Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales

Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
380/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL 380/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo, no obstante su notificación el seis de mayo de este año. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de veintisiete de abril de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 380/2021 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil veintiuno. Remisión de oficio original. Incorpórese a los autos copia certificada del oficio firmado por el subdirector de Tránsito y Movilidad Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado. Sin embargo, como se precisó en la certificación de cuenta, de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se aprecia que, por los datos contenidos en la comunicación recibida, la misma corresponde al juicio de amparo 380/2021 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por Mónica García Ramírez; pues en este juicio no es parte procesal. En consecuencia, se ordena remitir el oficio original de cuenta al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Desahogo de requerimiento. Agréguense a los autos los dos oficios de cuenta, firmados por el juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante los cuales cumple con el requerimiento formulado en auto de diecinueve de este mes; al respecto, comunica que en la causa penal 13/2016 el quejoso *** no ha promovido diverso juicio de amparo en relación con los actos derivados de ese proceso. Atiende requerimiento. Por otra parte, incorpórese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***, mediante el cual atiende la prevención de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se le requirió que: Proporcione la fecha de los tres escritos dirigidos a la causa penal 13/2016 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, en los que solicitó, respectivamente: a) que se agilice el trámite del recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión dictado en esa causa, b) se ordene la acumulación de los expedientes 01/2016, 02/2016, 03/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016 y 13/2016, y c) se acuerde el trámite de la declinatoria de competencia planteada. Indique con claridad la fecha en que fueron presentados ante la autoridad responsable. Diga la fecha del diverso escrito que refiere se negaron a recibirle, en el que solicitó la revisión de la medida cautelar que le fue impuesta en la causa penal 13/2016 y la fecha en que pretendió presentar dicho escrito ante la autoridad responsable. Al respecto, en relación con la causa penal 13/2016 de la que derivan los actos reclamados en este juicio, refiere que: Los escritos por los que solicitó a) la agilización del recurso de apelación y b) la acumulación de los expedientes 01/2016, 02/2016, 03/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016 y 13/2016, son de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y los presentó el diecinueve y veinticuatro de marzo ante la autoridad responsable. El diverso ocurso por el que solicitó c) la declinatoria de competencia es de seis de abril de dos mil veintiuno, presentado el mismo día ante la autoridad responsable. El escrito que el juez Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, se negó a recibir es de seis de abril de dos mil veintiuno. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral de la misma y del escrito aclaratorio, queda de manifiesto que en este juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; - -- (.)". Del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través de los cuales puedan ser combatidos y, por ende, modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De modo que cuando exista un recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción del juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. Ahora, a fin de dar claridad a lo que se determina, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, del oficio de separación de autos del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y escrito aclaratorio de la demanda, se advierte que el quejoso Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales reclama del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, lo siguiente: 1°) La falta de acuerdo a tres escritos presentados en la causa penal 13/2016, de su índice, con los datos de identificación siguientes: Fecha de escrito Fecha de presentación en el Juzgado de Pochutla Asunto 1. 19-marzo-2021 24-marzo-21 -Agilice el trámite del recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión dictado en la causa penal 13/2016. 2. 19-marzo-2021 19-marzo-21 -Ordene la acumulación de los expedientes 01/2016, 02/2016, 03/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016 y 13/2016. 3. 6-abril-2021 6-abril-21 -Acuerde el trámite de la declinatoria de competencia planteada. 2°) La negativa de recibir y acordar otro escrito de seis de abril de dos mil veintiuno, en el que pidió la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en la causa penal 13/2016. Dichas abstenciones u omisiones de la autoridad responsable se traducen en una denegación de justicia y/o demora injustificada en el despacho de los asuntos de competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, contra lo cual procede el recurso de queja, en términos del artículo 546, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca; que, en el caso, debe agotarse previamente al juicio de amparo. En efecto, los artículos 546 a 553 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca disponen: "Art. 546.- El recurso de queja tiene lugar: I.- Cuando se niegue el de apelación, cualquiera que sea el motivo; II.- Por detención excesiva del acusado; III.- Por denegación de justicia; y IV.- Por demora injustificada en el despacho de los negocios." "Art. 547.- La queja se interpondrá dentro de los tres días siguientes al de la notificación, del auto que negó la alzada, en el primer caso del artículo anterior; en los tres restantes, tan pronto como el que intente el recurso se sienta agraviado. El término anterior regirá en el caso de que el quejoso resida en el mismo lugar de la autoridad que deba conocer del recurso; en caso contrario, a dicho término se agregará un día más por cada veinte kilómetros de distancia o fracción." "Art. 548.- La queja procede contra actos de los Alcaldes Constitucionales y de los Jueces de Primera Instancia, y se interpondrá ante el superior de la autoridad contra quien se intente. Se interpondrá por escrito, y en casos urgentes podrá emplearse el telégrafo, pero entonces deberá ratificarse por escrito dentro del término señalado en el Artículo 547. Se acompañarán en todo caso copia simple del escrito de interposición del recurso o del de su ratificación." "Artículo 549.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la queja, la autoridad que de ella conozca pedirá informe justificado al inferior acompañando la copia simple. El inferior, sin suspender sus procedimientos, lo rendirá dentro de cuarenta y ocho horas, insertando en lo conducente copia autorizada de las actuaciones." "Artículo 550.- Recibido el informe, se dará vista por tres días, al Agente del Ministerio Público, cuando se trate de queja contra un Alcalde; y al Procurador General de Justicia, cuando se trate de queja contra un Juez, para que pida lo procedente." "Artículo 551.- Todo interesado en el asunto que motive la queja, puede alegar ante la autoridad que conozca del recurso las razones que estime convenientes, las cuales, serán tomadas en consideración, si se presentaren a tiempo; así como aportar las pruebas que crea pertinentes, si pueden recibirse dentro del tiempo de tramitación de la queja." "Artículo 552.- Formulado el pedimento del Ministerio Público o transcurridos los tres días a que alude el Artículo 550, sin que ese pedimento se haya presentado, se citará para una audiencia con efectos de citación para sentencia, la que se celebrará dentro de los tres días siguientes, y concurran o no las partes, se resolverá lo procedente dentro de otros tres días." "Artículo 553.- Si la queja no está apoyada por hechos ciertos, si no estuviere fundada en derecho, o hubiere recurso ordinario concedido por la ley para el caso de que se trate, será desechada. Si la resolución que se dicte declara fundada la queja, se ordenará al Juez o Alcalde respectivo que remita el original para la apelación, si se trata del caso señalado en la fracción I del Artículo 561; en los demás casos, fijará las medidas necesarias para que cese el agravio sufrido por el quejoso, señalando para el efecto el término respectivo." Dichos numerales establecen que contra actos que impliquen denegación de justicia o demora injustificada del juez de la causa a admitir y acordar un asunto que ha sido sometido a su jurisdicción procede el recurso de queja; el cual debe presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como superior del juez de primera instancia. En esas condiciones, tomando en cuenta que el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal 13/2016, de la que deriva la denegación de justicia y demora injustificada reclamadas, debió observar el principio de definitividad, a fin de que el superior del juez responsable lo obligue a pronunciarse sobre las pretensiones de la parte quejosa. Sin que esas omisiones se encuentren en el caso de excepción para que sea procedente el juicio de amparo, toda vez que no se trata de: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Persona extraña al procedimiento. d) Auto de vinculación a proceso. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175624, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". Así como la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175964, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". En esas condiciones, se reitera, la omisión atribuida a la autoridad jurisdiccional responsable de acordar las peticiones presentadas el diecinueve y veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, así como seis de abril de este año, así como recibir y acordar el diverso ocurso de la misma fecha, en los lapsos que marca la ley, se traduce en una denegación de justicia y demora en el despacho de los negocios, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, al no tener el quejoso el acceso a esa instancia judicial en los términos legales establecidos para ello. Y si la parte quejosa omitió agotar el recurso de queja correspondiente, que constituye un medio de defensa ordinario, en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado la omisión que reclama; opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". 3.1. Precisión relativa al acceso a la justicia. Conviene puntualizar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición, ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Máxime que a nada práctico se llegaría con admitir la demanda, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables y al propio quejoso a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita, además que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la diversa 15 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO". 4. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 380/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Desahogo de requerimiento. Agréguense a los autos los dos oficios de cuenta, firmados por el juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante los cuales cumple con el requerimiento formulado en auto de diecinueve de este mes; al respecto, comunica que en la causa penal 13/2016 el quejoso *** no ha promovido diverso juicio de amparo en relación con los actos derivados de ese proceso. Atiende requerimiento. Por otra parte, incorpórese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***, mediante el cual atiende la prevención de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se le requirió que: Proporcione la fecha de los tres escritos dirigidos a la causa penal 13/2016 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, en los que solicitó, respectivamente: a) que se agilice el trámite del recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión dictado en esa causa, b) se ordene la acumulación de los expedientes 01/2016, 02/2016, 03/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016 y 13/2016, y c) se acuerde el trámite de la declinatoria de competencia planteada. Indique con claridad la fecha en que fueron presentados ante la autoridad responsable. Diga la fecha del diverso escrito que refiere se negaron a recibirle, en el que solicitó la revisión de la medida cautelar que le fue impuesta en la causa penal 13/2016 y la fecha en que pretendió presentar dicho escrito ante la autoridad responsable. Al respecto, en relación con la causa penal 13/2016 de la que derivan los actos reclamados en este juicio, refiere que: Los escritos por los que solicitó a) la agilización del recurso de apelación y b) la acumulación de los expedientes 01/2016, 02/2016, 03/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016 y 13/2016, son de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y los presentó el diecinueve y veinticuatro de marzo ante la autoridad responsable. El diverso ocurso por el que solicitó c) la declinatoria de competencia es de seis de abril de dos mil veintiuno, presentado el mismo día ante la autoridad responsable. El escrito que el juez Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, se negó a recibir es de seis de abril de dos mil veintiuno. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral de la misma y del escrito aclaratorio, queda de manifiesto que en este juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; - -- (.)". Del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través de los cuales puedan ser combatidos y, por ende, modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De modo que cuando exista un recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción del juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. Ahora, a fin de dar claridad a lo que se determina, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, del oficio de separación de autos del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y escrito aclaratorio de la demanda, se advierte que el quejoso Alfredo Nahúm Vásquez Urdiales reclama del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, lo siguiente: 1°) La falta de acuerdo a tres escritos presentados en la causa penal 13/2016, de su índice, con los datos de identificación siguientes: Fecha de escrito Fecha de presentación en el Juzgado de Pochutla Asunto 1. 19-marzo-2021 24-marzo-21 -Agilice el trámite del recurso de apelación que interpuso contra el auto de formal prisión dictado en la causa penal 13/2016. 2. 19-marzo-2021 19-marzo-21 -Ordene la acumulación de los expedientes 01/2016, 02/2016, 03/2016, 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016, 12/2016 y 13/2016. 3. 6-abril-2021 6-abril-21 -Acuerde el trámite de la declinatoria de competencia planteada. 2°) La negativa de recibir y acordar otro escrito de seis de abril de dos mil veintiuno, en el que pidió la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en la causa penal 13/2016. Dichas abstenciones u omisiones de la autoridad responsable se traducen en una denegación de justicia y/o demora injustificada en el despacho de los asuntos de competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, contra lo cual procede el recurso de queja, en términos del artículo 546, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca; que, en el caso, debe agotarse previamente al juicio de amparo. En efecto, los artículos 546 a 553 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca disponen: "Art. 546.- El recurso de queja tiene lugar: I.- Cuando se niegue el de apelación, cualquiera que sea el motivo; II.- Por detención excesiva del acusado; III.- Por denegación de justicia; y IV.- Por demora injustificada en el despacho de los negocios." "Art. 547.- La queja se interpondrá dentro de los tres días siguientes al de la notificación, del auto que negó la alzada, en el primer caso del artículo anterior; en los tres restantes, tan pronto como el que intente el recurso se sienta agraviado. El término anterior regirá en el caso de que el quejoso resida en el mismo lugar de la autoridad que deba conocer del recurso; en caso contrario, a dicho término se agregará un día más por cada veinte kilómetros de distancia o fracción." "Art. 548.- La queja procede contra actos de los Alcaldes Constitucionales y de los Jueces de Primera Instancia, y se interpondrá ante el superior de la autoridad contra quien se intente. Se interpondrá por escrito, y en casos urgentes podrá emplearse el telégrafo, pero entonces deberá ratificarse por escrito dentro del término señalado en el Artículo 547. Se acompañarán en todo caso copia simple del escrito de interposición del recurso o del de su ratificación." "Artículo 549.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la queja, la autoridad que de ella conozca pedirá informe justificado al inferior acompañando la copia simple. El inferior, sin suspender sus procedimientos, lo rendirá dentro de cuarenta y ocho horas, insertando en lo conducente copia autorizada de las actuaciones." "Artículo 550.- Recibido el informe, se dará vista por tres días, al Agente del Ministerio Público, cuando se trate de queja contra un Alcalde; y al Procurador General de Justicia, cuando se trate de queja contra un Juez, para que pida lo procedente." "Artículo 551.- Todo interesado en el asunto que motive la queja, puede alegar ante la autoridad que conozca del recurso las razones que estime convenientes, las cuales, serán tomadas en consideración, si se presentaren a tiempo; así como aportar las pruebas que crea pertinentes, si pueden recibirse dentro del tiempo de tramitación de la queja." "Artículo 552.- Formulado el pedimento del Ministerio Público o transcurridos los tres días a que alude el Artículo 550, sin que ese pedimento se haya presentado, se citará para una audiencia con efectos de citación para sentencia, la que se celebrará dentro de los tres días siguientes, y concurran o no las partes, se resolverá lo procedente dentro de otros tres días." "Artículo 553.- Si la queja no está apoyada por hechos ciertos, si no estuviere fundada en derecho, o hubiere recurso ordinario concedido por la ley para el caso de que se trate, será desechada. Si la resolución que se dicte declara fundada la queja, se ordenará al Juez o Alcalde respectivo que remita el original para la apelación, si se trata del caso señalado en la fracción I del Artículo 561; en los demás casos, fijará las medidas necesarias para que cese el agravio sufrido por el quejoso, señalando para el efecto el término respectivo." Dichos numerales establecen que contra actos que impliquen denegación de justicia o demora injustificada del juez de la causa a admitir y acordar un asunto que ha sido sometido a su jurisdicción procede el recurso de queja; el cual debe presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como superior del juez de primera instancia. En esas condiciones, tomando en cuenta que el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal 13/2016, de la que deriva la denegación de justicia y demora injustificada reclamadas, debió observar el principio de definitividad, a fin de que el superior del juez responsable lo obligue a pronunciarse sobre las pretensiones de la parte quejosa. Sin que esas omisiones se encuentren en el caso de excepción para que sea procedente el juicio de amparo, toda vez que no se trata de: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Persona extraña al procedimiento. d) Auto de vinculación a proceso. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175624, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". Así como la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175964, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". En esas condiciones, se reitera, la omisión atribuida a la autoridad jurisdiccional responsable de acordar las peticiones presentadas el diecinueve y veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, así como seis de abril de este año, así como recibir y acordar el diverso ocurso de la misma fecha, en los lapsos que marca la ley, se traduce en una denegación de justicia y demora en el despacho de los negocios, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, al no tener el quejoso el acceso a esa instancia judicial en los términos legales establecidos para ello. Y si la parte quejosa omitió agotar el recurso de queja correspondiente, que constituye un medio de defensa ordinario, en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado la omisión que reclama; opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". 3.1. Precisión relativa al acceso a la justicia. Conviene puntualizar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición, ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Máxime que a nada práctico se llegaría con admitir la demanda, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables y al propio quejoso a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita, además que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la diversa 15 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO". 4. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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