Alfredo Moreno Herrera

Expediente 795/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
795/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Moreno Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del ocho de julio del año en curso, que en la parte que interesa dice: "Vista la demanda de amparo que promueve Alfredo Moreno Herrera, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la negativa y omisión del Ministerio Público el no notificarle e informarle que se está integrando una averiguación previa dictada en su contra, así como su ejecución. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 795/2016-VII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Desechamiento respecto de la negativa y omisión del Ministerio Público el no notificarle e informarle que se está integrando una averiguación previa en su contra. Lo anterior es así por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la negativa y omisión del Ministerio Público el no notificarle e informarle que se está integrando una averiguación previa, seguida en contra de la parte quejosa, deriva del hecho de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Asimismo, debe traerse a colación el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el libramiento de órdenes de aprehensión, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." De las porciones normativas antes invocadas se desprende que 1) compete al Ministerio Público, en representación de la sociedad, llevar a cabo la averiguación previa -acción persecutoria-; 2) de ser el supuesto, ejercer o no la acción penal ante los tribunales; 3) de ejercitarse la acción penal los jueces deberán radicar la averiguación previa y, en caso de advertir elementos que acrediten la comisión de la conducta delictiva imputada, podrán librar orden de aprehensión; por lo tanto, debe colegirse que dichas funciones no constituyen un derecho privado, es decir, no forman parte de las garantías de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido a las autoridades en comento. De ahí que la orden de radicación de proceso o averiguación previa y, en general, la investigación de un delito, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la radicación de un proceso o averiguación previa, y su falta de llamamiento al mismo, no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos o la de un juzgador consistente en radicar un proceso no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica del quejoso, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dichas autoridades. Asimismo, la radicación de una averiguación previa o de un proceso, y su falta de llamamiento al mismo, no constituyen actos que causen perjuicio alguno a la esfera jurídica de los particulares, pues debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la averiguación previa, así como determinar si en realidad se encuentran acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para, en su caso, ordenar la aprehensión o comparecencia del inculpado y, posteriormente, determinar en forma precisa si se acreditan los elementos constitutivos del ilícito de que se trate, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas correspondientes. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de derechos de los gobernados; por lo que es inconcuso que la orden de radicación de un proceso o averiguación previa, no afecta de manera alguna pregorrativa de los particulares. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de llamamiento a la averiguación previa incoada en contra de la parte quejosa por ser notoriamente improcedente la acción constitucional en su contra, dado que no afecta su interés jurídico. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida contra el acto precisado en el párrafo que antecede, por ser notoriamente improcedente. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, teniéndose como autorizados en términos amplios del citado numeral, a la persona que indica, atento a la naturaleza del acto que se reclama. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional."

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