en el llamado principio de cosa juzgada del juicio de amparo, el cual consiste en la autoridad y fuerza que la ley atribuye a una sentencia ejecutoriada, que equivale a la irrevocabilidad e inmutabilidad de lo resuelto en el fallo respectivo, ya en el juicio en que aquélla se pronuncie o en otro diverso. Este principio encuentra justificación en la necesidad de que, por seguridad jurídica, se evite replantear en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. Conforme a lo asentado, la cosa juzgada opera, por regla general, cuando en una controversia sometida a un órgano de control constitucional, se resuelven ciertos aspectos de fondo o sustanciales y además, cuando dicha decisión adquiere firmeza o irrevocabilidad, esto es, cuando el fallo emitido en un procedimiento constitucional anterior ha causado ejecutoria o estado, de tal manera que la cosa juzgada constituye la verdad legal, lo que impide que el tema analizado de manera previa, pueda someterse nuevamente a discusión en un diverso juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.1o.C.3 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 1960, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN UN JUICIO EN RAZÓN DE LA SENTENCIA FIRME EMITIDA EN OTRO, CON INDEPENDENCIA DE LAS FECHAS DE SU INICIO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en jurisprudencia, que la ejecución íntegra de una sentencia solo se alcanza en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse. En ese contexto, lo determinante para la actualización de la cosa juzgada - directa o refleja- es lo sentenciado con anterioridad en un juicio, por lo que carece de importancia cuál procedimiento inició antes, pues lo que debe ser primero en tiempo es la sentencia firme, ya que tal firmeza origina la imposibilidad de resolver sobre lo pedido en el juicio que aún no ha sido resuelto, con independencia de que éste se haya instado antes que aquél, y que por el trámite procesal seguido por uno y otro, haya sido el segundo el que alcanzó antes la sentencia ejecutoria". En consecuencia, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque el acto aquí reclamado, fueron materia del diverso juicio de amparo 1810/2016, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y acto reclamado; en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, determinación que adquirió firmeza jurídica al causar ejecutoria. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Notificación al quejoso. Ahora bien, toda vez que el quejoso Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales se encuentra interno en el CERESO, Número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se encomienda al Actuario adscrito, le notifique el presente proveído, en dicho lugar; asimismo, le entregue copia de la presente determinación. Domicilio y autorizados. Con independencia de la notificación que se ordenó realizar al quejoso en su lugar de reclusión, se tiene señalando como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Notificaciones electrónicas. Toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "Alf0102"; por consiguiente, se autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía - electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la parte promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." En atención a lo anterior, no ha lugar a tenerle señalando como diverso domicilio el que indica en el ocurso de cuenta, debido a que ya se autorizó realizar las notificaciones relevantes, vía electrónica. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Y VÍA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.
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