Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales

Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
560/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comunicación oficial remitida por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, recibido con firma electrónica y evidencia criptográfica, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 226/2021 (881/2021), derivado de este juicio de amparo, girado a efecto de notificar al quejoso ***, el auto de veintiuno de octubre del año en curso; en consecuencia, dese de baja, hágase las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a ordenar se acuse recibo respectivo, dado que la autoridad oficiante ya se pronunció al respecto. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que Alfredo Nahum Vásquez Urdiales, no interpuso recurso de queja, contra el auto de veintiuno de octubre del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio 29463/2021, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al que adjunta la papeleta con registro 008344/2021, así como copias certificadas deducidas del juicio de amparo 233/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en ese lugar; acúsese recibo vía interconexión. Lo anterior, en cumplimiento a lo determinado en proveído de tres de junio del año en curso, en la que se declaró procedente la separación de autos en el juicio de amparo 233/2020, del índice de ese órgano jurisdiccional, ordenándose formar un nuevo juicio de amparo, que únicamente se ocuparía de los actos reclamados por el quejoso ****, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y otras autoridades, respecto de la orden de aprehensión de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 66/2016 de su índice, así como carecer de competencia legal, por razón de territorio. En tales circunstancias, por los motivos expuesto los cuales se comparten, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada, se declaran válidas las actuaciones y se avoca al conocimiento del asunto, debiéndose hacer tal circunstancia de su conocimiento. ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 560/2021-V-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa reclama del 1. Juez Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla la orden de aprehensión de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 66/2016. DESECHAMIENTO Previo acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la Octava Época, con registro 210751, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se invoca como hecho notorio la substanciación del juicio de amparo 737/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, promovido por Alfreso Nahúm Vásquez Urdiales, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca y otras autoridades, en el que derivado del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable, en el que aceptó el acto reclamado, se advirtió que efectivamente al aquí quejoso, se le instruyó la causa penal 66/2016, al cual se le otorgó pleno valor probatorio, juicio respecto del cual se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria por auto de veintiuno siguiente y se tuvo por cumplido el fallo protector el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, dictada contra el quejoso Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales; en la causa penal 66/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, ya fue motivo de estudio en el citado juicio de amparo 737/2017. Dicho numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; Conforme al análisis sistemático de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Dicha causal tiene su origen en el principio de cosa juzgada, por virtud del cual, al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un diverso juicio cuya sentencia ha causado ejecutoria, produce su inatacabilidad con la promoción de un nuevo amparo en que se reclame el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al extremo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de amparo que primigeniamente se promovió y cuya resolución causó ejecutoria. También puede suceder, que en dos juicios de amparo promovidos por el mismo gobernado formalmente se señalen actos reclamados y autoridades responsables distintos, ya sea porque en uno de los expedientes, se designan más, o menos actos reclamados, o autoridades; empero, se puede dilucidar con suficiente claridad que en esencia se trata del mismo acto, de tal modo que si se estudiaran los reclamados en el segundo amparo, se estaría analizando de nueva cuenta sobre el que ya fue materia de estudio en el sumario cuya sentencia ha causado ejecutoria y, ante tales circunstancias, se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que prevé la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto, es precisamente que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio más antiguo, con la interposición de amparos subsecuentes, en los que medularmente se reclame lo mismo. Así, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que establece la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad, ya no puede promover otro contra ese acto, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; toda vez que en un diverso juicio no se debe pretender que se declare la inconstitucionalidad de uno que constituyó cosa juzgada al respecto. La porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia diseñadas por el legislador para efectos del juicio de amparo, vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención, en relación con la fracción XI del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Alrededor de la cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por 28/09/22 16:35:37 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cc.67 CAROLINA LIMA JORGE circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Igualmente, la Segunda Sala ha dejado establecido que "la autoridad de la cosa juzgada", se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes presupuestos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro: 242962, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 72, Quinta Parte, materia común, página 49, suyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." En este sentido, se tienen como elementos condicionantes de la cosa juzgada, los siguientes: La existencia de una sentencia ejecutoriada.  La existencia de un diverso proceso en trámite.  La existencia de una relación sustancial de interdependencia, respecto al objeto sobre el que versa el juicio previo -de donde deriva la sentencia ejecutoriada- y el que se tramita.  La sujeción de las partes a la obligatoriedad de la sentencia firme del primer proceso.  Que en la sentencia firme se sustente un criterio de fondo preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos lógicos sobre los que versa el nuevo juicio, y que, a su vez, será elemento necesario para sustentar la resolución de este último, a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Luego, en términos del diseño establecido en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada que provoca la improcedencia del juicio de amparo exige, de manera estricta, la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o ley que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro. 2) Que dichos juicios hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, de acuerdo a ese esquema normativo, la improcedencia del juicio de amparo, por efecto de la prevalencia de un estado de cosa juzgada, precisa de manera indefectible del elemento de identidad en cuanto a personas, cosas y causas en los juicios en que se intente, siendo justamente tales elementos los que trascienden a la integración y eficacia directa de la cosa juzgada. En ese sentido, debe decirse, además, que la indispensable satisfacción de tales supuestos para efectos de la improcedencia del juicio por efecto de cosa juzgada, no resulta caprichosa, sino que se justifica y adquiere relevancia en función de la consecuencia instantánea que su observancia provoca, en concordancia con el objetivo inmediato que dicha institución persigue (certeza y seguridad jurídica). Esto, si se toma en cuenta que para el caso de la cosa juzgada directa, respecto de determinado procedimiento, la configuración del marco de identidad ya señalada (coincidencia de personas, cosas y causas) provoca de manera instantánea una imposibilidad material para juzgar el fondo del asunto (sin alterar la cosa juzgada) y, con ello, la improcedencia automática de la instancia. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la orden de aprehensión de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, dictada contra el quejoso Alfredo Nahúm Vásuqez Urdiales; en la causa penal 66/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca. Ahora bien, en el diverso juicio de amparo 737/2017, promovido por el quejoso Alfredo Nahúm Vásuqez Urdiales; contra actos del 1. Juez Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, en el que la responsable, aceptó la existencia del acto reclamado, mismo que concluyó con el dictado de la sentencia por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En razón de lo anterior, se advierte que la sentencia dictada, no fue recurrida en tiempo y forma, por lo que causó ejecutoria por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, teniéndose por cumplido el fallo protector el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. De lo anterior se colige que el acto reclamado en el presente juicio, es decir, la orden de aprehensión de veinte de noviembre de dos mil dieciséis, en contra de Alfredo Nahúm Vásuqez Urdiales; llevado a cabo en la causa penal 66/2016, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, ha sido materia de estudio en diverso juicio de amparo, promovido por el propio quejoso y contra la misma autoridad responsable, que a la fecha ha quedado firme. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2022434, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 8, Décima Época, de rubro y texto siguientes: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA . Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." De ahí que se estime improcedente la acción constitucional intentada por el quejoso, máxime que el acto reclamado ha sido objeto de examen en juicio de amparo promovido con anterioridad, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En tales condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado en este acuerdo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, tomando en cuenta que el quejoso Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle de Laureles 106, Colonia Reforestación, Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca , esto es, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, le notifique personalmente este proveído; asimismo, lo requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndolo que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizadas únicamente en términos del artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado Federal encontrarse legamente facultados para ejercer la profesión de abogados o proporcionen los datos correspondientes. CONSULTA ELECTRÓNICA La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones electrónicamente; por lo que a efecto de que tenga conocimiento de la presente y subsecuentes determinaciones, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, se autoriza la consulta a "ArturoGDiaz", y en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción y del Juzgado exhortado puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente.

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